Catacaos, Perú – Arrodillados frente a una comunidad indígena y campesina del norte peruano, representantes del Vaticano pidieron perdón por décadas de silencio ante las denuncias de despojo territorial, persecución y vulneración de derechos que los habitantes de San Juan Bautista de Catacaos atribuyen a empresas vinculadas al extinto Sodalicio de Vida Cristiana.
El gesto fue encabezado por monseñor Jordi Bertomeu, enviado especial de la Santa Sede para acompañar el proceso de disolución de la organización religiosa, suprimida por decisión del papa Francisco en 2025 tras una serie de investigaciones sobre abusos, corrupción y ejercicio indebido de poder.
“Estamos aquí para pedir perdón en nombre de la Iglesia. Llegamos tarde, debimos haber llegado hace veinte años”, expresó Bertomeu durante una ceremonia celebrada a pedido de la propia comunidad.
El conflicto gira en torno a casi diez mil hectáreas que los habitantes consideran parte de sus territorios ancestrales. Los comuneros sostienen que en 1998 se realizó una transferencia fraudulenta de las tierras mediante una asamblea cuya legitimidad continúa siendo cuestionada. Según denuncian, varias de las personas que figuraban en los documentos estaban fallecidas o desconocían el procedimiento.
Las familias afirman que sus derechos sobre esos territorios no provienen únicamente de registros modernos, sino de una ocupación histórica vinculada al pueblo Tallán, considerado uno de los más antiguos del norte peruano. Para la comunidad, la disputa trasciende el valor económico de la tierra y está relacionada con la preservación de la memoria colectiva, la identidad cultural y los vínculos construidos durante generaciones.
A lo largo de los años, los terrenos pasaron por diferentes operaciones empresariales hasta quedar vinculados a entidades relacionadas con el Sodalicio. La comunidad sostiene que desde entonces enfrentó procesos de criminalización, conflictos judiciales y presiones destinadas a debilitar la defensa del territorio.
Uno de los episodios más recordados es el caso de Guadalupe Zapata Sosa, dirigente comunitario fallecido en medio de un conflicto por tierras. El Vaticano lo reconoció recientemente como una de las personas que se opusieron activamente a las operaciones denunciadas por los habitantes de Catacaos.
Para muchas familias, el pedido de perdón representa un reconocimiento largamente esperado. “Hicieron lo que quisieron con nosotros porque somos pobres”, expresó Paula Sandoval durante la ceremonia.
La controversia refleja una problemática que atraviesa diferentes países de América Latina. Comunidades indígenas y rurales continúan enfrentando dificultades para garantizar el reconocimiento efectivo de sus territorios frente a intereses económicos que, en numerosos casos, cuentan con una capacidad de influencia superior a la de las propias poblaciones afectadas.
La Asociación Civil San Juan Bautista rechaza las acusaciones y sostiene que todas las adquisiciones de tierras se realizaron conforme a la legislación peruana. La entidad niega haber participado en maniobras irregulares y cuestiona las denuncias formuladas por los comuneros y sus representantes.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos consideran que el caso de Catacaos simboliza las dificultades que enfrentan numerosos pueblos originarios de América Latina para acceder a mecanismos efectivos de protección territorial y reparación cuando denuncian vulneraciones de derechos.
Aunque el Sodalicio fue disuelto por el Vaticano, la disputa continúa abierta. En mayo de 2026, la Justicia peruana rechazó una acción constitucional impulsada por la comunidad para recuperar los territorios reclamados. Las familias estudian ahora recurrir a instancias superiores e incluso a organismos internacionales.
Recientemente, la comunidad San Juan Bautista de Catacaos fue incorporada a la Base de Datos de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura del Perú, un reconocimiento considerado relevante por sus dirigentes en la defensa de sus derechos colectivos.
Mientras esperan una resolución definitiva, los habitantes sostienen que el pedido de perdón constituye un paso importante, pero insisten en que la reparación debe ir más allá del reconocimiento simbólico y traducirse en medidas concretas de justicia, restitución y reconocimiento de derechos históricos sobre el territorio.
La Santa Sede informó que estudia mecanismos para utilizar bienes remanentes del Sodalicio en procesos de compensación dirigidos a víctimas reconocidas por la Iglesia.
