San Salvador, SLV – La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) denunció este domingo que el Estado salvadoreño continúa en deuda con las víctimas de la guerra civil que afectó al país entre 1980 y 1992.
El conflicto armado dejó un saldo de 75.000 muertos, unos 8.000 desaparecidos y cientos de masacres, con un fuerte impacto sobre la población civil, especialmente en las comunidades rurales. La organización, integrada por familiares de víctimas del conflicto, realizó el reclamo en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto.
La CDHES reclamó al Estado medidas de verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familiares.
“El Estado salvadoreño sigue en deuda con las víctimas de las desapariciones forzadas del conflicto armado y las desapariciones actuales”, señalaron integrantes de la organización.
Los activistas también advirtieron sobre la necesidad de preservar la memoria de las víctimas y evitar que sus historias sean olvidadas.
“No se debe olvidar el sufrimiento de las víctimas”, señalaron.
Víctimas llevan más de 40 años esperando respuestas
Organizaciones de derechos humanos señalaron que muchas víctimas del conflicto armado continúan esperando respuestas sobre los hechos ocurridos durante la guerra civil. Una parte de las personas afectadas son actualmente adultos mayores que llevan más de cuatro décadas reclamando el esclarecimiento de los hechos, justicia y reparación.
Los activistas cuestionaron la falta de acompañamiento estatal a las víctimas durante distintos gobiernos y sostuvieron que esta deuda histórica continúa durante la administración del presidente Nayib Bukele. A las demandas relacionadas con los crímenes cometidos durante la guerra se suman señalamientos de organizaciones de derechos humanos sobre presuntas violaciones de derechos humanos durante el actual Gobierno.
Guerra civil y Acuerdos de Paz
La guerra civil salvadoreña se desarrolló entre 1980 y 1992, en un contexto marcado por la pobreza, la desigualdad social y la represión militar. Uno de los principales antecedentes del conflicto fue el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero, ocurrido el 24 de marzo de 1980. El religioso fue asesinado por un francotirador mientras denunciaba las violaciones de derechos humanos que afectaban a sectores vulnerables de la población salvadoreña.
El conflicto concluyó con la firma de los Acuerdos de Paz el 16 de enero de 1992, en el Castillo de Chapultepec, en Ciudad de México. El acuerdo puso fin a 12 años de guerra civil. Desde la llegada de Nayib Bukele al poder, en 2019, El Salvador no organiza actos oficiales para conmemorar la firma de los Acuerdos de Paz.
La CDHES mantiene el reclamo para que el Estado avance en el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el conflicto, la búsqueda de las personas desaparecidas y la reparación de las víctimas y sus familiares.
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