Por Mauricio J. Aviliez A. y Milton Mejía C.
A pocos días de las elecciones presidenciales, el llamado al denominado «voto cristiano» dejó de ser una simple consigna electoral para convertirse en uno de los fenómenos políticos más significativos de la actual campaña colombiana. La exhortación de algunos líderes religiosos a votar exclusivamente por candidatos identificados con el cristianismo no expresa únicamente una preferencia confesional: revela la creciente articulación entre determinados sectores religiosos y un proyecto político que busca conferir legitimidad teológica a una determinada concepción del poder.
La participación de las iglesias en la política colombiana no constituye una novedad. Sin embargo, desde la Asamblea Nacional Constituyente y, sobre todo, tras el plebiscito por la paz de 2016, algunos sectores religiosos ampliaron de manera significativa su capacidad de influencia electoral, su presencia en el debate público y su protagonismo en la definición de agendas políticas.
Ese crecimiento obliga a distinguir entre dos fenómenos profundamente diferentes. El primero corresponde al ejercicio legítimo de la ciudadanía por parte de creyentes que participan en la vida política desde sus convicciones personales. El segundo aparece cuando determinadas organizaciones religiosas intentan orientar el comportamiento electoral de sus fieles, presentando una opción política específica como la única compatible con la fe cristiana.
La diferencia no es menor. Mientras el primer caso forma parte del pluralismo democrático, el segundo desplaza la competencia política hacia un terreno donde el disenso deja de ser una expresión legítima de la democracia para convertirse en una supuesta desviación moral o espiritual.
Colombia ofrece un escenario especialmente sensible para esa transformación. Aunque la mayoría de la población continúa identificándose con alguna confesión cristiana, el universo religioso colombiano dista mucho de ser homogéneo. Católicos, iglesias protestantes históricas, comunidades evangélicas, pentecostales, neopentecostales e iglesias independientes conforman un mosaico diverso, con trayectorias, doctrinas y prácticas muy distintas entre sí.
Reconocer esa diversidad resulta indispensable para evitar generalizaciones injustas. No todas las iglesias participan de la misma manera en la política, ni todas comparten los mismos proyectos o estrategias. Sin embargo, sí puede observarse el fortalecimiento de un sector que combina fundamentalismo religioso, conservadurismo moral y propuestas políticas de carácter autoritario.
Ese fenómeno adquiere una expresión particularmente visible alrededor de la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella.
La discusión, por tanto, no gira alrededor de la fe cristiana, sino del uso político de la religión. Más específicamente, de la utilización del discurso religioso para legitimar proyectos que buscan restringir derechos, deslegitimar el pluralismo y presentar determinadas concepciones morales como si fueran el único fundamento posible del Estado democrático.
Existe un concepto capaz de describir ese proceso con precisión: cristofascismo.
Cuando la fe se convierte en instrumento de poder
La teóloga alemana Dorothee Sölle acuñó el término cristofascismo para analizar la adhesión de sectores del cristianismo al proyecto político del nazismo. Su reflexión mostró cómo el régimen de Adolf Hitler recurrió al lenguaje religioso para dotar de legitimidad moral a un proyecto profundamente autoritario, convirtiendo símbolos de la fe en instrumentos de movilización política.
El concepto conserva plena vigencia porque no alude simplemente al conservadurismo religioso. Describe la utilización del cristianismo para justificar la concentración del poder, la exclusión de quienes piensan diferente y la restricción de derechos en nombre de una supuesta verdad moral absoluta.
Desde esa perspectiva, el cristofascismo no se expresa únicamente a través de posiciones contrarias al aborto, la eutanasia o los derechos de las personas LGBTQIA+. Su rasgo distintivo aparece cuando esas convicciones dejan de formar parte del debate democrático y pasan a presentarse como principios incuestionables que el Estado debe imponer al conjunto de la sociedad.
En Colombia, esa lógica comienza a hacerse visible en determinados discursos vinculados a la candidatura de Abelardo de la Espriella. Expresiones como «guerra política» o «guerra espiritual» no constituyen simples recursos retóricos. Construyen una narrativa donde el adversario deja de ser un competidor democrático para convertirse en un enemigo moral cuya derrota adquiere un carácter casi religioso.
Ese desplazamiento transforma la política en una cruzada y sustituye el debate público por una lógica de confrontación absoluta. Cuando el desacuerdo se interpreta como una amenaza contra Dios, la patria o la familia, el pluralismo deja de percibirse como un rasgo esencial de la democracia y comienza a presentarse como un problema que debe ser corregido.
Del púlpito a la arena electoral
La instrumentalización de la religión con fines políticos no constituye un fenómeno exclusivo de Colombia. A lo largo del último siglo, distintos proyectos autoritarios recurrieron al lenguaje religioso para conferir legitimidad moral a propuestas que restringían libertades, concentraban poder y convertían la diferencia en una amenaza. La apelación a una supuesta autoridad divina permite desplazar el debate político hacia un terreno donde la obediencia reemplaza a la deliberación.
Ese mecanismo adquiere especial eficacia cuando la confrontación democrática deja de plantearse como una disputa entre proyectos de país y pasa a interpretarse como un combate entre el bien y el mal. Quien discrepa deja de ser un adversario legítimo para convertirse en un enemigo de la fe, de la nación o de la familia.
Es precisamente esa lógica la que empieza a instalarse en sectores del debate político colombiano. El llamado al «voto cristiano» deja de ser una invitación dirigida a creyentes para transformarse en una estrategia destinada a identificar una candidatura con la voluntad de Dios y a descalificar, por contraste, cualquier alternativa política como moralmente ilegítima.
La consecuencia trasciende el proceso electoral. Cuando una opción política pretende monopolizar la representación de los valores cristianos, la diversidad religiosa desaparece del espacio público y el pluralismo democrático comienza a erosionarse. Colombia no pertenece a una única iglesia, ni el cristianismo colombiano puede reducirse a una sola interpretación doctrinal. Pretender lo contrario supone convertir una convicción religiosa particular en criterio de organización del Estado.
Ese desplazamiento resulta incompatible con una democracia constitucional. La libertad religiosa protege el derecho de todas las personas a creer, no creer o profesar distintas confesiones. No autoriza, sin embargo, que una determinada interpretación de la fe aspire a convertirse en fundamento exclusivo de las instituciones públicas o en parámetro para definir quién merece plena ciudadanía.
Por eso, el cristofascismo no representa únicamente una corriente ideológica. Constituye una forma de ejercer el poder que fusiona autoridad religiosa y autoridad política hasta hacerlas indistinguibles. Cuando esa frontera desaparece, también comienza a debilitarse la capacidad de la democracia para proteger la igualdad de quienes piensan, creen o viven de manera diferente.
Mucho más que una elección
Reducir este fenómeno a la coyuntura electoral implicaría subestimar su verdadero alcance. Lo que hoy se discute en Colombia excede ampliamente la competencia entre candidaturas. Está en juego la preservación de un orden democrático basado en el pluralismo, la igualdad jurídica y la convivencia entre distintas visiones del mundo.
La experiencia internacional demuestra que los proyectos autoritarios rara vez se presentan como enemigos de la democracia. Por el contrario, suelen invocar la defensa del orden, la familia, la religión o la patria para justificar restricciones progresivas al pluralismo y a los derechos fundamentales. Su fortaleza no radica únicamente en la capacidad de movilizar adhesiones, sino en transformar convicciones morales en instrumentos de legitimación política.
Colombia enfrenta hoy ese desafío. No porque la religión participe del debate público —algo plenamente legítimo en una sociedad democrática—, sino porque determinados sectores pretenden convertir sus creencias en criterio excluyente para orientar el poder del Estado y definir quiénes representan los auténticos valores nacionales.
La democracia, sin embargo, descansa sobre un principio distinto. Ninguna confesión posee el monopolio de la verdad política y ningún proyecto de poder puede reclamar para sí una legitimidad superior por invocar el nombre de Dios. Allí donde la fe deja de ser una convicción personal para transformarse en mecanismo de exclusión, la democracia comienza a perder uno de sus fundamentos esenciales: el reconocimiento de la igualdad entre ciudadanos.
La democracia no admite verdades únicas
La historia latinoamericana demuestra que los derechos y las libertades nunca quedan definitivamente asegurados. Cada generación debe decidir si fortalece las instituciones democráticas o permite que el miedo, el fanatismo y la intolerancia redefinan los límites de la convivencia. Colombia enfrenta hoy esa decisión.
El problema no reside en la participación política de las iglesias ni en el compromiso ciudadano de las personas creyentes. Una democracia plural garantiza ese derecho y lo protege como parte de la libertad de conciencia. El riesgo aparece cuando la religión deja de inspirar convicciones personales para convertirse en un instrumento destinado a legitimar proyectos excluyentes y a descalificar cualquier discrepancia como una amenaza moral.
El cristofascismo avanza precisamente por ese camino. No pretende prohibir la democracia; busca redefinirla. Sustituye el debate por el dogma, el pluralismo por la obediencia y la deliberación ciudadana por la autoridad religiosa. Bajo esa lógica, los derechos dejan de ser universales para convertirse en privilegios reservados a quienes encajan en una determinada concepción moral de la sociedad.
Ese es el verdadero alcance del fenómeno que hoy comienza a consolidarse en algunos sectores de la política colombiana. Lo preocupante no es únicamente la posibilidad de que un candidato llegue al poder respaldado por liderazgos religiosos, sino la normalización de una cultura política que convierte la diferencia en sospecha, la diversidad en amenaza y el disenso democrático en una forma de enemistad.
Las democracias no se debilitan únicamente mediante golpes de Estado o rupturas institucionales. También pueden erosionarse cuando la ciudadanía acepta, de manera gradual, que determinados grupos tienen menos derechos, menos legitimidad o menor capacidad para participar en la vida pública. Ese deterioro suele comenzar con el lenguaje antes de traducirse en decisiones políticas.
Por ello, la defensa del Estado laico no constituye una postura contraria a la religión. Es una garantía para todas las creencias y también para quienes no profesan ninguna. Solo un Estado que mantiene independencia frente a cualquier confesión puede asegurar que la libertad religiosa sea un derecho compartido y no un privilegio ejercido desde el poder.
En tiempos de creciente polarización, preservar esa separación representa una condición indispensable para proteger la democracia colombiana. No porque la fe deba quedar excluida del espacio público, sino porque ninguna interpretación religiosa puede asumir la potestad de definir quién pertenece plenamente a la comunidad política y quién debe quedar al margen de ella.
Esa es la advertencia que plantea el cristofascismo. Y esa es, también, la responsabilidad que hoy enfrenta Colombia.
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Mauricio J. Aviliez A. es magíster en Economía, especialista en Cooperación Internacional para el Desarrollo y doctorando en Ciencias Sociales. Sus investigaciones se centran en las relaciones entre religión, política, economía y democracia en América Latina.
Milton Mejía C. es pastor bautista, teólogo y docente universitario. Desarrolla investigaciones en estudios bíblicos, teología latinoamericana, derechos humanos y relaciones entre religión y sociedad.
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Referencias
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