Por Rafael Portillo
La caída de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989 abrió para Paraguay una oportunidad histórica: construir un Estado de derecho donde la justicia dejara de responder a los intereses del poder y asumiera plenamente su función de garantizar la igualdad ante la ley. La transición democrática prometía sustituir un aparato judicial moldeado por el autoritarismo por instituciones independientes, capaces de investigar los delitos, proteger los derechos fundamentales y someter a todos los ciudadanos al mismo marco jurídico.
Treinta y cinco años después, esa promesa continúa siendo una tarea inconclusa.
Aunque el país consolidó las bases formales de una democracia constitucional, buena parte de la estructura judicial heredada del stronismo sobrevivió con cambios más administrativos que políticos. Las reformas impulsadas durante la década de 1990 redefinieron competencias, incorporaron nuevos mecanismos institucionales y buscaron fortalecer la autonomía de los poderes del Estado. Sin embargo, no lograron romper completamente los vínculos que históricamente conectaron al sistema de justicia con los intereses de la dirigencia política.
La conformación de la Corte Suprema de Justicia refleja esa realidad. Sus ministros son designados a partir de ternas elaboradas por el Consejo de la Magistratura, órgano integrado por representantes de la comunidad jurídica, universidades, Poder Ejecutivo, Senado, Cámara de Diputados y de la propia Corte. Ese mismo consejo participa en la selección de magistrados, defensores públicos y candidatos a la Fiscalía General del Estado. Aunque el procedimiento responde al diseño constitucional, las decisiones finales continúan dependiendo, en gran medida, de acuerdos políticos que condicionan la independencia institucional.
La autonomía judicial no comienza cuando un magistrado asume el cargo. Se pone en juego desde el momento en que se define quién administrará justicia y bajo qué relaciones de poder accede a esa responsabilidad.
Sin embargo, reducir el problema a los mecanismos de nombramiento sería insuficiente. La principal debilidad del sistema judicial paraguayo reside en la persistencia de una cultura institucional donde el clientelismo, la impunidad y la selectividad continúan erosionando la confianza ciudadana.
Existe, además, una deuda que la democracia aún no ha logrado saldar. Paraguay sigue sin investigar y juzgar con la profundidad que exige el derecho internacional a los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura stronista. La ausencia de justicia frente al pasado no constituye únicamente una deuda con las víctimas. También proyecta sus efectos sobre el presente, debilitando la legitimidad de unas instituciones que todavía no han demostrado su capacidad para romper definitivamente con la herencia autoritaria.
Una Fiscalía cuestionada desde su funcionamiento
Las controversias que marcaron las últimas administraciones de la Fiscalía General del Estado revelan un problema que trasciende a quienes ocuparon el cargo.
Uno de los fiscales generales fue procesado por enriquecimiento ilícito y actualmente enfrenta el proceso en libertad mediante medidas alternativas a la prisión. Su sucesora concluyó su mandato después del asesinato de un agente fiscal vinculado a investigaciones sobre crimen organizado y abandonó la institución sin consecuencias administrativas relevantes, siendo posteriormente exonerada de responsabilidades internas.
Estos episodios fortalecieron una percepción ampliamente instalada en la sociedad paraguaya: la principal crisis de la Fiscalía no responde a nombres propios, sino al funcionamiento de una estructura cuya independencia continúa siendo objeto de serios cuestionamientos.
Diversos sectores sociales sostienen que la actuación del Ministerio Público responde con frecuencia a criterios selectivos. Mientras determinadas investigaciones avanzan con rapidez cuando afectan a dirigentes sociales o actores políticos enfrentados a los sectores tradicionales del poder, otras causas vinculadas con grandes esquemas de corrupción permanecen paralizadas durante años o terminan extinguiéndose entre recursos procesales, dilaciones y prescripciones.
La consecuencia más grave de esa percepción no es únicamente la pérdida de credibilidad institucional. También alimenta la idea de que la justicia deja de actuar como garantía de igualdad para convertirse, en determinados casos, en un instrumento funcional a las disputas por el poder político.
La percepción de selectividad se vuelve aún más evidente cuando se observan los conflictos sociales. Organizaciones campesinas, comunidades indígenas y movimientos populares denuncian desde hace años que el aparato penal ha sido utilizado para criminalizar la protesta y desarticular liderazgos sociales, mientras numerosas investigaciones relacionadas con redes de corrupción política y económica avanzan con una lentitud difícil de justificar.
El caso Curuguaty constituye uno de los ejemplos más emblemáticos de ese debate. Tras la masacre ocurrida en 2012, la investigación concentró sus esfuerzos en responsabilizar a campesinos pobres, construyendo una narrativa que los vinculó con organizaciones criminales y relegando interrogantes fundamentales sobre la actuación de las fuerzas estatales durante el operativo. Con el paso de los años, ese proceso fue objeto de crecientes cuestionamientos jurídicos y políticos, hasta llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde las víctimas solicitaron reparación internacional.
La misma percepción de selectividad aparece en investigaciones vinculadas con corrupción de gran escala. El caso Metrobus suele citarse como uno de los ejemplos más ilustrativos de expedientes que se prolongan indefinidamente hasta acercarse a la prescripción, reforzando la sensación de que la capacidad de respuesta del sistema judicial varía según el peso político o económico de los involucrados.
En sentido contrario, cuando emergen dirigentes con capacidad para alterar el equilibrio tradicional del poder, las acciones judiciales parecen intensificarse. Esa dinámica alimentó el debate sobre el lawfare: la utilización estratégica de instrumentos jurídicos para desgastar adversarios políticos bajo una apariencia de legalidad.
El caso Miguel Prieto
En ese contexto, el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, se convirtió en uno de los principales referentes de la discusión sobre la judicialización de la política en Paraguay.
A medida que aumentó su proyección nacional y comenzó a perfilarse como una de las figuras con mayores posibilidades de disputar las elecciones generales de 2028, también creció el número de denuncias promovidas en su contra. Paralelamente, impulsó la creación de un nuevo partido político con un discurso orientado a la renovación institucional y al cuestionamiento del modelo tradicional de representación política.
Más allá de la valoración que pueda hacerse de su gestión o de sus aspiraciones electorales, la coincidencia entre su crecimiento político y la intensificación de las acciones judiciales abrió un debate que supera ampliamente su figura. La discusión ya no se limita a establecer responsabilidades individuales, sino que interpela la capacidad del sistema judicial para actuar con independencia frente a las disputas por el poder.
Prieto sostiene que enfrenta una estructura judicial funcional a los intereses de la élite política y económica paraguaya. Sus detractores afirman, en cambio, que las investigaciones constituyen el funcionamiento normal de los mecanismos de control previstos por el Estado de derecho. Precisamente porque ambas interpretaciones coexisten en el espacio público, la única respuesta capaz de fortalecer la legitimidad institucional debe provenir de una justicia que demuestre, mediante sus propias actuaciones, que aplica los mismos criterios para todos.
La credibilidad del sistema judicial no depende únicamente de la legalidad de sus decisiones. También descansa sobre la confianza ciudadana en que ninguna persona será perseguida por razones políticas ni protegida por su posición económica, su influencia o sus vínculos con el poder. Cuando esa confianza se deteriora, la justicia deja de ser percibida como garantía de igualdad y comienza a convertirse en un escenario más de la confrontación política.
Recuperar la independencia de la justicia
Fortalecer el Estado de derecho exige mucho más que reemplazar autoridades o modificar procedimientos. Requiere instituciones capaces de actuar con autonomía frente al poder político, los intereses económicos y cualquier forma de presión que condicione el ejercicio de la justicia.
Desde esa perspectiva, el desafío paraguayo trasciende los casos individuales. La cuestión de fondo consiste en construir un sistema donde las investigaciones respondan exclusivamente a los hechos y al derecho, y no a las coyunturas políticas ni a los equilibrios de poder.
Ese debate ha reabierto la discusión sobre mecanismos destinados a blindar la administración de justicia frente a influencias externas. Entre las referencias aparece el principio inspirado en la lex Cincia, concebido en el derecho romano para impedir que beneficios económicos o intereses particulares influyeran sobre quienes ejercían funciones públicas. Más allá de su origen histórico, la idea conserva plena vigencia: la justicia solo puede cumplir su función cuando permanece libre de cualquier forma de condicionamiento político o patrimonial.
La administración de justicia constituye un bien público. Su legitimidad depende de que toda persona, independientemente de su posición económica, de su influencia política o de su pertenencia partidaria, tenga la certeza de que será juzgada conforme a los mismos principios.
En ese contexto, la decisión de Miguel Prieto de someterse a los procedimientos judiciales, aun cuestionando su imparcialidad, adquiere también una dimensión política e institucional. Más que un gesto de confianza en el funcionamiento del sistema, representa la decisión de disputar la legitimidad de las instituciones desde el marco del Estado de derecho y no al margen de él.
La referencia al Critón, de Sócrates, sintetiza esa posición. Cuando el filósofo afirma que «es mejor sufrir una injusticia que cometerla», no propone la resignación frente al abuso, sino la defensa de un principio ético: la respuesta a una justicia deficiente no puede consistir en abandonar la legalidad, sino en exigir que la ley recupere su verdadera función.
Paraguay enfrenta un desafío que trasciende el actual escenario político y las próximas elecciones. La consolidación democrática dependerá, en buena medida, de la capacidad para construir un sistema judicial verdaderamente independiente, capaz de investigar con el mismo rigor a quienes detentan poder y a quienes carecen de él. Mientras la justicia continúe operando con criterios selectivos y no logre consolidarse como una garantía efectiva para toda la ciudadanía, la transición democrática iniciada en 1989 seguirá siendo una promesa inconclusa.
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Rafael Portillo es sociólogo por la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana (UNILA).
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