Quito, ECU – Pacientes, familiares, cuidadores y organizaciones sociales se concentraron este miércoles 28 de octubre en el bulevar de las Naciones Unidas, en la zona central de Quito, para exigir soluciones ante la crisis de la salud pública en Ecuador. Los manifestantes denunciaron la falta de medicamentos e insumos, la escasez de médicos especialistas y la ausencia de respuestas de las autoridades. Los reclamos contrastan con la posición del Gobierno ecuatoriano, que asegura que el suministro de fármacos y materiales necesarios para la atención hospitalaria está garantizado.
La situación afecta especialmente a las personas que necesitan tratamientos continuos y a las familias con menos recursos económicos. Durante la protesta, los participantes denunciaron dificultades para acceder a la atención médica, limitaciones en la infraestructura hospitalaria y retrasos o ausencia de medicamentos indispensables. También señalaron obstáculos para recibir atención especializada fuera de las principales ciudades del país.
Félix Galarza, presidente de la Federación Ecuatoriana de Enfermedades Raras, advirtió que la crisis deteriora la salud de los pacientes y golpea la economía de sus familias, en particular la de los hogares más vulnerables. Denunció la falta de hospitales que garanticen atención, la escasez de especialistas y la entrega tardía o inexistente de medicamentos necesarios para los tratamientos.
“La crisis para nosotros se traduce en muerte”, afirmó Galarza.
Paola Oña, cuidadora de una paciente que participó en la movilización, sostuvo que la falta de respuestas institucionales se ha convertido en una constante para quienes buscan atención en la red pública.
“Lastimosamente estamos en un momento en donde no hay respuesta, en donde la falta de respuesta es la respuesta”, declaró.
Oña mencionó los hospitales Eugenio Espejo y Pablo Arturo Suárez, que, según explicó, alegan reiteradamente falta de capacidad para resolver los casos o insuficiencia de espacio físico. Esta situación agrava la concentración de los servicios sanitarios en Quito, Guayaquil y Cuenca y dificulta el acceso de quienes viven en otras regiones del país.
Las familias asumen los costos de la atención
Oña también cuestionó la carga económica que recae sobre los hogares. Según indicó, el gasto de bolsillo de los pacientes alcanza el 35%, una proporción que terminan sosteniendo las personas más enfermas, pese a que, en su opinión, debería ser responsabilidad del Estado.
La cuidadora criticó además el incumplimiento de las promesas de abastecimiento total formuladas anteriormente por el presidente Daniel Noboa. A su juicio, las medidas paliativas y temporales no resuelven las causas de la crisis ni garantizan la continuidad de los tratamientos.
El abastecimiento hospitalario, bajo cuestionamiento
Mientras las autoridades sostienen que el suministro de medicamentos e insumos está asegurado, médicos y pacientes advierten que la disponibilidad de productos en los establecimientos de salud continúa por debajo de lo necesario.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda mantener un nivel de abastecimiento de al menos el 80% en las farmacias hospitalarias. Sin embargo, profesionales sanitarios y pacientes en Ecuador alertan que la cobertura llega apenas al 30% en determinados casos.
La diferencia entre ambos porcentajes refleja la distancia entre las garantías oficiales y las condiciones denunciadas por quienes dependen del sistema público. La escasez de medicamentos e insumos compromete la atención y obliga a los pacientes y sus familias a asumir parte de los costos de los tratamientos. La situación también plantea interrogantes sobre el cumplimiento del derecho constitucional a la salud.
El presupuesto hospitalario registra una reducción
Las denuncias se producen en medio de una reducción de los recursos destinados a la red pública. En 2026, los hospitales vinculados al Ministerio de Salud Pública (MSP) cuentan con el menor presupuesto asignado desde la pandemia de COVID-19. Los recursos ascienden a 1.082 millones de dólares, una cifra inferior al máximo registrado en 2023.
Al comparar los presupuestos de 2025 y 2026, el Hospital Eugenio Espejo, en Quito, registró una reducción del 30,03%. En el Hospital de Especialidades de Portoviejo, el descenso fue del 27,29%, mientras que el Hospital Pediátrico Francisco Icaza Bustamante sufrió una disminución del 20,85%.
El exministro de Salud José Ruales señaló que las reducciones presupuestarias pueden reflejar una baja ejecución del gasto. No obstante, advirtió que la propia escasez de medicamentos e insumos limita la capacidad operativa de los centros sanitarios. Esto genera un círculo vicioso: la falta de suministros reduce la capacidad de atención y contribuye al deterioro de los servicios hospitalarios.
La centralización de las compras genera interrogantes
Ruales también cuestionó los posibles efectos de la creación de la Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud. Según explicó, la nueva entidad podría haber concentrado recursos que antes eran administrados directamente por los hospitales.
A la empresa se transfirieron 52 millones de dólares para realizar compras centralizadas. El destino de los recursos y los cambios en la gestión del abastecimiento adquirieron relevancia tras la supresión de las direcciones distritales de salud. Medios de comunicación locales solicitaron explicaciones al Ministerio de Salud sobre el destino de los fondos después de los cambios administrativos, pero la cartera estatal no emitió una respuesta oficial.
La movilización en Quito reunió demandas que van más allá de la reposición inmediata de medicamentos. Los participantes exigen atención accesible, disponibilidad de especialistas, hospitales en condiciones de funcionar y respuestas concretas de las autoridades. Para las familias que dependen de la red pública, la crisis supone dificultades para conseguir consultas y tratamientos, además del riesgo de afrontar gastos que comprometen la economía del hogar y la continuidad de la atención médica.
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