San José, CR – La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, inauguró el 14 de octubre de 2026 una prisión de máxima seguridad inspirada en el modelo penitenciario de El Salvador y en la política contra las pandillas del presidente Nayib Bukele. Con capacidad para 5.100 reclusos, el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) forma parte de la estrategia del Gobierno costarricense para responder al avance de la violencia y el narcotráfico. Sin embargo, la iniciativa también genera críticas de opositores y defensores de los derechos humanos, que cuestionan la adopción de medidas similares a las aplicadas por el Gobierno salvadoreño.
Durante la inauguración, celebrada en el complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, a unos 20 kilómetros al noroeste de San José, Fernández defendió una política de seguridad más estricta. “Costa Rica necesitaba una cárcel donde gobierne la autoridad pública, no los criminales”, afirmó.
La mandataria sostuvo que la apertura representa un antes y un después para la seguridad penitenciaria y nacional.
“Vamos a ejercer mano dura porque el que la hace la paga”, declaró, en referencia a la política de tolerancia cero promovida por Bukele, cuya estrategia contra las pandillas ha influido en gobiernos de distintos países de América Latina.
El complejo ocupa aproximadamente 91.000 metros cuadrados y tuvo un costo de 16.774 millones de colones costarricenses, equivalentes a unos US$ 35 millones, según datos de la Presidencia de la República. La instalación cuenta con cinco módulos, cada uno con 17 celdas de 90 metros cuadrados. Según las autoridades, cada celda podrá alojar hasta 60 reclusos. El traslado de los primeros internos está previsto para finales de octubre.
Las condiciones de reclusión serán estrictas. Los presos tendrán acceso a una hora de sol al día, no podrán conservar objetos personales y vestirán uniformes naranjas. Las visitas también estarán sujetas a fuertes restricciones.
El aumento de los homicidios presiona al Gobierno
La inauguración se produce en medio del agravamiento de la violencia en Costa Rica, un país considerado durante décadas uno de los más seguros de América Latina. Según cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el país registró 873 homicidios en 2025, el tercer año más violento de su historia. Las autoridades atribuyen parte del aumento a la actividad de grupos vinculados al narcotráfico.
El endurecimiento de las medidas penales también cuenta con respaldo en la opinión pública. Una encuesta de la firma OPol Consultores, publicada en agosto, reveló que el 96% de los costarricenses considera que deben endurecerse las leyes contra el crimen organizado.
Fernández asumió la Presidencia en mayo de 2026, en sustitución de Rodrigo Chaves, quien actualmente ocupa los ministerios de la Presidencia y de Hacienda. Sin embargo, el acercamiento entre los gobiernos de Costa Rica y El Salvador comenzó antes de la inauguración de la nueva prisión.
En noviembre de 2024, Bukele visitó la principal cárcel de Costa Rica y advirtió sobre señales de criminalidad similares a las que enfrentó El Salvador antes de su ofensiva contra las pandillas. En diciembre de ese año, Chaves visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel salvadoreña que sirvió de referencia para el proyecto costarricense.
El 14 de enero de 2026, Bukele regresó a Costa Rica y participó junto a Chaves en la ceremonia de colocación de la primera piedra del CACCO.
Fernández también anunció que visitaría el CECOT el 16 de octubre para conocer de cerca el sistema penitenciario salvadoreño.
“Quiero aprender todo lo que se pueda del modelo penitenciario que devolvió la paz a un pueblo azotado durante décadas por la violencia criminal”, afirmó durante la inauguración.
En el acto también estuvieron presentes los ministros salvadoreños de Seguridad, Gustavo Villatoro, y de Defensa, René Merino.
El modelo de Bukele divide a América Latina
Uno de los principales instrumentos de la política de seguridad de El Salvador es el régimen de excepción, que restringe garantías constitucionales y permanece vigente desde hace más de cuatro años. La estrategia redujo los niveles de violencia, pero también provocó denuncias de detenciones arbitrarias, muertes bajo custodia estatal y violaciones de derechos fundamentales.
En 2015, cuatro años antes del inicio del primer Gobierno de Bukele, El Salvador registró 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta del mundo ese año y el peor indicador de su historia.
El endurecimiento de la política de seguridad estuvo acompañado por una fuerte expansión de la población penitenciaria. Según los datos recogidos en el material original, El Salvador tiene 1.659 presos por cada 100.000 habitantes, la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, equivalente a aproximadamente el 1,6% de la población nacional.
La organización humanitaria salvadoreña Socorro Jurídico sostiene que un tercio de los detenidos bajo el régimen de excepción es inocente y que más de 500 personas han muerto bajo custodia del Estado. Un grupo de expertos de las Naciones Unidas también señaló que la política represiva salvadoreña podría haber derivado en crímenes de lesa humanidad.
Estas denuncias preocupan a opositores y activistas costarricenses, que cuestionan la adopción de un modelo asociado a restricciones de derechos en un país reconocido internacionalmente por su tradición de respeto a los derechos humanos.
Pese a las críticas, la estrategia de Bukele atrae a otros gobiernos de la región. Ecuador, Perú y Colombia figuran entre los países que han vuelto su atención hacia políticas de seguridad más duras. También se observa un acercamiento a medidas similares en Honduras y en países del Cono Sur. La estrategia cuenta, además, con el respaldo de Estados Unidos.
El 13 de octubre, Bukele afirmó que una comisión estaba evaluando conceder libertad condicional a una parte de los presos sometidos al régimen de excepción. Según el mandatario, la medida podría beneficiar hasta al 50% de los detenidos.
La presidenta promete respetar los derechos fundamentales
Ante los cuestionamientos, Fernández aseguró que su Gobierno respetará los derechos humanos, aunque defiende la aplicación de medidas más severas contra el crimen organizado. La presidenta también protagonizó un enfrentamiento con el Poder Judicial al acusar a jueces y fiscales de ser “blandos” con los delincuentes.
“Vamos a ser duros, sí, porque quien comete un delito tiene que pagarlo. Pero, al mismo tiempo, vamos a honrar la tradición costarricense de respetar los derechos humanos fundamentales”, declaró.
La inauguración del CACCO plantea una cuestión que va más allá de la construcción de una nueva prisión: cómo responder al avance del crimen organizado sin comprometer las garantías fundamentales. El Gobierno sostiene que la nueva instalación permitirá recuperar el control estatal del sistema penitenciario. Sus críticos, en cambio, cuestionan si es posible adoptar el modelo salvadoreño sin reproducir prácticas de encarcelamiento masivo y violaciones de derechos.
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