El mandatario ultraderechista José Antonio Kast rompió la tradición sostenida desde el fin de la dictadura en 1990 y se convirtió en el primer presidente chileno en ignorar oficialmente el golpe de 1973. En vez de encabezar los actos de memoria en el Palacio de La Moneda a 53 años del derrocamiento y muerte de Salvador Allende, Kast viajó al sur del país para cumplir agenda en la región de Los Ríos. Su ausencia desató protestas en las calles y el repudio frontal de la oposición en el Congreso.
Frente al silencio del gobierno, sindicatos, agrupaciones estudiantiles y colectivos de derechos humanos marcharon por las calles de Santiago y Antofagasta. El domingo 6 de septiembre, una romería que avanzaba hacia el mausoleo de Allende en el Cementerio General terminó disuelta con carros lanzagua y gases lacrimógenos por efectivos de Carabineros.
La jefa de la bancada del Partido Comunista en la Cámara de Diputadas y Diputados, Daniela Serrano, repudió la postura del gobernante: “Creemos que esto envía un mensaje terrible del presidente de la República. Estas conmemoraciones representan una oportunidad crucial para que el Estado chileno reafirme su compromiso con la búsqueda de la verdad, la justicia y con garantías de no repetición”, afirmó la legisladora.
Ruptura del consenso democrático
Desde el retorno a la democracia, los gobernantes chilenos encabezaron ceremonias institucionales en homenaje a las víctimas de la represión militar. En la década de 1990, Patricio Aylwin despidió a Salvador Allende con funerales de Estado. Años después, Michelle Bachelet, sobreviviente de torturas durante el régimen, convirtió la fecha en una demanda constante por verdad y justicia penal. De igual forma, el presidente de centroderecha Sebastián Piñera condujo actos en defensa de las instituciones republicanas, mientras que en 2023 Gabriel Boric convocó a exmandatarios en La Moneda para firmar la declaración conjunta “Compromiso por la Democracia”.
La omisión de Kast refleja sus nexos directos con la dictadura militar que gobernó entre 1973 y 1990. En 1988, el actual presidente militó y promovió activamente la campaña del plebiscito para sostener a Augusto Pinochet en el poder. Además, su hermano Miguel Kast presidió el Banco Central y dirigió ministerios clave durante el régimen de facto.
Tras asumir el mando a inicios de 2025, Kast integró en su gabinete a figuras que ejercieron la defensa legal del dictador: Fernando Rabat encabeza el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos luego de actuar como defensor de Pinochet en el caso de la Operación Colombo —montaje para encubrir el asesinato de 119 personas—, mientras que Fernando Barros, quien fue abogado y vocero del militar chileno durante su detención en Londres, está al frente del Ministerio de Defensa.
El historiador y editor general del medio chileno Interferencia, Andrés Almeida, explicó los alcances de la decisión presidencial: “Kast fue electo a pesar de que todos conocían su pasado y, de alguna manera, el desenlace ocurrió justamente en las urnas. Es una consecuencia directa de haber aceptado a un gobernante de esta naturaleza”.
Negacionismo y facultades de excepción
Sectores de ultraderecha con representación parlamentaria impulsan en paralelo proyectos de corte revisionista. El diputado Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, presentó una iniciativa legislativa para crear el denominado “Museo de la Verdad”, con el fin de contrarrestar el trabajo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago. La bancada sostiene que la Unidad Popular encabezada por Allende generó inestabilidad social y que el relato actual excluye a los sectores civiles contrarios a su administración.
A la disputa histórica se suma la tramitación impulsada por el Ejecutivo de una reforma integral en seguridad pública. La propuesta otorga atribuciones para decretar estados de excepción constitucional prolongados sin necesidad de votación en el Congreso, argumentando la contención del crimen organizado. Almeida advirtió que la medida configura “básicamente una dictadura legal” que deja abierta la puerta a la persecución de organizaciones opositoras. En esa misma línea, el periodista y fundador de Telesur, Carlos Alberto Almeida, catalogó la iniciativa como una “política de terror” orientada a criminalizar la protesta estudiantil y la organización barrial.
El terrorismo de Estado y la Operación Cóndor
El ataque aéreo y terrestre al Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973 dio paso a una política de exterminio regional respaldada por el gobierno de Estados Unidos. Informes oficiales elaborados por el Estado chileno certifican más de 3.200 personas ejecutadas y desaparecidas, cerca de 40.000 víctimas de prisión política y tortura, y alrededor de 200.000 ciudadanos forzados al exilio. Colectivos de familiares estiman que los damnificados directos superan los 100.000.
En 1975, mandos de las fuerzas armadas del Cono Sur se reunieron en Santiago para institucionalizar la Operación Cóndor. El operativo clandestino coordinó a los regímenes militares de Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia para secuestrar y asesinar militantes de izquierda a escala transfronteriza. La red represiva dejó un saldo continental de 50.000 personas asesinadas, 30.000 detenidos desaparecidos y 400.000 encarcelados por razones políticas. Dentro de este esquema, el informe de la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil documentó 434 muertos y desaparecidos bajo la dictadura de 1964 a 1985, mientras que en Argentina el terror estatal causó la desaparición de unas 30.000 personas entre 1976 y 1983.
El aparato pinochetista sistematizó la desaparición forzada, el uso de recintos públicos como el Estadio Nacional para interrogatorios con tormentos y la desaparición de cuerpos arrojados al mar o enterrados en fosas clandestinas. Las medidas económicas de desregulación adoptadas en ese período arrojaron un desempleo promedio del 14% entre 1975 y 1981, junto con un desplome del 75% en el poder adquisitivo de los salarios. Durante los 17 años de régimen de facto, el PIB per cápita creció a una media anual del 1,74%, una cifra menor al 2% anual anotado en los 16 años previos al golpe y muy por debajo del 4,3% alcanzado en los 16 años posteriores al fin de la dictadura.
La fecha coincide cada año con el recuerdo de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, donde murieron cerca de tres mil personas. Sin embargo, mientras el aniversario de las torres caídas genera cobertura global permanente, las decenas de miles de víctimas de la violencia estatal en América Latina siguen enfrentando el borrado sistemático por parte de gobernantes en funciones.
Deja un comentario