Santiago de Chile, CHL – Chile atraviesa una fuerte desaceleración económica, marcada por una tasa de desempleo del 9,6%, la caída de la producción minera y el debilitamiento del consumo, mientras el presidente José Antonio Kast impulsa un programa de austeridad fiscal. En el poder desde marzo de 2026, tras prometer la reactivación de las inversiones y la creación de empleo, el Gobierno enfrenta un creciente desgaste por el deterioro de los indicadores económicos. Según las encuestas locales citadas en el material de origen, su desaprobación supera el 60%.
Durante el primer semestre, el producto interno bruto (PIB) chileno cayó un 0,5% en el primer trimestre y un 0,2% en el segundo, en comparación con los mismos períodos del año anterior. Los datos presentados en el material original apuntan a la mayor contracción desde la pandemia. La construcción perdió dinamismo, la inversión pública y privada se estancó en el segundo trimestre y la demanda interna prácticamente no creció.
La desaceleración responde a varios factores. El aumento del precio de los combustibles, la caída de la actividad minera y los recortes del gasto estatal afectan a distintos sectores de la economía, con consecuencias para las empresas, el mercado laboral y los presupuestos familiares.
El alza de los combustibles golpea a los hogares
Uno de los episodios más controvertidos de los primeros meses del Gobierno fue el llamado «bencinazo», término utilizado en Chile para referirse al fuerte aumento del precio de los combustibles. Pocos días después del inicio de la guerra en Irán, el precio internacional del petróleo se disparó. Mientras numerosos países buscaban formas de amortiguar el impacto, el Gobierno de Kast decidió no intervenir para compensar el incremento y permitió que los precios siguieran la evolución del mercado.
La decisión respondió a razones fiscales. Nicolás Saldías, economista principal para las Américas de Economist Intelligence Unit, explicó que el Gobierno consideró excesivo el costo de compensar las subidas y entendió que esas medidas podían poner en riesgo sus objetivos de reducción del déficit fiscal.
El costo político fue elevado. Según Saldías, la popularidad de Kast cayó rápidamente y no se ha recuperado. Joan Domene, economista jefe para América Latina de Oxford Economics, considera que la decisión también deterioró la confianza de los consumidores. En la Región Metropolitana de Santiago, el precio promedio de la gasolina aumentó alrededor de un 30% entre los días previos al inicio de la guerra y mediados de octubre. El diésel subió más de un 40% durante el mismo período.
El encarecimiento no quedó limitado a las estaciones de servicio. Los mayores costos de transporte y operación afectaron a las pequeñas empresas y se trasladaron a otros sectores, presionando los precios. En julio, la inflación interanual llegó al 4,1%, según las cifras incluidas en el material original.
Para los hogares de menores ingresos, la combinación de precios elevados y dificultades para encontrar trabajo complica el pago de los gastos esenciales. La pérdida de poder adquisitivo también limita el consumo y debilita la confianza en la recuperación económica.
La caída de la minería agrava la desaceleración
La minería, especialmente la producción de cobre, es uno de los pilares de la economía chilena y su principal fuente de exportaciones. Por eso, el desplome de la actividad minera en agosto agravó las perspectivas económicas. La producción del sector cayó un 17,4% interanual, hasta alcanzar su nivel más bajo en tres décadas, de acuerdo con los datos del material de origen.
La tendencia negativa ya se observaba durante el año y se profundizó por interrupciones operativas en los yacimientos y condiciones climáticas adversas en julio y agosto. A estos problemas se suma una dificultad estructural: la concentración de cobre en las rocas extraídas está disminuyendo, lo que eleva los costos de producción y aumenta la incertidumbre para el sector.
El Banco Central de Chile redujo su previsión de crecimiento para 2026 a un rango de entre el 0,25% y el 0,75%. El Fondo Monetario Internacional (FMI) también recortó su estimación y proyectó una expansión del 0,6%.
Si se cumplen esas previsiones, Chile estará entre las economías de menor crecimiento de América Latina. En la comparación presentada en el material original, solo Bolivia registra una proyección más desfavorable.
Las perspectivas para 2027 son más favorables. Los analistas esperan que la producción minera aumente y contribuya a la recuperación económica, aunque el resultado dependerá de la normalización de las operaciones y de la evolución de los costos de extracción.
Austeridad fiscal e incentivos para las empresas
Desde que asumió la Presidencia, Kast colocó la reducción del gasto público en el centro de su política económica. Entre las medidas figuran un recorte del 3% en el presupuesto de todos los ministerios, la reducción o el cierre de programas que el Gobierno considera ineficientes y una disminución de la inversión pública directa.
Para Nicolás Saldías, las medidas fiscales también están frenando el crecimiento. La reducción del gasto ayuda a disminuir el déficit público, pero al mismo tiempo retira recursos de la economía y reduce la demanda de bienes y servicios.
Paralelamente, el Gobierno impulsó una amplia reforma económica presentada como un estímulo a la inversión privada. El paquete incluye una reducción progresiva del impuesto a las empresas, del 27% al 23%, además de garantías de estabilidad tributaria a largo plazo para las grandes inversiones.
La reforma fue aprobada por el Congreso y promulgada por Kast a comienzos de octubre, después de un debate sobre si los recortes tributarios y otros incentivos lograrán generar suficiente inversión y empleo para compensar la menor recaudación fiscal.
Joan Domene, de Oxford Economics, prevé que parte de los factores que generaron incertidumbre podría revertirse durante el próximo año. Felipe Hernández, economista para América Latina de Bloomberg Intelligence, también considera posible que las reformas tengan efectos positivos en 2027, siempre que se implementen y produzcan los resultados que esperan el Gobierno y las empresas.
El presupuesto de 2027 y el impacto social de los recortes
El Congreso chileno debate el presupuesto público para 2027, que contempla un crecimiento real del gasto estatal de apenas el 1,5%. La propuesta se considera austera en comparación con las políticas presupuestarias de gobiernos anteriores.
La oposición cuestiona el proyecto porque considera que los recortes pueden perjudicar a decenas de programas sociales destinados a personas en situación de vulnerabilidad. El Gobierno sostiene, por su parte, que algunas de esas iniciativas no cumplen los objetivos para los que fueron creadas.
Mientras continúa la discusión presupuestaria, los indicadores muestran las dificultades que atraviesa la población. En agosto, las ventas de los supermercados cayeron un 1,2% interanual, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. Con una inflación elevada y el desempleo en su nivel más alto en más de cinco años, el consumo de los hogares apenas crece y los presupuestos familiares están bajo presión.
Ante esta situación, el Gobierno anunció un plan de empleo de unos US$ 1.300 millones, con el objetivo de crear más de 100.000 puestos de trabajo entre 2026 y 2027. La iniciativa contempla acelerar las obras públicas y otorgar subsidios a las empresas para incentivar nuevas contrataciones.
El programa supone un cambio respecto de la política de austeridad con la que Kast inició su mandato. Si las medidas se ejecutan y se alcanza la meta anunciada, podrían dar un impulso a la actividad económica y al mercado laboral. Sin embargo, la recuperación no está garantizada. Los resultados dependerán de la creación efectiva de puestos de trabajo, de la recuperación de la minería y de la capacidad de los incentivos privados para compensar los efectos de la reducción del gasto público.
El debate en Chile gira en torno a si la desaceleración será temporal o si se prolongará durante los próximos meses. Mientras el Gobierno espera una mejora en 2027, el costo de la crisis ya se refleja en los precios, el empleo y los gastos cotidianos de las familias.
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