Brasília, BR – El presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó el miércoles (30) que pretende comprar una distribuidora de combustibles si es reelegido, con el objetivo de ampliar la capacidad del Gobierno para supervisar y controlar los precios aplicados en el mercado brasileño. La declaración fue realizada cuatro días antes de la primera vuelta de las elecciones de 2026, en medio de la presión provocada por el aumento del precio del petróleo en el mercado internacional.
Lula criticó la privatización de BR Distribuidora, empresa que pertenecía a Petrobras y cuyo control accionario fue vendido durante el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022). La compañía posteriormente pasó a llamarse Vibra Energia. Para Lula, la venta retiró del Estado un instrumento que podría ser utilizado para intervenir en la formación de los precios de los combustibles.
“Voy a comprar una distribuidora (…), vamos a recuperar el derecho del pueblo brasileño a controlar estos aspectos”, afirmó el presidente.
No presentó detalles sobre qué empresa podría ser adquirida, cuánto costaría la operación ni de qué manera el Gobierno realizaría una eventual compra.
Al referirse a la antigua BR Distribuidora, Lula cuestionó la decisión de privatizar la empresa.
“¿Por qué vender la BR? ¿Qué ganamos con la privatización?”, preguntó.
La propuesta fue presentada en un momento de aumento del precio del petróleo y de medidas adoptadas por el Gobierno para intentar contener el impacto de los precios internacionales sobre el mercado brasileño. El Ejecutivo mantuvo el subsidio de 2,12 reales por litro de diésel, creado para reducir la presión sobre el precio del combustible.
La medida está relacionada con el aumento del precio del petróleo provocado por el conflicto en Oriente Medio. El precio del barril llegó a superar los 100 dólares, aumentando los costos de importación y presionando los precios aplicados en el mercado interno.
El Gobierno también anunció un aumento de las multas aplicadas a las empresas que eleven los precios de los combustibles “sin justa causa”. Las sanciones pueden alcanzar los 500 millones de reales, dependiendo de la infracción y de la empresa involucrada.
La discusión sobre los precios de los combustibles también vuelve a colocar en el centro del debate el papel de Petrobras y de las empresas estatales en la economía brasileña. Lula defiende la participación del Estado en sectores considerados estratégicos y ha criticado las privatizaciones realizadas en los últimos años.
La propuesta de compra de una distribuidora contrasta con el programa defendido por el senador Flávio Bolsonaro, adversario de Lula en la disputa presidencial. Flávio Bolsonaro defiende la reducción del gasto público y la ampliación de las privatizaciones, además de un mayor acercamiento de Brasil a Estados Unidos, tomando como referencia medidas adoptadas por el presidente argentino Javier Milei.
Lula relacionó esta orientación con una discusión más amplia sobre la soberanía brasileña. Al criticar una política exterior alineada con Estados Unidos, afirmó:
“Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”.
Más de 158 millones de electores están habilitados para participar en las elecciones generales de este domingo (4). Además de presidente de la República, los brasileños votarán por gobernador, senador, diputado federal, diputado estatal y diputado del Distrito Federal.
La eventual compra de una distribuidora todavía no tiene una empresa definida, un valor anunciado ni un contrato. La declaración de Lula, por lo tanto, representa una propuesta de campaña. Si llega a ponerse en práctica, la medida podría ampliar la presencia directa del Estado en la cadena de distribución de combustibles y abrir un nuevo debate sobre el papel de las empresas públicas en la formación de los precios que pagan los consumidores.
El debate se produce mientras el Gobierno utiliza otros mecanismos para intentar contener la presión sobre el diésel. Además del subsidio, las autoridades aumentaron la fiscalización de la cadena de combustibles y establecieron multas más elevadas para las empresas que realicen aumentos considerados injustificados.
Para los consumidores, la discusión afecta directamente el precio del diésel y sus efectos sobre el transporte de carga, el costo de productos y servicios y la formación de precios en el mercado interno. Para el Gobierno, la compra de una distribuidora también sería una forma de recuperar capacidad de intervención en un sector considerado estratégico para la economía nacional.
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