LIMA, PERÚ — La conformación del gabinete ministerial de la presidenta Keiko Fujimori ha desatado una intensa marejada política y social en el país. De los 19 ministerios que integran el nuevo gobierno peruano, 15 están encabezados por funcionarios que registraron investigaciones judiciales activas, antecedentes penales o procesos en curso por variados delitos, según consta en las propias declaraciones juradas presentadas por los ministros al asumir sus cargos. Esta situación pone en el centro del debate público la idoneidad de la alta dirección estatal y el impacto directo que la gestión pública tendrá en el acceso a la salud, la educación, la seguridad ciudadana y la transparencia de los recursos del pueblo peruano.
La controversia alcanza el vértice del Poder Ejecutivo. El primer ministro y vicepresidente, Luis Galarreta, cuenta en su expediente oficial con indagaciones abiertas por presunta lavada de dinero, abuso de autoridad y organización criminal, además de haber respondido previamente a procedimientos por supuesto fraude electoral y nombramiento ilegal. La propia mandataria Keiko Fujimori asumió la jefatura de Estado tras haber competido en los procesos electorales de 2011, 2016 y 2021, convirtiéndose en la primera mujer en gobernar la nación tras haber cumplido prisión preventiva en el marco de una investigación por presunta corrupción.
Prontuario en ministerios clave
El caso que registra el mayor volumen de expedientes es el del ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, quien declaró afrontar 51 investigaciones ante el Ministerio Público y el Poder Judicial. Su historial abarca nueve procedimientos por desobediencia y abuso de autoridad, junto con indagaciones por negociación incompatible, peculado, colusión, usurpación de funciones, nombramiento ilegal, destrucción de pruebas, degradación de áreas agrícolas, lesiones corporales y hurto.
El impacto del perfil de los elegidos se extiende a áreas sociales y de desarrollo estratégico. En el Ministerio de Energía y Minas, Guillermo Shinno reportó ser objeto de 20 investigaciones, mientras que en la cartera de Producción, Juan Requejo suma diez procedimientos en su contra, la misma cifra declarada por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli. Por su parte, el titular del Ministerio de Educación, José Chang, registró ocho investigaciones activas en su declaración oficial.
Cuestionamientos en carteras sensibles
La sombra judicial se proyecta del mismo modo sobre los servicios básicos y la seguridad interior del ciudadano. El ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, reportó antecedentes por falsificación de documentos y falso testimonio, al tiempo que en el Ministerio del Interior, César Astudillo responde por presunto peculado. En la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas González informó antecedentes por estelato y una condena por lesión culposa.
En el ámbito diplomático y de los derechos laborales, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, detalló investigaciones por corrupción pasiva; el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, es investigado por tráfico de influencias y colusión agravada; y el titular de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, figura por presunto delito contra la fe pública. Finalmente, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, César Álvarez, integra la nómina de procesados, aunque omitió detallar los motivos específicos de sus causas en el documento público oficial.
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