San Salvador, SLV – Caminando por un vecindario construido sobre una colina, Adélia Rosales señala hacia un callejón de La Campanera, en las afueras de San Salvador.
“Aquí aparecieron cinco muertos”, recuerda la maestra de preescolar, que durante años vivió en la zona junto a su esposo y sus dos hijos pequeños.
La Campanera se ganó durante la última década la reputación de ser uno de los barrios más peligrosos de El Salvador. En ese período, la comunidad albergó a líderes del Barrio 18, una de las pandillas que durante años protagonizó una violenta disputa con la Mara Salvatrucha, conocida como MS-13.
En 2015, El Salvador registró 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta del mundo ese año y el peor indicador registrado en la historia del país. Gran parte de los asesinatos estaba relacionada con la guerra entre las dos principales organizaciones criminales.
“Íbamos a la iglesia con mis hijos cuando escuchamos el alboroto”, recuerda Rosales. “Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que había muchos muertos en la colonia”.
Pero, según la maestra, la situación comenzó a cambiar en 2022.
Ese año, la Asamblea Legislativa, controlada por aliados de Nayib Bukele, aprobó un régimen de excepción para combatir la violencia. La medida, que continúa vigente, amplió las facultades de las fuerzas de seguridad y permitió, entre otras disposiciones, realizar detenciones sin orden judicial y mantener a personas privadas de libertad durante períodos prolongados antes de una acusación formal.
Las restricciones también dificultaron el acceso de los detenidos a la defensa. Desde el inicio del régimen, unas 90.000 personas han sido encarceladas y acusadas de tener vínculos con pandillas. Entre ellas, según Rosales, estaban los criminales que durante años habían aterrorizado a los habitantes de La Campanera.
“Ni en sueños imaginaba que algún día eso cambiaría, ¡y que lo haría tan rápido!”, afirma la maestra.
Durante una visita realizada a La Campanera a finales de mayo, no se identificaron señales visibles de presencia de pandillas. Niños jugaban en las calles hasta altas horas de la noche, clientes permanecían en puestos de comida y decenas de soldados armados patrullaban el vecindario.
El modelo de seguridad de Bukele
La transformación de La Campanera se convirtió en uno de los ejemplos más visibles del resultado de la política de seguridad de Bukele. El modelo salvadoreño también comenzó a ser citado por candidatos y políticos de otros países de América Latina.
En Brasil, la estrategia de Bukele entró en el debate político de cara a las elecciones generales de octubre. Candidatos como Flávio Bolsonaro (PL), Renan Santos (Misión), Ronaldo Caiado (PSD) y Romeu Zema (Novo) han expresado su admiración por el presidente salvadoreño y defendido políticas de seguridad inspiradas en sus métodos. Bukele se convirtió en una referencia para sectores políticos de la región y mantiene una elevada popularidad en El Salvador.
En julio, un ranking de la consultora CB Global Data le atribuyó un 67,4% de aprobación, el mayor índice entre los líderes de América Latina incluidos en la medición.
La política de seguridad, sin embargo, estuvo acompañada por una fuerte concentración de poder. Actualmente, 57 de los 60 diputados de la Asamblea Legislativa apoyan a Bukele. Para Rosales, muchos electores ni siquiera conocen los nombres de los parlamentarios.
“Votamos a ciegas, mientras se comprometan a apoyar al presidente”, admite.
Desde 2021, el mandatario tampoco enfrenta una oposición relevante en el Poder Judicial. Ese año, el Congreso destituyó a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y los reemplazó por jueces afines al gobierno.
Otros cambios legales y decisiones judiciales recientes allanaron el camino para una posible reelección ilimitada y ampliaron el mandato presidencial a seis años. Bukele ya anunció que buscará un tercer mandato en las elecciones de 2027. Si vuelve a ganar, permanecería en el poder hasta 2033, con un total de 14 años en la Presidencia.
Menos homicidios, más pobreza
La reducción de la violencia coincide con un período de crecimiento económico, aunque los indicadores sociales muestran un panorama más complejo. El equipo periodístico que recorrió El Salvador durante 10 días entre mayo y junio visitó diferentes regiones del interior y de la costa, además de San Salvador.
Uno de los cambios más visibles es el crecimiento del mercado inmobiliario, impulsado en parte por salvadoreños residentes en el extranjero que apoyan a Bukele e invierten en el país. En proyectos inmobiliarios de la costa y de San Salvador, un apartamento de tres habitaciones puede superar los US$500.000. El Salvador utiliza el dólar estadounidense como moneda desde 2001.
En 2025, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía salvadoreña creció 3,9%, por encima del promedio de Centroamérica, de 2,6%, y del promedio registrado durante los cinco años anteriores al gobierno de Bukele, de 2,4%.
El desempleo cerró ese año en 4,72%. Los indicadores económicos, sin embargo, no se tradujeron en una reducción de la pobreza. Según el Banco Mundial, entre 2019 y 2023 la proporción de hogares salvadoreños por debajo de la línea nacional de pobreza pasó del 22,8% al 27,2%. En el mismo período, la proporción de familias por debajo de la línea de pobreza extrema aumentó del 4,3% al 8,8%.
El Banco Mundial atribuye parte de este aumento a la reducción de los ingresos y al deterioro de la calidad del empleo entre los sectores más pobres de la población.
Durante las entrevistas realizadas en el país, varios salvadoreños expresaron preocupación por la situación económica, el mercado laboral y el costo de vida. En el centro de San Salvador, donde el gobierno desarrolla un proceso de renovación urbana, los contrastes son visibles.
En las áreas revitalizadas hay turistas, parques y aceras cuidadas, mientras el cableado eléctrico fue enterrado. En las calles cercanas, sin embargo, persisten la basura, los vendedores ambulantes y los edificios deteriorados. José Manuel, vendedor de chatarra, considera que pocos salvadoreños se beneficiaron del crecimiento económico.
“Es un maquillaje para que crean que estamos bien”, afirma al referirse a la renovación del centro histórico.
“No hay esperanza de salir de este ciclo, porque no hay trabajos”, sostiene mientras camina entre televisores viejos, bicicletas usadas y otros objetos desechados.
Las causas estructurales de la violencia
Para Juan Carlos Torres, analista de seguridad y profesor de la Universidad Don Bosco, en San Salvador, Bukele consiguió atacar la expresión más visible de la violencia, pero no necesariamente sus causas estructurales, entre ellas la pobreza y la desigualdad.
Torres considera que parte de la popularidad del presidente también está relacionada con su capacidad de comunicación y con el mensaje de que El Salvador se convirtió en uno de los países más seguros del mundo.
“Eso hace que la gente crea eso y que levante el teléfono para denunciar si ve a algún delincuente”, afirma.
En 2025, El Salvador registró 1,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa más baja de las Américas. El indicador estuvo por debajo de Estados Unidos, con 4,0; Argentina, con 3,6; y Canadá, con 2,0. El contraste con 2015 es radical: aquel año, el país registró 103 homicidios por cada 100.000 habitantes.
La reducción de la violencia estuvo acompañada, sin embargo, por un aumento extraordinario de la población penitenciaria.
El Salvador registra actualmente 1.659 presos por cada 100.000 habitantes, equivalente al 1,6% de la población. Es la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. En Estados Unidos la tasa es de 542 presos por cada 100.000 habitantes y en Cuba alcanza 794, según World Prison Brief. Brasil ocupa el puesto 15 del ranking mundial, con una tasa de 460 presos por cada 100.000 habitantes.
Organizaciones de derechos humanos cuestionan los criterios utilizados para realizar parte de las detenciones. Según estas entidades, algunos arrestos se basaron en denuncias anónimas, características físicas o pruebas consideradas débiles.
El gobierno salvadoreño sostiene que las detenciones están respaldadas por la ley y afirma que unas 9.000 personas arrestadas durante el régimen de excepción fueron liberadas después de que las investigaciones concluyeran que no tenían vínculos con organizaciones criminales. Ese grupo representa aproximadamente el 10% del total de personas detenidas bajo el régimen.
Familias que todavía esperan respuestas
Los hermanos José Alfredo y Vidal Adalberto Vega González fueron arrestados el 17 de mayo de 2022. Vivían en Bajo Lempa, una zona rural ubicada unos 100 kilómetros al sur de San Salvador. Su madre, Marta Elena González, asegura que sus hijos trabajaban en la pesca de camarón y que nunca tuvieron relación con organizaciones criminales.
Según ella, ambos fueron detenidos a partir de denuncias anónimas y acusados de tener vínculos con pandillas. Durante tres años, Marta no supo qué había ocurrido con sus hijos. Solo conocía el nombre de la prisión donde estaban recluidos y acudía cada mes para entregar alimentos y artículos básicos de higiene, conocidos por los familiares de los presos como “paquete”.
En abril de 2025, mientras revisaba Facebook, encontró una fotografía de su hijo menor, José Alfredo, en una publicación que informaba sobre su muerte. La publicación había sido realizada por una funeraria.
“Así fue como nos enteramos de su muerte. Nadie en la prisión nos avisó”, afirma.
Al comunicarse con la funeraria, Marta descubrió que su hijo había pasado nueve días hospitalizado debido a una infección bacteriana antes de morir.
“Y ni siquiera me avisaron para que pudiera verlo por última vez”, cuenta la madre.
“Cuando se lo llevaron, ni siquiera estaba enfermo”, agrega.
“Nos quedan muchas preguntas sin respuesta”, afirma.
José Alfredo dejó una hija de siete años, que actualmente está bajo el cuidado de su exesposa. Él es una de las 537 personas detenidas durante el régimen de excepción que murieron bajo custodia del Estado antes de ser juzgadas, según Ayuda Legal Humanitaria, una organización no gubernamental salvadoreña.
Organizaciones de derechos humanos sostienen que el sistema judicial está saturado y no tiene capacidad para procesar la cantidad de personas privadas de libertad que esperan juicio. Según estas organizaciones, algunos detenidos pueden permanecer años en prisión sin una acusación formal o sin conocer con claridad de qué se les acusa.
Familiares entrevistados también reportaron casos de personas cuya liberación fue ordenada por la justicia pero que permanecieron durante meses en prisión a la espera de que la decisión fuera ejecutada.
El gobierno de El Salvador fue consultado sobre estos casos, pero no respondió. También fueron rechazadas reiteradas solicitudes de entrevistas con ministros y diputados aliados de Bukele para abordar la política de seguridad.
En 2026, el gobierno implementó juicios colectivos para miles de personas acusadas de pertenecer a pandillas, con el objetivo de reducir la sobrecarga del sistema judicial. Los críticos sostienen que estos procesos dificultan el análisis individual de cada caso y afectan el derecho de los acusados a la defensa.
Críticas al modelo y concentración de poder
Samuel Ramírez, coordinador del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), organización que reúne a familiares de personas encarceladas bajo el régimen de excepción, sostiene que El Salvador se convirtió en una dictadura.
“Él (Bukele) dirige el país como si fuera su propia empresa y no permite que nadie lo contradiga”, afirma Ramírez.
Durante la guerra civil salvadoreña, entre 1979 y 1992, Ramírez fue guerrillero del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), organización que combatió contra las fuerzas gubernamentales apoyadas por Estados Unidos.Después del conflicto, el FMLN se convirtió en partido político. Bukele inició su carrera política dentro de esa agrupación. En 2012 fue elegido alcalde de Nuevo Cuscatlán y en 2015 asumió como alcalde de San Salvador.
Posteriormente fue expulsado del FMLN debido a desacuerdos internos y creó Nuevas Ideas, partido que actualmente lidera y que rechaza las etiquetas tradicionales de izquierda y derecha. Analistas, sin embargo, lo describen como conservador. Ramírez matiza su caracterización del gobierno y afirma que no considera que la administración Bukele sea una dictadura clásica, ya que, según él, mantiene la apariencia de un sistema democrático.
“Bukele no es como Hitler o Pinochet. Nunca ordenó que nos disparen durante una manifestación, nunca ordenó que nos asesinen, porque sabe que hoy todos llevamos un celular”, afirma.
Ramírez habló durante una manifestación realizada en mayo, cuando decenas de mujeres marcharon hasta la sede de la Fiscalía General de la República, en San Salvador, para entregar una carta en la que solicitaban la liberación de sus hijos.
Para el politólogo canadiense y especialista en seguridad pública Robert Muggah, los resultados de la política de seguridad de Bukele son evidentes, pero tuvieron un costo institucional.
“Mi preocupación es que, a largo plazo, esto tiene serias implicaciones para la independencia de los tribunales, para los derechos civiles y para las garantías de los ciudadanos”, señala.
Los críticos también acusan al gobierno de perseguir a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos. Algunos de ellos abandonaron el país alegando temor por su seguridad.
El medio digital salvadoreño El Faro, uno de los principales críticos del gobierno, trasladó su sede a Costa Rica en abril de 2023. Representantes del medio señalaron que la decisión estuvo relacionada, entre otros factores, con el temor de que sus periodistas fueran acusados de colaborar con las pandillas debido a la amplia interpretación de las leyes adoptadas para combatirlas.
Bukele niega las acusaciones de persecución contra periodistas y organizaciones de derechos humanos. En distintas ocasiones ha acusado a estos sectores de preocuparse más por los derechos de los delincuentes que por los de los ciudadanos afectados por la violencia.
Un modelo difícil de replicar
Muggah también cuestiona la posibilidad de aplicar la estrategia salvadoreña en países de mayor tamaño, como Brasil. Según el especialista, las pandillas salvadoreñas tenían una estructura particularmente territorial y utilizaban marcas visibles, como tatuajes, que facilitaban la identificación de sus integrantes.
Además, El Salvador no representa un mercado importante de drogas ni constituye una ruta indispensable para el tráfico internacional, factores que limitan el poder y la capacidad de expansión de las organizaciones criminales, sostiene. El Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC), las principales organizaciones criminales de Brasil, tienen una estructura diferente.
Para Muggah, estas organizaciones “funcionan más como empresas multinacionales que como pandillas callejeras”, lo que dificulta la aplicación de una estrategia similar a la utilizada en El Salvador. El caso de Ecuador también muestra los límites de replicar el modelo. Desde 2024, el gobierno ecuatoriano utiliza un régimen de excepción para combatir el crimen organizado y, pese a la estrategia, el país registró un número récord de homicidios en 2025.
“Lo que pasó allí fue que la violencia terminó desplazándose a otras áreas”, observa Muggah.
“El miedo ahora es otro”
La reducción de los homicidios lleva a algunos sectores de la sociedad salvadoreña a cuestionar por qué el régimen de excepción continúa vigente, especialmente porque la medida debe ser renovada cada 30 días. Para el artista Melvin Gómez, que imparte clases de pintura a jóvenes de una comunidad pobre en las afueras de San Salvador, la percepción de seguridad cambió, pero también surgió un nuevo temor.
“El miedo ahora es otro: que la gente no pueda alzar la voz, su derecho a manifestarse, porque hay un régimen”, afirma.
En La Campanera, Adélia Rosales mantiene una visión favorable al gobierno y espera que Bukele permanezca en el poder durante varios años.
“Siento que aún no ha terminado el proyecto para dejarnos la seguridad ya establecida”, sostiene.
Cuando se le pregunta si teme que El Salvador repita una historia frecuente en América Latina, en la que presidentes populares terminan convirtiéndose en líderes autoritarios que se niegan a abandonar el poder, Rosales reconoce que esa posibilidad existe.
“Puede pasar. Nada está escrito en piedra, la política es un proceso dinámico”, responde.
A pesar de las dudas sobre el futuro político del país, la maestra sostiene que la transformación de la seguridad le permite mirar con esperanza los próximos años.
“Algunos pueden decir que la vida está cara, pero comer un plato de frijoles tranquilo no es lo mismo que comer un pedazo de carne pensando que van a tocar tu puerta y que te van a llevar”.
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