ESTADOS UNIDOS, US — Las sanciones de EE. UU. amenazan la justicia global al exponer una crisis profunda en la arquitectura del derecho internacional y el intento de las superpotencias por imponer la impunidad selectiva. Al hostigar a la Corte de La Haya mediante el congelamiento de bienes y la cancelación de visados a magistrados y sus familiares, Washington no defiende su soberanía; por el contrario, busca desactivar un mecanismo de rendición de cuentas que osó investigar crímenes de guerra cometidos por sus aliados estratégicos. Esta ofensiva institucional de la Casa Blanca fractura la premisa fundamental de que las leyes humanas deben aplicarse con el mismo rigor a los estados influyentes que a las naciones periféricas.
El argumento norteamericano que califica al TPI de amenaza intolerable carece de sustento ético y jurídico. Tres juezas de la propia corte internacional demandaron al gobierno de los Estados Unidos en junio debido a estas coacciones, un hecho inédito que evidencia cómo se castiga a los funcionarios judiciales por cumplir con su mandato estatutario. Esta presión no solo busca blindar de forma absoluta las acciones bélicas globales de sus socios, sino que legitima de manera indirecta los abusos cometidos por regímenes latinoamericanos subordinados a los intereses geopolíticos de Washington, cuyos atropellos sistemáticos a las prerrogativas ciudadanas son omitidos deliberadamente en las declaraciones oficiales de derechos humanos.
La alarmante impunidad en América Latina se consolida bajo este manto de protección geopolítica. En El Salvador, el régimen de excepción ha provocado cientos de muertes bajo custodia estatal, según denuncias de organismos humanitarios que alertan sobre detenciones masivas sin debido proceso. De igual forma, en la Triple Frontera la desprotección es crítica: la impunidad en el caso Villalba en Paraguay sigue vigente tras la muerte de dos niñas de once años y la desaparición forzada de una adolescente de catorce durante un operativo militar en 2020. Asimismo, las condiciones extremas de reclusión de Carmen Villalba, privada de asistencia médica adecuada y aislada de forma irregular, demuestran cómo el Estado paraguayo vulnera los tratados internacionales con el silencio cómplice de sus aliados del norte.
Cuando la mayor potencia del planeta decreta que la justicia internacional es válida únicamente si persigue a sus adversarios, el orden jurídico se degrada hasta convertirse en la ley del más fuerte. Las víctimas latinoamericanas que no poseen representación diplomática poderosa dependen de la existencia de tribunales independientes capaces de sancionar a los perpetradores de crímenes de Estado. Tolerar la asfixia financiera y política de la corte de La Haya sienta un precedente nefasto que faculta a cualquier gobierno autoritario a evadir su responsabilidad penal mediante alianzas de conveniencia. El valor real de un tribunal internacional no radica en su capacidad para enjuiciar a los enemigos derrotados, sino en su inquebrantable determinación de juzgar a los poderosos.
