Por Israel Vogel Rieger
La historia del movimiento sindical latinoamericano demuestra que las grandes conquistas sociales nunca se limitaron al ámbito laboral. La reducción de la jornada de trabajo, el derecho a la organización sindical, la seguridad social o la protección frente a la explotación siempre formaron parte de una disputa más amplia: la defensa de la dignidad humana. Por eso, la lucha por los derechos de la población LGBTQIAPN+ no constituye una agenda ajena al sindicalismo ni una causa reservada exclusivamente a los movimientos por la diversidad. Es una expresión contemporánea de la misma batalla histórica contra la exclusión, la desigualdad y todas las formas de violencia que atraviesan nuestras sociedades.
En América Latina, millones de personas LGBTQIAPN+ continúan enfrentando barreras para acceder al empleo formal, permanecer en él o desarrollar plenamente sus proyectos de vida. La discriminación no se manifiesta únicamente en discursos de odio o agresiones físicas. También aparece cuando una persona pierde oportunidades laborales por su identidad de género, cuando el miedo obliga a ocultar quién es dentro de su lugar de trabajo o cuando la violencia institucional limita el ejercicio de derechos que deberían ser universales.
Hablar de trabajo digno exige, por tanto, hablar también de igualdad.
No puede existir justicia laboral mientras una parte de la clase trabajadora siga siendo discriminada por su orientación sexual o identidad de género. Defender derechos laborales implica combatir todas las formas de exclusión que impiden a las personas vivir y trabajar con dignidad.
Esa convicción quedó nuevamente de manifiesto entre el 4 y el 7 de junio de 2026, cuando São Paulo reunió a millones de personas en una de las mayores movilizaciones por los derechos LGBTQIAPN+ de América Latina. Durante esos días se realizaron el 7.º Encuentro Nacional LGBTQIA+, la 25.ª Feria Cultural de la Diversidad y del Emprendimiento LGBT+, la 2.ª Marcha de las y los Trabajadores LGBTQIAPN+, la 24.ª Marcha de Mujeres Lesbianas y Bisexuales y la 30.ª Marcha del Orgullo LGBTQIAPN+.
La participación de centrales sindicales, organizaciones de trabajadores, movimientos sociales y entidades de derechos humanos otorgó a esas jornadas un significado que trasciende la celebración de la diversidad. Representó una reafirmación del compromiso histórico de esas organizaciones con la construcción de sociedades más igualitarias, donde ninguna persona vea restringidos sus derechos por razones de identidad o de orientación sexual.
Derechos conquistados, derechos en disputa
América Latina ha protagonizado avances significativos en el reconocimiento de los derechos de la población LGBTQIAPN+ durante las últimas décadas. Argentina abrió ese camino con la aprobación del matrimonio igualitario en 2010. Posteriormente se sumaron Brasil y Uruguay en 2013, Colombia en 2016, Ecuador en 2019, Costa Rica en 2020 y Chile y Cuba en 2022. Cada uno de esos avances representó mucho más que una reforma legislativa: amplió el reconocimiento de derechos y fortaleció la ciudadanía democrática.
Sin embargo, ninguna conquista puede considerarse definitiva.
El avance de fuerzas de extrema derecha y de nuevos movimientos ultraconservadores ha impulsado iniciativas destinadas a restringir derechos previamente conquistados y ha favorecido la expansión de discursos de odio que buscan transformar la diversidad en un campo de confrontación política. Esa ofensiva no se limita a un solo país. Recorre buena parte del continente y encuentra distintas formas de expresión según la realidad política y cultural de cada sociedad.
Sus efectos son visibles en las escuelas, los lugares de trabajo, las redes sociales, las instituciones públicas y, muchas veces, dentro de los propios hogares. Aunque varios países latinoamericanos ampliaron el reconocimiento jurídico de derechos, millones de personas LGBTQIAPN+ continúan enfrentando discriminación cotidiana, exclusión laboral y múltiples obstáculos para ejercer plenamente su ciudadanía.
Como señaló el abogado Eduardo Henrique Marques Soares, del despacho LBS Advogadas e Advogados, durante el 7.º Encuentro Nacional LGBTQIA+, las personas trans y travestis continúan siendo las más afectadas por la exclusión del mercado formal de trabajo. La falta de oportunidades no responde únicamente a decisiones individuales de empleadores, sino a desigualdades estructurales que limitan el acceso al empleo, la formación profesional y la protección social.
Los datos confirman esa realidad. El dossier de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA) registró 80 asesinatos de personas trans y travestis en Brasil durante 2025. Aunque la cifra representa una disminución respecto de años anteriores, sigue reflejando un nivel de violencia incompatible con cualquier sociedad que aspire a garantizar plenamente los derechos humanos.
La situación brasileña no constituye una excepción.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismos de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil han advertido reiteradamente que la discriminación por orientación sexual e identidad de género continúa restringiendo el acceso al trabajo, la educación, la salud y la justicia en distintos países latinoamericanos. Las formas de violencia pueden variar según cada contexto nacional, pero todas responden a un mismo patrón: la persistencia de estructuras sociales que siguen negando igualdad de derechos a una parte de la ciudadanía.
Por esa razón, la defensa de la población LGBTQIAPN+ no puede reducirse a una reivindicación sectorial.
También es una causa sindical.
Cuando una persona puede ser discriminada por quién es, toda la clase trabajadora se vuelve más vulnerable. La fragmentación favorece la precarización, debilita la solidaridad y reduce la capacidad colectiva para defender derechos comunes. Combatir la discriminación significa, al mismo tiempo, fortalecer el trabajo decente y la organización democrática de las y los trabajadores.
La participación sindical en espacios como la Marcha de las y los trabajadores LGBTQIAPN+, el Encuentro Nacional LGBTQIA+, la Marcha de Mujeres Lesbianas y Bisexuales y la Marcha del Orgullo representa, por ello, mucho más que un gesto de apoyo.
Expresa la continuidad de una tradición histórica.
Los sindicatos surgieron para enfrentar relaciones desiguales de poder. Mantener ese compromiso exige reconocer que las formas de exclusión cambian con el tiempo, pero nunca dejan de amenazar la dignidad humana.
Democracia, representación y futuro
Las movilizaciones realizadas en São Paulo también adquirieron un significado especial al desarrollarse en un año electoral en Brasil. En cualquier democracia, la ampliación de derechos depende tanto de la movilización social como de la existencia de instituciones capaces de representar la diversidad presente en la sociedad.
Fortalecer la representación política de personas LGBTQIAPN+, ampliar su participación en los espacios de decisión y respaldar proyectos comprometidos con los derechos humanos no beneficia únicamente a una comunidad específica. Contribuye a construir democracias más inclusivas y sociedades más justas para todas las personas.
La experiencia latinoamericana demuestra que ningún derecho permanece garantizado por sí solo.
Las conquistas sociales requieren organización, participación y vigilancia permanente. Cuando crecen los discursos de odio, se debilitan las instituciones democráticas o avanzan proyectos políticos que convierten la diferencia en motivo de exclusión; también se ponen en riesgo derechos conquistados durante décadas de lucha.
Por ello, la defensa de los derechos de la población LGBTQIAPN+ constituye una tarea inseparable de la defensa de la democracia.
También de la libertad sindical.
Y del principio de igualdad que da sentido a cualquier proyecto democrático.
A lo largo de la historia latinoamericana, sindicatos y movimientos sociales han desempeñado un papel decisivo en la conquista de derechos laborales, sociales y civiles. Mantener ese compromiso frente a las nuevas formas de discriminación no significa ampliar artificialmente su agenda. Significa permanecer fieles a la razón histórica que dio origen a esas organizaciones.
Porque ningún movimiento que aspire a transformar la sociedad puede aceptar que una parte de la clase trabajadora continúe viviendo con menos derechos que otra.
La lucha por la igualdad de la población LGBTQIAPN+ no es una causa paralela al sindicalismo.
Es una de las expresiones contemporáneas de la defensa de la dignidad humana, de la justicia social y de la democracia en América Latina.
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Israel Vogel Rieger es un hombre gay cisgénero, licenciado en Geografía por la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana (UNILA). Actualmente es profesor de la red pública de educación del estado de Paraná (Brasil) y desarrolla su actividad sindical en APP-Sindicato, Núcleo Foz do Iguaçu.
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