La Paz, BOL – El Gobierno del presidente conservador Rodrigo Paz y el Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron un acuerdo técnico por 36 meses para respaldar un programa de reformas económicas en Bolivia, en medio de una crisis marcada por el déficit fiscal, la reducción de las reservas internacionales, la caída de la producción de hidrocarburos y las distorsiones en el mercado cambiario.
El acuerdo contempla un financiamiento de US$ 1.900 millones por parte del FMI y podría contribuir a movilizar hasta US$ 5.000 millones adicionales de otros organismos y socios internacionales. El programa todavía deberá ser sometido a la aprobación del directorio del organismo multilateral antes de entrar en vigor.
Las negociaciones se desarrollaron durante reuniones entre las autoridades bolivianas y el equipo técnico del FMI en Washington, entre mayo y julio de 2026. El objetivo es respaldar las reformas económicas impulsadas por el Gobierno de Paz, mientras el país enfrenta protestas relacionadas con la situación económica.
El anuncio fue realizado por Joana Pereira, quien encabezó la misión técnica del FMI. Según el organismo, el programa se enmarca en el Servicio Ampliado del FMI y busca acompañar
“un programa integral de reformas económicas”planteado por las autoridades bolivianas.
Ajuste fiscal y reformas cambiarias
Uno de los principales objetivos del programa es restablecer la sostenibilidad de las cuentas públicas mediante una racionalización del gasto estatal. El FMI plantea mejorar la eficiencia y focalización de los recursos públicos, al tiempo que busca fortalecer las redes de protección social para evitar que el ajuste recaiga sobre los sectores más vulnerables.
El organismo también respalda las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno para modificar la política monetaria y avanzar hacia un régimen cambiario más flexible.
De acuerdo con Pereira, estas modificaciones buscan contener las distorsiones del mercado cambiario, contribuir a la estabilidad de los precios y reconstruir las reservas internacionales de Bolivia.
Entre los compromisos asumidos por el Gobierno también figura mantener en cero el financiamiento monetario del déficit fiscal y reforzar la gobernanza y la autonomía operativa del Banco Central de Bolivia. El cumplimiento de estas medidas será revisado por el FMI como parte de las condiciones para mantener los desembolsos del programa.
El acuerdo contempla además medidas destinadas a fortalecer la resiliencia del sistema financiero y mejorar la competitividad, la productividad y la gobernanza de la economía boliviana.
Un paquete de hasta US$ 5.000 millones
Los US$ 1.900 millones comprometidos por el FMI podrían formar parte de un paquete financiero de mayor alcance. El organismo espera que su programa actúe como catalizador para atraer recursos adicionales del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros socios internacionales.
El objetivo es movilizar al menos US$ 5.000 millones durante los mismos 36 meses de duración del programa. Estos recursos ampliarían el margen de maniobra del Gobierno boliviano para implementar las reformas previstas.
El respaldo financiero llega después de varios años de deterioro de algunos de los principales indicadores macroeconómicos del país. Bolivia enfrenta un elevado déficit fiscal, una disminución de la producción de hidrocarburos, menores reservas internacionales, un aumento del costo de vida y fuertes distorsiones en el mercado cambiario.
El acercamiento entre La Paz y el FMI representa un cambio en una relación que durante más de dos décadas estuvo marcada por la distancia política. Durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), especialmente durante la administración del expresidente Evo Morales, Bolivia mantuvo una relación limitada con el organismo multilateral.
La distancia continuó durante el Gobierno de Luis Arce, entre 2020 y 2025. En ese período, las autoridades rechazaron un financiamiento del FMI que había sido gestionado durante el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
El nuevo acuerdo técnico deberá ahora ser evaluado y aprobado por el directorio del FMI para que el programa pueda entrar formalmente en vigor.



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