Tegucigalpa, Honduras – El avance del feminicidio en Honduras cobró la vida de al menos ocho mujeres durante el fin de semana del 8 y 9 de agosto. Los ataques ocurrieron en distintos departamentos del territorio y confirman un cuadro crónico de violencia machista que ubica al país entre los lugares con las tasas más altas de crímenes contra mujeres en América Latina y a nivel global.
La policía identificó a las víctimas recientes como Mayra Villanueva, Rosa Miranda, Rosario Benítez, Sandra Espinoza, Pedrina Bonilla, Ana Carolina Larios, Erika López y Suheily Aguilar.
Los registros reflejan la gravedad del contexto. En los primeros seis meses de 2026, el Observatorio del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) documentó 148 muertes violentas de mujeres, lo que equivale a un crimen cada 29 horas. Con los homicidios reportados en agosto, la cifra total del año supera los 160 casos.
El registro sostiene la tendencia de años previos. Durante 2025, Honduras acumuló 262 asesinatos de mujeres y 936 agresiones físicas, dentro de las cuales 412 fueron delitos sexuales contra mujeres y niñas. En ese mismo periodo, el sistema judicial recibió 41.895 denuncias por violencia doméstica y 48.642 por violencia intrafamiliar.
La crisis es estructural. Las cifras del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) muestran que 8.540 mujeres fueron asesinadas en el país a lo largo de las últimas dos décadas, un promedio de una víctima cada 25 horas. Más del 95% de estos crímenes continúa en la impunidad.
El contexto en América Latina
La situación en Honduras forma parte de un problema regional generalizado. Reportes de ONU Mujeres y la CEPAL de 2024 señalan que 14 de los 25 países con los índices más altos de homicidios de mujeres en el mundo pertenecen a América Latina y el Caribe. Honduras encabezó esa medición con una tasa de 4,7 víctimas por cada 100 mil mujeres, por encima de Guatemala (1,9) y República Dominicana (1,7). El promedio en la región osciló entre 1 y 1,3 por cada 100 mil.
En números absolutos, Brasil y México registraron los registros más elevados de la región durante 2025, con 1.568 y 768 víctimas, respectivamente.
Reforma penal y reclamos por prevención
Ante la seguidilla de crímenes, el Congreso hondureño aprobó modificaciones al Código Penal para incrementar las sanciones de prisión. La pena base por feminicidio aumentó de 25 a 30 años, mientras que los casos agravados contemplan penas de 40 a 60 años de cárcel. La reforma incluyó además la creación de juzgados especializados.
Las organizaciones y colectivos de mujeres afirman que elevar las penas de cárcel no detiene los crímenes. Representantes sociales calificaron la reforma como una salida punitiva y publicitaria promovida por sectores conservadores, que elude la construcción de redes de acogida y protección integral.
“No sirve aumentar las penas si no se promueven políticas de prevención, ni se enfrenta seriamente la impunidad que afecta a más del 90% de las muertes violentas de mujeres”, sostuvo el CDM en un pronunciamiento público.
Durante la administración de Xiomara Castro (2022-2025), distintas organizaciones presentaron una propuesta de ley integral contra la violencia hacia las mujeres. El proyecto enfrentó el rechazo de bancadas tradicionales y sectores religiosos, y quedó archivado sin llegar a votación en el pleno. Para los movimientos de derechos humanos, la falta de políticas de prevención y acompañamiento estatal permite que el sistema de impunidad permanezca sin cambios.
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