Bogotá, COL – Miles de personas salieron a las calles de la capital colombiana y de otras ciudades del país durante el primer paro nacional contra el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La movilización, realizada el miércoles, reunió a centrales sindicales, docentes, estudiantes universitarios, comunidades indígenas, colectivos LGBTI y organizaciones feministas para rechazar los recortes presupuestarios, las medidas económicas del Ejecutivo y los cambios en las reglas de actuación policial durante las manifestaciones. Durante la jornada se denunciaron enfrentamientos, detenciones y agresiones contra trabajadores de la prensa.
Las concentraciones se extendieron a más de una docena de capitales y municipios, entre ellos Medellín, Cali, Barranquilla, Ibagué, Popayán y Bucaramanga. En Bogotá, cuatro columnas de manifestantes confluyeron en la Plaza de Bolívar, bajo la supervisión de un Puesto de Mando Unificado (PMU), encargado de coordinar la actuación de las autoridades durante las movilizaciones.
En Medellín, la protesta derivó en enfrentamientos entre manifestantes y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Según los relatos difundidos sobre la jornada, los agentes utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y tanquetas. La intervención dejó personas detenidas y estuvo acompañada de denuncias de agresiones contra periodistas.
En Ibagué y Popayán también se registraron disturbios después de las intervenciones de las fuerzas policiales. Los episodios aumentaron la preocupación de organizaciones sociales por el uso de la fuerza durante las protestas y por las garantías para ejercer el derecho a la manifestación.
La ONG Temblores y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron la presencia de hombres armados con fusiles en los tejados de edificios oficiales de la capital. Las entidades interpretaron el despliegue como una amenaza contra la ciudadanía movilizada.
Un decreto policial provoca críticas
El paro se produjo en medio del rechazo a los primeros cambios económicos del Gobierno, los recortes presupuestarios y la aprobación de un protocolo que modifica la actuación policial durante las concentraciones públicas. El decreto fue firmado pocas horas antes de las marchas y se convirtió en uno de los principales motivos de protesta.
El presidente Abelardo de la Espriella defendió la norma como una medida para combatir lo que calificó de “terrorismo urbano”. La oposición y diversas organizaciones sociales, en cambio, consideraron que la decisión tiene un carácter intimidatorio y expresaron preocupación por sus posibles efectos sobre el derecho a protestar.
El senador opositor Iván Cepeda cuestionó el riesgo de que las fuerzas de seguridad vuelvan a actuar de manera arbitraria.
“Nos quieren devolver a ese momento en el cual el miedo termina convirtiéndose en la forma en la que la Fuerza Pública actúa de forma arbitraria”, advirtió, según el relato difundido sobre la movilización.
Derechos laborales, educación y política exterior
Las demandas de los manifestantes también incluyeron la defensa de los derechos laborales y sociales, así como la continuidad de políticas vinculadas con la administración anterior. Entre las reivindicaciones figuraron el acceso gratuito a las universidades públicas y los aumentos del salario mínimo, medidas que los participantes consideran amenazadas por la orientación económica del nuevo Gobierno.
Los manifestantes describieron las decisiones del Ejecutivo como parte de un giro neoliberal. La participación de sindicatos, docentes, estudiantes, comunidades indígenas, movimientos feministas y colectivos LGBTI reunió distintas reivindicaciones en una movilización nacional contra las medidas gubernamentales.
La política exterior también estuvo presente en las protestas. Parte de los participantes rechazó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Israel y cuestionó la influencia de Estados Unidos en Colombia. El expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda estuvieron entre las principales figuras de la oposición vinculadas con las movilizaciones.
Los sindicatos preparan nuevas jornadas de protesta
Tras la jornada, fuentes sindicales anunciaron que trabajan en la elaboración de un calendario de movilizaciones para los próximos meses. Entre las posibilidades mencionadas figura una huelga general en noviembre, aunque todavía no se ha anunciado una fecha definitiva.
La continuidad de las protestas dependerá de las próximas decisiones del Gobierno y de la capacidad de coordinación entre sindicatos, organizaciones sociales y sectores de la oposición. Las denuncias de represión, la presencia de hombres armados en edificios oficiales y la controversia por el nuevo protocolo policial colocaron la actuación de las fuerzas de seguridad y el derecho a la protesta en el centro del debate político colombiano.
Los relatos sobre los enfrentamientos y las detenciones deben contrastarse con los balances oficiales y otras investigaciones independientes. La identificación de los responsables de cada incidente y la verificación de las denuncias son necesarias para esclarecer las circunstancias en las que actuaron las fuerzas policiales durante las manifestaciones.
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