Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz – El gobierno boliviano puso en marcha un plan de seguridad fronteriza para frenar el avance de las organizaciones criminales brasileñas en su territorio.
La estrategia combina el despliegue de tropas policiales con gestiones para retomar la asistencia militar y financiera directa de Estados Unidos.
El operativo, denominado Frontera Segura 2.0, se presentó en la plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz con cifras contradictorias entre los reportes de prensa y los registros ministeriales.
Mientras medios televisivos y diarios registraron el envío de 250 uniformados a los pasos limítrofes, la cartera de Gobierno notificó únicamente el egreso de 230 nuevos agentes.
El cronograma oficial prevé recambios de contingentes cada 45 días en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, las tres regiones más vulnerables al tráfico ilícito.
La vigilancia se concentrará en pasos clandestinos de Cobija, Guayaramerín, San Matías y Puerto Suárez, donde el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho controlan las rutas de pasta base y armamento pesado.
En el frente diplomático, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, abrió negociaciones con enviados de Washington para equipar y adiestrar dos brigadas de élite en Santa Cruz y Beni.
Oviedo justificó el pedido de ayuda externa por la precariedad técnica de la policía local, y exigió a las gobernaciones y alcaldías aportar presupuesto directo para infraestructura y logística.
La exigencia reactivó la fricción política con la gobernadora interina de Santa Cruz, Paola Aguirre, quien reclamó patrullas y equipos ante las 13.000 denuncias de delitos graves registradas en el departamento en seis meses.
En paralelo, el comandante general Adrián Álvarez reportó la detención y expulsión de 65 operadores extranjeros, entre ellos jefes del PCC capturados en San Ignacio de Velasco dedicados al acopio de droga y lavado de activos.
La movilización aplica los acuerdos bilaterales sellados con Brasil en agosto de 2026, basados en el cruce de inteligencia con la Policía Federal brasileña y la instalación de puestos conjuntos de interdicción.
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