Bogotá, COL – El Gobierno de Abelardo de la Espriella derogó la suspensión general de los permisos para portar armas de fuego en Colombia, mediante el Decreto 1368. La decisión permite que los permisos de porte que se encuentren vigentes recuperen su eficacia, sin que sus titulares deban solicitar una autorización especial adicional.
La medida generó cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que manifestaron preocupación por el posible aumento de armas de fuego en circulación y sus efectos sobre la seguridad de la población.
La ONG Temblores sostuvo que “ampliar la posibilidad de tener más armas en las calles pone en peligro la vida y la integridad de los ciudadanos”.
La organización advirtió además que un mayor número de armas disponibles podría aumentar la gravedad de conflictos cotidianos.
“Un mayor número de armas circulando puede convertir conflictos cotidianos una riña, una pelea de tránsito, una situación de violencia intrafamiliar o una noche de rumba en hechos letales”, señaló.
¿Qué cambia con el Decreto 1368?
Hasta ahora, Colombia mantenía suspendidos de manera general los permisos para portar armas. Las personas que contaban con un permiso vigente debían obtener una autorización especial para poder portar efectivamente un arma de fuego.
La suspensión estaba prevista hasta el 31 de diciembre de 2026. Con el nuevo decreto, los permisos de porte que continúen vigentes recuperan su eficacia y sus titulares dejan de estar obligados a solicitar esa autorización especial adicional. La nueva disposición no elimina el requisito de contar con un permiso vigente para portar un arma.
Temblores señaló que “la barrera general que existía desaparece” y cuestionó la decisión por considerar que no estaría acompañada de estudios suficientes sobre sus posibles efectos.
La organización manifestó preocupación porque, según indicó, la motivación del decreto no presenta evidencia empírica sobre el impacto que la medida podría tener en los niveles de violencia armada en Colombia. También cuestionó la ausencia de un análisis específico sobre homicidios, lesiones, riñas, violencia de género y violencia intrafamiliar.
Gobierno defiende la decisión
El presidente Abelardo de la Espriella defendió la derogación y argumentó que las restricciones afectaban principalmente a ciudadanos que cumplen la ley, mientras los grupos criminales continuaban obteniendo armas de manera ilegal.
“Se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes”, afirmó el mandatario.
De la Espriella sostuvo que esta situación “tiene que cambiar“.
El mandatario también aclaró que la decisión no representa una autorización para portar armas de manera indiscriminada y aseguró que las autoridades mantendrán los controles correspondientes. De acuerdo con cifras informadas por el Gobierno, entre enero y el 3 de septiembre la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego. De ese total, 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos.
Hasta la entrada en vigor de la nueva medida, el porte de armas requería un permiso vigente expedido por el Comando General de las Fuerzas Militares, además del cumplimiento de determinadas condiciones físicas, legales y psicológicas. Entre los requisitos se encontraban contar con una licencia vigente, presentar una evaluación psicofísica y no registrar antecedentes judiciales ni procesos penales activos.
Más de 10.000 homicidios al año con armas de fuego
Datos de la Universidad Externado de Colombia señalan que en el país se registran más de 10.000 homicidios al año cometidos con armas de fuego. Esta cifra representa aproximadamente entre el 70% y el 75% del total de homicidios registrados. Las armas de fuego también están presentes en un porcentaje significativo de delitos de impacto, entre ellos el hurto a personas.
Según datos del Ministerio de Defensa con cierre en 2025, entregados a la oficina del congresista Juan Carlos Willis, del Partido Conservador, Colombia contaba con cerca de 700.000 armas con salvoconducto. De ese total, aproximadamente el 40% se encontraba en Bogotá.
Aida Quilcué cuestiona la medida
La defensora de derechos humanos, congresista y excandidata vicepresidencial del Pacto Histórico, Aida Quilcué, también cuestionó la decisión del Gobierno.
“Más armas no pueden ser la solución para una sociedad que necesita mayores garantías para vivir en paz”, afirmó.
La congresista sostuvo además que
“derogar la prohibición general de portar armas implica abrir la puerta a una sociedad más violenta”.
Quilcué señaló que Colombia continúa enfrentando las consecuencias de décadas de conflicto armado y advirtió sobre los riesgos que podría representar una mayor disponibilidad de armas para la población civil.
“En un país marcado por la guerra, facilitar el acceso a las armas puede aumentar los riesgos para la población civil y poner más vidas en peligro”, sostuvo.
La congresista también cuestionó que la seguridad ciudadana pueda depender de que las personas estén armadas.
“La seguridad no puede depender de que cada ciudadano tenga un arma para protegerse. El Estado debe garantizar la protección de la vida”, afirmó.
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