*Editorial Fronteira Livre
La transición ecológica se ha convertido en una de las expresiones más repetidas del discurso político contemporáneo. Gobiernos, organismos internacionales y grandes corporaciones prometen un futuro sustentable basado en energías limpias, reducción de emisiones y nuevas tecnologías capaces de enfrentar la crisis climática. Sobre el papel, el objetivo parece incuestionable. Sin embargo, detrás de muchas de estas promesas emerge una pregunta cada vez más incómoda: ¿transición para quién y a costa de quién?
En distintos rincones de América Latina, comunidades indígenas, campesinas y ribereñas observan con creciente preocupación cómo proyectos presentados como parte de la solución ambiental terminan reproduciendo viejas prácticas de apropiación territorial. Lo que cambia es el discurso. Lo que permanece es la lógica.
Durante décadas, la región fue considerada una reserva de materias primas para abastecer los mercados internacionales. Petróleo, minerales, madera, agua, granos y biodiversidad alimentaron economías que rara vez devolvieron bienestar proporcional a los territorios donde esos recursos fueron extraídos. Hoy, bajo el lenguaje de la sostenibilidad, esa dinámica parece adquirir nuevas formas.
La expansión de la minería vinculada a minerales estratégicos, el crecimiento de grandes corredores logísticos, la construcción de infraestructura para acelerar exportaciones y el avance de proyectos energéticos sobre territorios tradicionales son presentados como pasos necesarios hacia una economía más limpia. Sin embargo, para muchas comunidades, la experiencia cotidiana se parece demasiado a la que ya conocieron durante otros ciclos extractivos.
La contradicción es evidente. Mientras se habla de protección ambiental en conferencias internacionales, continúan multiplicándose conflictos por el acceso a la tierra, al agua y a los recursos naturales. Mientras se anuncian compromisos climáticos globales, pueblos indígenas siguen denunciando consultas incompletas, decisiones tomadas sin participación efectiva y proyectos diseñados lejos de los territorios afectados.
La crisis climática es real y exige respuestas urgentes. Negarla sería irresponsable. Pero también resulta peligroso aceptar sin cuestionamientos cualquier iniciativa presentada bajo una etiqueta verde. No toda inversión sustentable es necesariamente justa. No toda transición energética implica una transformación democrática de la relación entre sociedad y naturaleza.
En numerosos casos, la llamada transición verde corre el riesgo de convertirse en una nueva etapa del mismo modelo extractivo que ha marcado la historia latinoamericana. Un modelo que concentra beneficios económicos, socializa impactos ambientales y trata a los territorios como simples plataformas de producción.
Los pueblos indígenas han sido particularmente claros en este debate. Para muchas comunidades, la defensa de los ríos, bosques y montañas no responde únicamente a razones económicas o ambientales. Se trata también de la defensa de formas de vida, memorias colectivas y relaciones culturales construidas durante siglos. Allí donde empresas y gobiernos observan recursos estratégicos, existen pueblos que reconocen espacios de identidad, espiritualidad y supervivencia.
Por eso, reducir el conflicto a una discusión técnica sobre licencias, concesiones o inversiones significa ignorar su dimensión más profunda. Lo que está en juego no es solamente la gestión de determinados recursos naturales. También se discute quién tiene derecho a decidir sobre el futuro de los territorios.
América Latina necesita enfrentar la crisis climática. Necesita diversificar sus matrices energéticas y construir alternativas al modelo fósil. Pero ninguna transformación será verdaderamente sostenible si reproduce mecanismos históricos de exclusión, desplazamiento y concentración de poder.
La defensa del medio ambiente no puede convertirse en una nueva justificación para sacrificar comunidades enteras en nombre del desarrollo. Una transición ecológica construida sobre el despojo difícilmente podrá llamarse transición. Y una economía verde edificada sobre la vulneración de derechos corre el riesgo de convertirse apenas en una nueva versión de un problema antiguo.
La verdadera discusión no es si América Latina debe avanzar hacia modelos más sostenibles. La cuestión es si ese proceso será construido con participación democrática, respeto a los pueblos y protección de los territorios, o si volverá a beneficiar a los mismos actores económicos que históricamente se enriquecieron a partir de la explotación de la naturaleza.
La transición ecológica será justa o no será. Y ningún proyecto podrá presentarse como verde mientras ignore las voces de quienes habitan y protegen los territorios que pretende transformar.
Este texto refleja la opinión institucional del portal Fronteira Livre sobre el tema abordado.
