Por Giovanni Antunes
Cada vez que una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer, América Latina enfrenta una realidad que no puede seguir explicándose como una suma de casos aislados. Detrás de cada feminicidio existe una estructura social que continúa produciendo violencia, desigualdad y muerte.
Las cifras cambian de un país a otro. Los contextos políticos son distintos. Sin embargo, el patrón se repite desde México hasta Argentina, pasando por Centroamérica, la región andina y el Cono Sur. Miles de mujeres siguen siendo víctimas de una violencia que no surge de manera espontánea, sino que se alimenta de relaciones históricas de poder profundamente arraigadas en nuestras sociedades.
Por eso el feminicidio no puede ser entendido únicamente como un problema policial o judicial.
Es también un problema político.
Es un problema cultural.
Es un problema educativo.
Ninguna persona nace creyendo que tiene derecho a controlar, someter o decidir sobre la vida de otra. Esas ideas son aprendidas. Se transmiten de generación en generación mediante discursos, prácticas sociales y estructuras que normalizan la desigualdad entre hombres y mujeres.
La violencia no aparece de repente.
Se construye.
Se reproduce.
Se legitima.
Y cuando una sociedad deja de cuestionarla, termina convirtiéndola en parte de su normalidad cotidiana.
América Latina carga todavía con herencias profundas del colonialismo, del patriarcado y de sistemas históricos de exclusión que colocaron a las mujeres en posiciones subordinadas dentro de la vida política, económica y social. Aunque las últimas décadas estuvieron marcadas por importantes conquistas en materia de derechos, muchas de esas estructuras continúan operando bajo nuevas formas.
El feminicidio es una de las expresiones más brutales de esa realidad.
Por eso resulta insuficiente discutir únicamente las consecuencias de la violencia. También es necesario analizar los mecanismos que la producen.
Y es precisamente allí donde la educación adquiere una importancia fundamental.
Las mujeres no deberían morir por el simple hecho de ser mujeres.
Si queremos construir sociedades capaces de romper los ciclos de violencia, debemos reconocer que la escuela es mucho más que un espacio destinado a transmitir contenidos académicos. Es uno de los principales escenarios donde se forman valores, se construyen visiones de mundo y se aprenden formas de convivencia social.
En las aulas no solo se enseñan matemáticas, ciencias o literatura.
También se discuten, explícita o implícitamente, conceptos relacionados con igualdad, respeto, derechos humanos y ciudadanía.
La educación nunca ocurre en el vacío.
Las escuelas son espacios donde conviven proyectos de sociedad distintos y muchas veces enfrentados. Allí se expresan valores democráticos, pero también prejuicios. Allí pueden reproducirse desigualdades, pero también pueden construirse herramientas para combatirlas.
Por eso la discusión sobre violencia de género no puede quedar fuera del debate educativo.
El machismo estructural no habita únicamente en las instituciones políticas, en los mercados laborales o en determinados discursos religiosos. También atraviesa los espacios educativos.
Está presente en los estereotipos que condicionan las expectativas sobre niñas y niños.
Está presente en la idea de que determinadas profesiones, comportamientos o responsabilidades corresponden a un género específico.
Está presente en formas cotidianas de discriminación que muchas veces pasan inadvertidas por haber sido naturalizadas durante décadas.
Combatir esas prácticas no significa adoctrinar.
Significa defender derechos fundamentales.
Sin embargo, en distintos países latinoamericanos han surgido campañas políticas destinadas a bloquear cualquier discusión relacionada con igualdad de género, diversidad y derechos de las mujeres. Conceptos como “ideología de género” fueron utilizados para sembrar miedo, desinformación y desconfianza hacia las instituciones educativas.
El resultado ha sido preocupante.
Mientras los debates se desplazan hacia falsas polémicas, la violencia continúa cobrando vidas.
Al mismo tiempo, nuevas formas de misoginia encuentran espacio en plataformas digitales y redes sociales. Comunidades vinculadas a la llamada machosfera y discursos inspirados en corrientes antifeministas ganan influencia entre sectores de la juventud, transformando frustraciones personales en narrativas de odio dirigidas contra las mujeres.
Ignorar este fenómeno sería un error político y social de enormes dimensiones.
La violencia de género no se combate únicamente con castigos.
Se combate también mediante prevención.
Se combate mediante educación.
Se combate construyendo sociedades capaces de reconocer la igualdad como un principio democrático básico.
La educación no resolverá por sí sola el problema del feminicidio. América Latina necesita fortalecer sistemas de protección, garantizar acceso efectivo a la justicia y desarrollar políticas públicas que permitan prevenir la violencia antes de que ocurra.
Pero ninguna transformación profunda será posible si las nuevas generaciones continúan creciendo dentro de los mismos esquemas culturales que alimentan la discriminación y la violencia.
Porque el feminicidio no comienza con el crimen.
Comienza mucho antes.
Comienza cuando una sociedad acepta que algunas vidas valen menos que otras.
Por eso defender la educación es también defender la vida.
Y en una región donde miles de mujeres siguen siendo asesinadas cada año, esa tarea constituye una responsabilidad colectiva que ya no admite postergaciones.
*Giovanni Antunes es licenciado en historia y profesor de educación infantil en Foz do Iguaçu, Paraná.
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