Bogotá, COL – Una serie de ataques y amenazas contra instalaciones militares, carreteras y medios de comunicación puso en alerta a Colombia durante este fin de semana. Los hechos comenzaron el sábado 7 de noviembre e incluyen un ataque con drones cargados de explosivos contra una base militar, que dejó tres soldados muertos y cerca de 30 personas heridas, además de atentados en el departamento del Cauca y amenazas contra medios de comunicación en Bogotá.
La situación obligó a evacuar preventivamente la sede principal de Caracol Televisión durante la noche del sábado. La escalada de violencia coincide con los primeros 90 días de Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
Desde su llegada al poder, el mandatario ha adoptado una política de confrontación directa contra los grupos armados ilegales, mediante operaciones militares, bombardeos, extradiciones y el refuerzo de la presencia de las fuerzas de seguridad en distintas regiones del país.
Esta estrategia representa un cambio frente a la política de paz total del expresidente Gustavo Petro, quien intentó negociar con diferentes organizaciones armadas sin conseguir frenar la expansión de la violencia. Colombia enfrenta un conflicto armado desde hace más de seis décadas y los enfrentamientos continuaron incluso después de la firma del acuerdo de paz con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016.
De la Espriella anunció que al menos 142 personas habían sido extraditadas hasta octubre. También ordenó la militarización de algunas ciudades, entre ellas Cúcuta, en la frontera con Venezuela.
La política de seguridad del actual Gobierno, una de las principales promesas de campaña del presidente, también ha recibido críticas de sectores defensores de los derechos humanos. Las imágenes del mandatario caminando entre bolsas con los cuerpos de personas señaladas como integrantes de grupos armados, abatidas durante operaciones militares, han generado cuestionamientos sobre la forma en que se desarrollan estas acciones.
La sucesión de ataques durante el fin de semana vuelve a poner en discusión los resultados de la política de confrontación del Gobierno y la capacidad de los grupos armados para continuar ejecutando acciones violentas en diferentes zonas del territorio colombiano.
Ataque con drones deja tres soldados muertos en Bolívar
El episodio más grave ocurrió en el cantón militar de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar, al norte de Colombia. Un ataque con aeronaves no tripuladas equipadas con artefactos explosivos dejó tres soldados muertos y alrededor de 30 personas heridas. Entre los lesionados, ocho militares permanecían en estado grave, según informó el Ejército.
Los soldados fallecidos fueron identificados como Jairo Lince Carvajal, Dilan Andrés Lozano León y Álvaro Pushaina. La institución militar confirmó sus muertes mediante un comunicado, en el que también expresó sus condolencias a los familiares y compañeros de las víctimas.
El ministro de Defensa, Jorge Mora, atribuyó el ataque al autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según el funcionario, la ofensiva podría ser una represalia por la captura de un integrante de esa organización conocido como alias Carrito, señalado como cabecilla del Frente de Resistencia Guamocó.
“Este ataque contra nuestra Fuerza Pública sería una retaliación del ELN por la captura de alias ‘Carrito’, cabecilla del Frente de Resistencia Guamocó”, afirmó el ministro.
El Ejército explicó que los drones utilizados en el ataque habían sido acondicionados con dispositivos explosivos. Las detonaciones también provocaron importantes daños en las instalaciones militares, según muestran imágenes difundidas en redes sociales.
El alcalde de Santa Rosa del Sur, Milton Olaya, rechazó el atentado y solicitó al Gobierno nacional el envío de refuerzos para garantizar la seguridad de la población.
El presidente Abelardo de la Espriella también condenó el ataque y expresó su solidaridad con las familias de los militares fallecidos y los uniformados heridos. Además, ordenó intensificar las operaciones de seguridad para identificar y capturar a los responsables, debilitar sus estructuras criminales y recuperar el control de los territorios afectados por la violencia.
En la zona donde ocurrió el ataque operan el ELN y el Clan del Golfo, dos organizaciones que mantienen disputas por el control territorial y de las rutas del narcotráfico. Esta situación ya había sido advertida por la Defensoría del Pueblo en una alerta temprana publicada en enero.
Explosiones afectan carreteras y un peaje en el departamento del Cauca
Además del ataque contra la base militar en Bolívar, se registraron otros dos episodios con explosivos en el departamento del Cauca, en el suroccidente colombiano. Los hechos aumentaron la preocupación de las autoridades por la seguridad de las comunidades y de quienes transitan por las principales carreteras de la región.
Uno de los ataques ocurrió en la vereda Playa Rica, en el municipio de Suárez. Un artefacto explosivo detonó sobre la carretera que comunica la cabecera municipal con el corregimiento de Betulia. El alcalde César Lizardo Cerón confirmó que no hubo personas heridas ni víctimas mortales.
Pese a la ausencia de víctimas, las autoridades recomendaron extremar las precauciones ante la posibilidad de que existan otros dispositivos explosivos instalados a lo largo de la vía.
El segundo atentado tuvo como objetivo el peaje de Mondomo, ubicado sobre la carretera Panamericana, a la altura de la vereda Cachimbal, en jurisdicción de Santander de Quilichao.
El ataque ocurrió alrededor de la 1:45 de la madrugada de este domingo 8 de noviembre. Según la información disponible, dos individuos que se movilizaban en motocicleta lanzaron dos artefactos explosivos contra las instalaciones. Las primeras versiones apuntan a que podrían tratarse de granadas de fragmentación.
La detonación causó daños principalmente en las casetas de recaudo del peaje, que todavía se encuentra en construcción y no ha comenzado a funcionar. Según información difundida por medios colombianos, este punto de la infraestructura vial ha sido atacado en cinco ocasiones desde el inicio de las obras.
Tras el atentado, Diana Murillo, subsecretaria de Paz y Gobernanza del departamento del Cauca, pidió al Gobierno nacional convocar un consejo de seguridad para revisar la situación y definir medidas de protección para la población.
Por su parte, la Alcaldía de Suárez hizo un llamado a respetar el Derecho Internacional Humanitario, evitar la manipulación de objetos sospechosos y seguir únicamente las recomendaciones de los organismos oficiales.
Los ataques ocurren en una región estratégica para la movilidad y la conexión entre el sur de Colombia y el resto del territorio nacional. Las circunstancias de las explosiones continúan bajo investigación.
Amenazas contra medios de comunicación obligan a evacuar una sede en Bogotá
La violencia también alcanzó al sector de las comunicaciones. Las autoridades colombianas activaron protocolos de seguridad después de recibir información sobre posibles atentados contra diferentes medios de comunicación en Bogotá.
Durante la noche del sábado, la sede principal de Caracol Televisión fue evacuada preventivamente. El canal informó que había recibido una advertencia de las autoridades sobre posibles planes de grupos armados ilegales para atacar sus instalaciones, ubicadas en el noroccidente de la capital. En el mismo complejo también funcionan el diario El Espectador y la emisora Blu Radio.
Durante las primeras verificaciones, la Policía informó que no había encontrado explosivos dentro del edificio ni en sus alrededores. Sin embargo, la alerta generó preocupación entre los trabajadores de prensa y otros integrantes del sector periodístico.
Caracol Radio también confirmó que recibió información oficial sobre el riesgo de un posible atentado contra sus instalaciones y otros medios de comunicación. La emisora activó protocolos preventivos para proteger a sus periodistas, trabajadores y visitantes.
Su sede está ubicada en el edificio Plaza 67, donde también funcionan la Agencia EFE y el diario español El País. A diferencia de lo ocurrido en Caracol Televisión, el edificio no tuvo que ser evacuado.
Las advertencias también alcanzaron a otros medios de comunicación. Información de inteligencia señaló posibles acciones del ELN contra las instalaciones de Caracol Televisión y RCN, dos de los principales canales de televisión del país.
Ante la gravedad de las amenazas, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó desplegar las capacidades de seguridad del Estado para proteger a los medios de comunicación, sus trabajadores y sus familias. También dispuso reforzar los esquemas de protección de la revista SEMANA.
El mandatario afirmó que su Gobierno no permitirá que los grupos armados ilegales intimiden a los periodistas ni interfieran en el trabajo de la prensa.
La Alcaldía de Bogotá informó que la Fiscalía compartió los datos sobre las amenazas con las autoridades distritales y los medios afectados. El alcalde Carlos Fernando Galán solicitó convocar al Centro Integrado de Información e Inteligencia para evaluar los riesgos y coordinar las medidas preventivas.
Las advertencias provocaron el rechazo de diferentes representantes de las instituciones públicas. La defensora del pueblo, Iris Marín, y el procurador general, Gregorio Eljach, expresaron su solidaridad con los trabajadores de los medios y reclamaron garantías para el ejercicio libre e independiente del periodismo.
Marín pidió esclarecer los hechos y verificar la veracidad de la información sobre los posibles atentados. Eljach, por su parte, advirtió que cualquier intimidación contra la prensa constituye también una amenaza para la democracia.
Las autoridades mantienen las investigaciones y las medidas preventivas para determinar el alcance de las amenazas e identificar a los posibles responsables. Mientras tanto, los ataques registrados en distintas regiones del país aumentan la preocupación por la seguridad de la población, las instituciones y los trabajadores de la comunicación en Colombia.



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