Brasília, BR – El 31 de agosto de 2016, el Senado Federal de Brasil aprobó la destitución definitiva de Dilma Rousseff, primera mujer en llegar a la Presidencia del país. Diez años después, aquella decisión continúa siendo uno de los acontecimientos centrales para comprender la política brasileña contemporánea.
El proceso de impeachment había comenzado el 17 de abril de 2016, cuando la Cámara de Diputados aprobó la apertura del juicio político por 367 votos contra 137. La sesión, transmitida en directo a todo el país, estuvo marcada por discursos en los que diputados justificaron sus votos apelando a Dios, la familia y las iglesias, además de banderas verdes y amarillas, gritos y manifestaciones que se alejaron de las acusaciones jurídicas contra la entonces presidenta.
Entre los votos que quedaron registrados estuvo el de Jair Bolsonaro, entonces diputado y todavía poco conocido fuera de los círculos de la extrema derecha. Bolsonaro justificó su voto “contra el comunismo” y “por la memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra”, quien había dirigido un centro de represión durante la dictadura militar brasileña y fue señalado como responsable de torturas contra Rousseff cuando era una joven militante de izquierda.
Ese mismo día, el diputado Jean Wyllys escupió en el rostro de Bolsonaro después de recibir insultos y ataques homófobos. La sesión terminó convertida en uno de los episodios más controvertidos de la política brasileña reciente y expuso la profunda división que atravesaba al país.
Del impeachment al ascenso de Bolsonaro
Para João Feres Júnior, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, la destitución de Rousseff formó parte de un proceso más amplio de deslegitimación de la política brasileña que terminó favoreciendo el ascenso de Bolsonaro.
“El ‘impeachment’ de Rousseff fue fruto de una escalada que llevó a la elección de Bolsonaro, pero detrás hubo una causa común: la desvalorización de la representación política y el ataque a su legitimidad, particularmente como producto de la explotación de escándalos de corrupción por parte de la prensa y también de fuerzas políticas. Hubo un proceso que comenzó con el escándalo del Mensalão y llegó a la Lava Jato, en el que las instituciones políticas fueron fuertemente atacadas, especialmente la representación”, afirma Feres.
Rousseff había sido elegida presidenta en 2010 con el 56% de los votos y reelegida en 2014 con el 51,64%, frente al socialdemócrata Aécio Neves. Sin embargo, inició su segundo mandato en medio de una profunda crisis económica y política, mientras la operación Lava Jato avanzaba y su relación con el Congreso se deterioraba.
En las calles, grandes movilizaciones reclamaban su salida del poder. Las protestas reunieron el rechazo a la corrupción, el descontento económico y un creciente antipetismo, término utilizado para describir la oposición al Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Luiz Inácio Lula da Silva en 1980.
Feres señala que la confianza en la Presidencia, que durante los años anteriores había sido una de las instituciones mejor valoradas por los brasileños, cayó considerablemente. Lula había llegado a registrar cerca del 80% de aprobación al final de su segundo mandato. Las fuerzas políticas y económicas que buscaban sacar al PT del poder consiguieron su objetivo, pero, según el politólogo, no anticiparon el crecimiento posterior de la extrema derecha.
“Las fuerzas políticas que urdieron todo aquello, creo que no previeron el surgimiento de la extrema derecha. Fue una sorpresa para ellos. Es decir, parieron un monstruo que no querían y que no imaginaban”, señala.
Las controversias sobre el impeachment
El argumento jurídico central del proceso contra Rousseff fueron las llamadas “pedaladas fiscales”, maniobras contables mediante las cuales el Gobierno retrasó pagos a bancos públicos. Sus detractores consideraron que esas prácticas constituían un crimen de responsabilidad, una de las condiciones constitucionales para la destitución de un presidente.
Una parte de la sociedad brasileña y de la izquierda cuestionó esa interpretación y señaló que procedimientos similares habían sido utilizados por gobiernos anteriores y continuaron después de la salida de Rousseff.
Márcia Ribeiro Dias, directora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, reconoce que el proceso siguió formalmente las etapas previstas en la Constitución, pero considera que tuvo características de un golpe político.
“Cuando Dilma fue elegida en 2014, había un programa de gobierno, una orientación aprobada a través de las urnas. Cuando se produce el ‘impeachment’ de Dilma y la toma de posesión de Michel Temer [su número dos], este subvierte el plan de Gobierno aprobado en las urnas e implementa en su lugar un puente hacia el futuro. Peor aún, no solo aparta a la presidenta de la República quien, en teoría, habría cometido el delito, sino a todos los cuadros del Partido de los Trabajadores, que ocupaban cargos gubernamentales”, explica.
Temer asumió la Presidencia y puso en marcha reformas y políticas que, según Ribeiro Dias, respondían en buena medida al programa de quienes habían perdido las elecciones de 2014.
“Es ahí donde veo el golpe: fue contra la voluntad popular aprobada en las urnas. Cuando sustituyes el contenido programático de una agenda gubernamental por el del adversario, estás haciendo un golpe contra esa voluntad. Se retiró el contenido del PT y se colocó en su lugar una agenda privatizadora y de reducción del Estado”, sostiene la politóloga.
Entre las medidas adoptadas durante el Gobierno de Temer estuvo la reforma laboral, que flexibilizó las relaciones entre empleadores y trabajadores y generó un amplio debate sobre las condiciones laborales.
La interpretación sobre el impeachment continúa dividiendo a la sociedad brasileña. Sus defensores sostienen que el Congreso actuó dentro de sus atribuciones constitucionales y siguió el procedimiento previsto. Sus críticos consideran que la legalidad formal no elimina el carácter político del proceso ni sus consecuencias sobre el resultado electoral de 2014.
El componente de género
La destitución de Rousseff también estuvo atravesada por cuestionamientos relacionados con el género. Fue la primera mujer en llegar a la Presidencia de Brasil y, durante el proceso, recibió insultos y ataques sexistas. La Fundación Perseu Abramo, vinculada al PT, sostuvo que Rousseff
“gobernó bajo una campaña continua de deslegitimación, marcada por ataques misóginos, insultos públicos y un intento sistemático de reducir la autoridad política a una caricatura de género”.
Ribeiro Dias sostiene que el trato recibido por Rousseff estuvo condicionado por estereotipos asociados a las mujeres en posiciones de poder.
“Un hombre puede ser incompetente, grosero o agresivo verbalmente y no recibe el mismo tratamiento. Una mujer en esa situación es llamada loca, descontrolada o incapaz de negociar. Eso fue utilizado contra Dilma. Había misoginia y también etarismo. Ella podía tener una postura decidida y convicciones firmes, pero esas características fueron interpretadas de una manera mucho más pesada por ser mujer”, afirma.
La votación de la Cámara también estuvo marcada por ataques personales y por la participación de sectores religiosos conservadores. Jean Wyllys ha descrito aquella sesión como un episodio “grotesco” y un “ritual de humillación”contra Rousseff. Una encuesta de la Confederación Nacional de Municipios reveló en 2024 que más del 60% de las alcaldesas y vicealcaldesas habían sufrido algún tipo de violencia política de género.
Diez años después
Rousseff dejó la política brasileña de primera línea, pero posteriormente recuperó protagonismo en el escenario internacional. Desde 2023 dirige el Banco de los BRICS, cargo para el que fue ratificada en 2025, y actualmente vive en China. Mientras tanto, varios de los protagonistas del proceso de 2016 perdieron influencia política. Eduardo Cunha, entonces presidente de la Cámara de Diputados y considerado uno de los principales articuladores del impeachment, cayó posteriormente en desgracia.
El precedente anterior de una destitución presidencial en Brasil se remonta a 1992, cuando Fernando Collor enfrentó un proceso de impeachment en medio de un escándalo de corrupción y movilizaciones populares. Collor renunció antes de que terminara el proceso, pero el Senado continuó con el procedimiento y confirmó su inhabilitación política por ocho años. Rousseff fue la segunda presidenta brasileña sometida a un proceso de destitución desde la redemocratización.
La crisis que abrió paso al bolsonarismo
La destitución de Rousseff no puso fin a la crisis política brasileña. Por el contrario, profundizó un escenario de confrontación que dos años después desembocaría en la elección de Bolsonaro. Para Ribeiro Dias, el proceso de 2016 contribuyó a ampliar la división política y social y favoreció el surgimiento de un discurso contrario al sistema político.
“El país ya estaba dividido, pero todavía no existía la radicalización que vino después. El impeachment generó un enfrentamiento que tensionó las relaciones políticas y sociales, y abrió espacio para el surgimiento del monstruo bolsonarista. De ahí nació también un discurso antipolítico: ‘Nadie sirve, los políticos no sirven, necesitamos una solución desde fuera’”, resume.
Para Feres, la elección de Bolsonaro en 2018 tampoco puede explicarse únicamente como una conversión masiva del electorado brasileño hacia la extrema derecha.
“Quienes votaron por Bolsonaro querían colocar a un outsider, a alguien de fuera del sistema político, porque el sistema era percibido como corrupto y podrido. Quien eligió a Bolsonaro no lo hizo por una conversión del electorado brasileño al fascismo, sino que fue el resultado de años de desvalorización y deslegitimación de la política y de las instituciones de representación”, afirma.
En 2023, tras la derrota electoral de Bolsonaro y el regreso de Luiz Inácio Lula da Silva a la Presidencia, Brasil enfrentó otro intento de ruptura institucional. Bolsonaro fue posteriormente condenado a 27 años y tres meses de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado.
Una década después del impeachment de Rousseff, las consecuencias políticas de aquel proceso continúan presentes en Brasil, en un escenario marcado por la polarización y la disputa por la interpretación de los acontecimientos de 2016.
La posibilidad de un nuevo proceso de destitución también forma parte del debate político, particularmente ante la eventualidad de un cuarto mandato de Lula. Para Ribeiro Dias, sin embargo, el actual presidente cuenta con una capacidad de negociación y un peso político e internacional que dificultarían la repetición de un escenario similar.
“Lula tiene un perfil conciliador que es muy ventajoso para él y una respetabilidad internacional que lo coloca en el foco de cualquier situación que parezca anómala. No creo que su carrera termine en un ‘impeachment’. Un gobierno sin Lula podría ser más vulnerable, pero no creo que Brasil viva otro terremoto como aquel”, concluye.
Deja un comentario