FOZ DO IGUAÇU, Brasil — El sonido de potentes equipos instalados en vehículos durante las noches de los fines de semana ya no es solo una molestia para quienes viven cerca del río Paraná. En la Triple Frontera, el ruido atraviesa una frontera internacional y se ha convertido en un problema compartido entre Brasil y Paraguay.
Con ese argumento, una comisión de residentes de Foz do Iguaçu entregó al Consulado de Paraguay un documento respaldado por más de 500 firmas para solicitar la intervención de las autoridades paraguayas frente a la contaminación sonora originada en la zona conocida como Muelle, en la ciudad de Presidente Franco.
La iniciativa reúne a vecinos, comerciantes y representantes comunitarios de distintos barrios de Foz do Iguaçu, desde Porto Meira hasta Vila Portes, además de residentes del centro de la ciudad y del barrio Boicy. El objetivo no es impedir actividades recreativas ni eventos musicales, sino exigir el cumplimiento de las normas de convivencia y de control del ruido durante la madrugada.
Los cónsules Moisés Quintana e Iván Airaldi recibieron a la delegación y asumieron el compromiso de trasladar la demanda a las autoridades competentes de Presidente Franco y del Gobierno paraguayo.
Un problema que cruza el río
Según los vecinos, los episodios más críticos ocurren los viernes, sábados y domingos por la noche, cuando vehículos equipados con sistemas de sonido de alta potencia se concentran junto al río Paraná.
La cercanía entre Presidente Franco y Foz do Iguaçu hace que el sonido se propague con facilidad sobre el río y alcance barrios enteros del lado brasileño, afectando el descanso de miles de personas.
Entre los sectores más perjudicados figuran familias, personas mayores, niños, trabajadores, edificios residenciales y comunidades religiosas que desarrollan actividades sociales y asistenciales en la zona fronteriza.
La Congregación Fraternidad El Camino, dedicada al acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad, también señaló que el ruido interfiere en el descanso de religiosas y misioneras que mantienen una intensa labor comunitaria.
Durante la reunión en el consulado, representantes del Destacamento de Control del Espacio Aéreo de Foz do Iguaçu advirtieron que la situación también afecta a técnicos y controladores responsables de la seguridad del tránsito aéreo en la región donde convergen Brasil, Paraguay y Argentina.
Un desafío compartido por las ciudades fronterizas
Parte de esos profesionales reside a pocos cientos de metros del lugar desde donde se propaga el sonido, una situación que, según los participantes del encuentro, compromete los períodos de descanso necesarios para el desempeño de funciones de alta responsabilidad.
El presidente del Consejo de Desarrollo Trinacional (Codetri), Roni Temp, sostuvo que la búsqueda de una solución pasa por el diálogo entre las instituciones de ambos países.
“La Triple Frontera ha demostrado en distintas ocasiones que la cooperación permite resolver problemas comunes. Confiamos en que este también pueda enfrentarse mediante el trabajo conjunto de las autoridades.”
Por su parte, el presidente de la Junta Municipal de Presidente Franco, Luis Fernando Vargas, manifestó su disposición a colaborar con la municipalidad, el Ministerio Público y los organismos de seguridad paraguayos para fortalecer las acciones de fiscalización. También propuso crear un canal permanente de comunicación entre las instituciones y la comunidad para facilitar las denuncias y la actuación ante nuevas infracciones.
La contaminación sonora forma parte de los problemas ambientales urbanos que con mayor frecuencia trascienden los límites administrativos en las regiones de frontera de América Latina. El ruido, la contaminación del aire, el uso compartido de los recursos hídricos y la movilidad cotidiana obligan a los gobiernos locales a coordinar respuestas más allá de sus propias jurisdicciones.
Lo ocurrido entre Foz do Iguaçu y Presidente Franco vuelve a poner de manifiesto que las fronteras no solo conectan economías y culturas. También comparten desafíos que requieren cooperación permanente entre instituciones y comunidades para garantizar derechos tan básicos como el descanso, la salud y la calidad de vida.
