*Por Amilton Farias
La disputa por el litio, el cobre y las tierras raras colocó a América Latina en el centro de la confrontación geopolítica entre Washington y Pekín por el control de las tecnologías estratégicas, las baterías eléctricas y la industria militar. Durante 2026, una nueva ola de gobiernos conservadores llegó al poder en varios países de la región y priorizó los acuerdos directos con Donald Trump. Mientras Argentina, Colombia, Chile y Perú avanzaron en compromisos relacionados con la minería, gobiernos como los de Ecuador, El Salvador y Guatemala profundizaron sus vínculos económicos mediante acuerdos comerciales desiguales.
Este giro pone de manifiesto una contradicción de fondo en las derechas regionales. Presidentes que basan sus discursos en himnos, banderas y llamados al orden renuncian a ejercer plenamente la soberanía nacional cuando se sientan a negociar con Washington. Al conceder acceso a yacimientos estratégicos sin exigir investigación local, transferencia tecnológica ni procesamiento industrial dentro de sus propios territorios, convierten el patriotismo en una farsa discursiva.
La soberanía no se reduce a consignas de campaña. Se define por la capacidad concreta de un Estado para decidir sobre sus propios recursos e impedir que su territorio funcione como un simple enclave extractivo al servicio de potencias extranjeras.
La ofensiva de Washington frente a Pekín
La Casa Blanca tiene una prioridad clara: reducir el dominio chino sobre la refinación y el procesamiento de minerales esenciales para la transición energética. En febrero de 2026, reunió a decenas de países y a la Comisión Europea con el objetivo de establecer precios mínimos y sellar acuerdos destinados a proteger la industria pesada occidental.
La estrategia de Trump va mucho más allá de la compra de materias primas. Busca establecer reglas aduaneras, intervenir en la exploración geológica del subsuelo sudamericano y financiar empresas privadas para controlar yacimientos, limitar la presencia de Pekín y garantizar el suministro de minerales a las industrias estadounidenses.
Argentina: Milei abre las puertas del subsuelo
Javier Milei llevó el alineamiento con la Casa Blanca a un nivel de subordinación directa. A principios de febrero de 2026, firmó compromisos relacionados con la minería y un tratado de inversiones que vincula los recursos del país al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El acuerdo compromete al Gobierno nacional a presionar a las provincias para facilitar concesiones a empresas estadounidenses y otorga prioridad a Estados Unidos en el acceso al litio y al cobre.
En la práctica, Argentina entrega sus reservas a cambio de divisas urgentes, sin exigir la instalación de plantas industriales, sin garantizar la creación de empleos técnicos especializados y sin asegurar que una parte sustancial del desarrollo económico permanezca en el país y beneficie a su población.
Colombia, Chile y Perú: concesiones sin debate público
La misma lógica se extiende a los países andinos. En Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella formalizó en Barranquilla acuerdos sobre minería y energía nuclear civil ante el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Aunque el discurso oficial promete generar valor agregado, las cláusulas responden a las prioridades energéticas y militares de Washington, sin mecanismos suficientes de control público sobre los contratos ni garantías claras para los derechos territoriales de las comunidades de las zonas de explotación.
En Chile, José Antonio Kast firmó mecanismos bilaterales de consulta destinados a acelerar las operaciones en salares y yacimientos de cobre. La urgencia por abastecer a las empresas automotrices del norte deja en segundo plano las históricas demandas ambientales y posterga el desarrollo de una industria propia de baterías dentro del territorio chileno.
En Perú, los memorandos acordados con Washington buscan ampliar la presencia estadounidense en un sector dominado ampliamente por Pekín. Según datos del portal de investigación OjoPúblico, Perú exportó más de 69 millones de toneladas de minerales entre 2021 y 2026: China recibió el 69 % de esos envíos, mientras que Estados Unidos apenas compró el 1,3 %. Estos acuerdos avanzan sin un debate público amplio y sin garantías de que los ingresos de la minería se destinen a financiar la salud, la educación y la infraestructura productiva.
En Centroamérica y Ecuador, los acuerdos comerciales bilaterales profundizan el mismo modelo. Calificar de recíprocos a tratados en los que economías dependientes de la exportación de materias primas eliminan aranceles frente a grandes conglomerados industriales extranjeros es una forma de cinismo diplomático. En condiciones desiguales, estos acuerdos pueden debilitar la producción local y reducir la capacidad de los Estados para proteger sus mercados internos.
Brasil: dos proyectos de país en pugna
Frente a esta tendencia a conceder ventajas a las potencias extranjeras, Brasil abrió un debate de fondo sobre su papel internacional. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgó la Política Nacional de Minerales Críticos, Estratégicos y Tierras Raras, que, según el planteamiento presentado, prohíbe exportar minerales en bruto sin una contrapartida industrial y exige que las materias primas se procesen dentro del territorio brasileño.
Ante las presiones externas, Lula fijó posición al recordar la historia de saqueo de los recursos minerales que ha sufrido la región:
“Brasil no aceptará ser colonia.”
La ley ofrece incentivos fiscales para la refinación local y condiciona cualquier alianza con Washington, Pekín o Bruselas al respeto de la soberanía nacional y a la creación de empleos calificados. En sentido contrario, el senador Flávio Bolsonaro impulsa la apertura sin restricciones a la explotación de los recursos minerales y un alineamiento automático con Donald Trump, siguiendo la fórmula de Milei.
El dilema es claro: o Brasil consolida una industria propia vinculada a la transición energética o corre el riesgo de quedar reducido a un simple proveedor de materias primas para las grandes potencias industriales.
El destino de los recursos comunes
América Latina conoce el costo de siglos de explotación extractiva. Montañas enteras fueron perforadas y comunidades enteras quedaron empobrecidas, mientras las ganancias más importantes alimentaban las economías de las grandes potencias y de los centros industriales situados fuera de la región.
Superar ese ciclo no significa cerrar las fronteras ni romper las relaciones diplomáticas. Significa negociar desde una posición de firmeza y soberanía: exigir una transferencia tecnológica efectiva, instalar plantas de procesamiento propias y proteger el agua, los territorios y las comunidades afectadas por la explotación minera.
La diferencia entre soberanía y entreguismo está en quién decide el destino de los recursos y quién se beneficia de su explotación. Defender a nuestras naciones exige que la riqueza del subsuelo latinoamericano contribuya al desarrollo de la ciencia, la industria y el trabajo, y al bienestar de nuestros pueblos, en lugar de alimentar los intereses de las grandes potencias industriales.
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*Amilton Farias es periodista y editor jefe del Portal Fronteira Livre
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Este texto refleja la opinión institucional del portal Fronteira Livre sobre el tema abordado.
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