Pereira, COL – Tres meses después del terremoto que sacudió Colombia el 10 de agosto de 2026, miles de familias siguen esperando vivienda, asistencia y condiciones para recuperar sus fuentes de ingresos. En Pereira, los edificios destruidos han dejado terrenos vacíos, después de las demoliciones o de nuevos derrumbes provocados también por las lluvias de los últimos días.
En Chocó y Valle del Cauca, los daños en viviendas, escuelas, hospitales y sistemas de abastecimiento de agua siguen exigiendo respuestas. Mientras la reconstrucción avanza lentamente, habitantes, voluntarios y organizaciones sociales han asumido parte de la atención a las personas damnificadas.
El terremoto causó daños en cerca de 500 municipios de 16 departamentos colombianos. Más de 300 personas murieron y otras 250.000 resultaron afectadas. Noventa días después, la movilización ciudadana continúa, pero las iniciativas comunitarias conviven con la demora de los gobiernos municipal, departamental y nacional para ofrecer soluciones duraderas.
En Pereira, Christian Castañeda todavía intenta reconstruir la vida que tenía antes del desastre. La mañana del 10 de agosto, a las 7:34, se encontraba en las escaleras del edificio donde vivía cuando comenzó el terremoto. El inmueble se sacudió violentamente. Mientras intentaba salir, vio a sus vecinos correr por las escaleras. Poco después escuchó un estruendo y comprendió que los escombros habían sepultado a las personas que venían detrás de él.
Su apartamento, ubicado en el segundo piso, también quedó completamente destruido. El nivel donde vivía terminó aplastado entre el primero y los dos pisos superiores. Cuando el polvo se asentó, Christian encontró los restos de sus pertenencias esparcidos por la calle: partes de la lavadora que todavía estaba pagando, equipos fotográficos con los que se ganaba la vida y las plantas que cultivaba.
Desde entonces tuvo que vivir primero con una prima y después con un hermano. Su madre también abandonó su vivienda por los daños, aunque alcanzó a salvar sus pertenencias.
Christian pudo volver a trabajar gracias a las donaciones de personas que ni siquiera conocía. Cámaras y accesorios enviados desde otras ciudades y países le permitieron recuperar parte de su actividad profesional. También recibió ropa, alimentos y dinero a través de campañas en redes sociales.
“Me sentí muy acompañado por amigos y por personas que no conozco, que a través de las redes sociales me donaron ropa, comida, dinero y hasta equipos de trabajo”, contó.
La ayuda oficial, sin embargo, sigue lejos de las necesidades de muchas familias. Durante una visita a Pereira, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la entrega de 332.000 millones de pesos colombianos, unos 102,8 millones de dólares, correspondientes a 300 subsidios para la rehabilitación de viviendas en Pereira y en la vecina Dosquebradas, además de la construcción de 415 nuevas casas.
El anuncio contrasta con la magnitud de los daños. Solo en Pereira hay alrededor de 17.000 personas afectadas. Muchas ni siquiera han recibido los auxilios de arrendamiento que les habían prometido.
Christian afirma que recibió un millón de pesos, poco más de 300 dólares, aunque supuestamente debía recibir tres millones. El dinero llegó hace más de un mes y desde entonces no ha tenido noticias de nuevos pagos. Su madre sigue sin recibir ninguna ayuda.
“Anunciaron un supuesto Fondo Milagro, del que solo hemos visto vallas, pero no mayores avances”, dijo.
La situación también afecta a trabajadores y comerciantes que no perdieron sus viviendas, pero sí sus empleos. El comercio, una actividad fundamental para la economía de Pereira, sufrió graves pérdidas. Como estas personas no cumplen los requisitos de asistencia destinados a quienes perdieron sus casas, muchas quedaron sin acceso a subsidios, aunque también perdieron su principal fuente de ingresos.
Vivienda y trabajo: la respuesta organizada desde la comunidad
La médica y rescatista voluntaria Laura Castaño Vargas llevaba menos de tres semanas en Pereira cuando ocurrió el terremoto. Acababa de regresar de una misión humanitaria en Venezuela, donde había prestado atención médica y acompañado a niños pequeños después del sismo del 24 de junio.
El día del desastre, Laura pasó cinco horas intentando rescatar a un joven de 18 años atrapado bajo los escombros de un edificio ubicado en el parque La Libertad. Consiguió sacarlo con vida y trasladarlo a un hospital, pero el muchacho murió dos días después.
La experiencia la llevó a concentrar sus esfuerzos en las familias instaladas en los primeros refugios improvisados de esa zona, históricamente estigmatizada. Laura ya tenía experiencia en brigadas itinerantes de salud en Amazonas y La Guajira, donde organiza atención médica gratuita y entrega alimentos a niños de comunidades con dificultades de acceso a los servicios sanitarios.
En el parque La Libertad encontró a madres con sus hijos viviendo en carpas y expuestos a fuertes descensos de temperatura. Para ella, perder la vivienda no representa únicamente un problema habitacional: las condiciones de precariedad también pueden aumentar el riesgo de enfermedades, especialmente entre los niños y otras poblaciones vulnerables.
“Garantizar que todas las esferas de la vida de las personas estén bien también es medicina”, explicó.
Laura comenzó llevando alimentos a la cocina comunitaria que las propias madres habían organizado. Después empezó a recopilar información sobre las familias, como la edad de los niños, la situación laboral de las mujeres y las condiciones de cada hogar.
El registro permitió descubrir que muchas de esas mujeres también habían perdido sus empleos. Algunas conseguían salir de las carpas para alquilar habitaciones por noche, pagando entre 18.000 y 20.000 pesos colombianos por alojamientos precarios. Según los cálculos de la médica, ese gasto podía llegar a 700.000 pesos mensuales, una suma similar al alquiler de un pequeño apartamento.
Así nació De la Carpa a la Casa, una iniciativa creada para conseguir donaciones y financiar el traslado de esas familias a lugares más seguros. Con los recursos recaudados a través de las redes sociales, el proyecto ha conseguido alojar a 15 familias en apartamentos tipo estudio amoblados.
Cada vez que una madre y sus hijos consiguen una vivienda, desmontan su antigua carpa junto con los voluntarios. Para Laura, ese momento representa la oportunidad de comenzar una nueva etapa.
Además de la vivienda, el proyecto entregaba inicialmente alimentos cada dos semanas, ropa y útiles escolares. Después, el equipo comenzó a proporcionar asadores para que las mujeres pudieran vender chorizos, arepas, chuzos y otras comidas rápidas en las calles, generando sus propios ingresos.
Laura reconoce, sin embargo, que estas medidas no reemplazan una política pública de reconstrucción. Considera que no basta con ofrecer asistencia durante un mes a familias que perdieron al mismo tiempo sus viviendas y sus empleos.
La médica también cuestiona la idea de que las personas simplemente deben seguir adelante. La tragedia destruyó casas, fuentes de trabajo, relaciones familiares e incluso parte del patrimonio histórico de la ciudad. A su juicio, la reconstrucción de Pereira sigue rodeada de incertidumbre, mientras los habitantes terminan dependiendo de la ayuda de vecinos, empresas e iniciativas particulares.
Para financiar su trabajo, Laura utiliza una antigua máquina de escribir para reproducir obras de arte que luego vende. El dinero que obtiene le permite mantener sus iniciativas de asistencia.
Voluntarios convierten una cervecería en un centro de ayuda
Otra iniciativa que creció después del terremoto fue organizada por Daniel Zuluaga y sus amigos. El 10 de agosto, después de comprobar por WhatsApp que sus familiares y conocidos estaban a salvo, el grupo decidió reunirse en la cervecería artesanal Bajo Cuerda, en Pereira.
De ese encuentro nació Voluntarios Bajo Cuerda, un movimiento que comenzó con unas 50 personas y actualmente reúne a cerca de 300 voluntarios. Entre sus integrantes hay meseros, bartenders, grafiteros, ingenieros, empresarios y familiares de los organizadores.
Daniel, ingeniero industrial y administrador de una finca hotelera en Pereira, recuerda que al principio imaginaba una movilización de pocos días para recoger y distribuir donaciones.
“Pensábamos que iba a ser cosa de un par de días, recoger un poco de ayuda, entregar y hasta ahí. Nunca nos imaginamos que se convertiría en una bola de nieve que crecería cada vez más y que tres meses después seguiría creciendo”, relató.
Durante los primeros días, el grupo reunió y transportó carpas, colchonetas, ropa y alimentos. La difusión de sus actividades en redes sociales amplió la red de colaboradores. Personas de otras ciudades colombianas y del exterior comenzaron a ofrecer dinero, vehículos y camiones para trasladar los materiales.
La movilización incluso consiguió un avión para llevar donaciones hasta Pereira. La operación se organizó mediante contactos en distintos niveles y permitió que un cargamento enviado por los cantantes de reguetón Ryan Castro y Nanpa Básico aterrizara en la pista dañada del aeropuerto de la ciudad.
Con el paso de los días, los voluntarios entendieron que repartir alimentos de manera permanente no resolvería los problemas de las familias. Algunas personas comenzaron a salir de los albergues después de diez días para buscar habitaciones de hotel o alojarse con familiares y amigos. Otras seguían sin tener adónde ir.
El grupo decidió entonces destinar parte de sus recursos a la reconstrucción de viviendas. Comenzó a entregar ladrillos, cemento, tejas, baldosas y piezas sanitarias. Los materiales se distribuían únicamente entre personas que tenían conocimientos de construcción o contaban con un maestro de obra capaz de realizar los trabajos de manera segura.
Aun así, muchas familias seguían sin recibir respuesta. Ante esa situación, los voluntarios establecieron una alianza con una empresa de Bogotá especializada en escenografía para producciones audiovisuales. La compañía participó en la construcción del pueblo de Macondo para la adaptación de “Cien años de soledad”, de Netflix, además de trabajar en numerosas telenovelas colombianas.
La experiencia de la empresa en el montaje de estructuras temporales de instalación rápida abrió la posibilidad de otra solución habitacional. Antes de llegar a ese modelo, el grupo había considerado alternativas con cemento, guadua, madera, estructuras prefabricadas y metal, además de la posibilidad de importar casas desde China.
La propuesta de la empresa de escenografía terminó siendo considerada la más rápida y económica. El primer proyecto piloto quedó listo en tres días y permitió construir ocho viviendas temporales, acompañadas de una cocina comunitaria, un aula pedagógica y un conjunto de baños y duchas.
Aunque no son viviendas definitivas, las estructuras permiten que las familias abandonen los albergues y recuperen condiciones básicas de seguridad. La idea es que, al contar con un lugar donde vivir, los adultos puedan volver a trabajar y los niños retomar sus actividades escolares.
Un segundo proyecto de viviendas temporales se construyó en el municipio de Zaragoza, cerca de Pereira. Daniel reconoce, sin embargo, que la movilización ha comenzado a perder fuerza con el paso del tiempo.
La disminución de las donaciones coincide con la lentitud de las respuestas gubernamentales. Según él, Pereira todavía no cuenta con una estrategia suficientemente clara para reconstruir las casas destruidas o construir nuevas viviendas. Fuera de la región, muchas personas creen que la emergencia ya terminó, aunque miles de familias continúan enfrentando sus consecuencias.
Para los próximos meses, Voluntarios Bajo Cuerda pretende organizar ferias itinerantes durante la temporada de diciembre. La propuesta es ofrecer espacios de venta a quienes perdieron sus empresas, emprendimientos y locales comerciales en el terremoto.
Chocó sigue esperando un programa de reconstrucción
Mientras Pereira cuenta con diferentes redes de voluntariado, el departamento de Chocó, señalado como epicentro del terremoto del 10 de agosto, continúa dependiendo principalmente de la asistencia del Gobierno central.
Los daños afectaron viviendas y servicios esenciales, entre ellos escuelas y sistemas de abastecimiento de agua. La situación es especialmente delicada en comunidades que ya convivían con las consecuencias del conflicto armado.
La organización Médicos Sin Fronteras dio por terminada su intervención en las zonas afectadas. Durante su trabajo ofreció consultas de salud física y mental a habitantes que enfrentaban una doble afectación: las consecuencias del terremoto y los efectos de la violencia armada.
También se anunciaron otras iniciativas. La fundación Pies Descalzos, de la cantante colombiana Shakira, prometió apoyar la recuperación de escuelas. Por su parte, Walt Disney Company Latinoamérica programó para el 12 de noviembre el reestreno de “Encanto” en las salas de cine, con el propósito de destinar la recaudación a las poblaciones afectadas en distintas regiones del país.
En Chocó, parte de las expectativas está puesta en el Fondo Milagro, creado por el Ejecutivo para financiar acciones de recuperación. El pasado 4 de noviembre, la gobernadora Nubia Córdoba confirmó que ya se habían presentado iniciativas para obtener recursos del fondo.
La falta de resultados concretos, sin embargo, sigue generando críticas. En una entrevista con Noticias Caracol, el alcalde de Istmina, Jaison Mosquera, denunció que hasta ese momento el municipio no contaba con un programa de reconstrucción y ni siquiera disponía de maquinaria para remover los escombros.
Los reclamos se producen también en medio de cuestionamientos sobre la administración de las donaciones recibidas por la fundación Colombia Luz y Sonrisas, vinculada a la primera dama Ana Lucía Pineda. Un juez ordenó a la entidad entregar informes de gestión sobre el uso de los recursos recibidos.
El caso aumentó las exigencias de transparencia sobre el destino de las donaciones recaudadas para atender a las víctimas del terremoto.
En Valle del Cauca, la recuperación también depende de los ingresos familiares
En el departamento de Valle del Cauca, una de las regiones más afectadas, la organización no gubernamental Ayuda en Acción trabaja desde el primer día de la emergencia. La entidad articula acciones con distintos niveles de gobierno, equipos locales, empresas privadas y liderazgos comunitarios.
Su trabajo exige reconocer realidades muy diferentes. La región reúne centros urbanos desarrollados, como Cali, zonas rurales con dificultades para acceder a servicios básicos, incluido el agua, y comunidades indígenas, como la de Vijes.
Margarita Ramírez Leiton, coordinadora regional de la organización, explica que las consecuencias del terremoto no fueron iguales para todas las poblaciones. Por eso, la asistencia debe considerar las condiciones particulares de cada territorio.
A tres meses del desastre, la respuesta humanitaria entró en una nueva etapa. Según la coordinadora, el trabajo dejó de concentrarse exclusivamente en la atención de emergencia y pasó a incluir la estabilización de las familias y la recuperación temprana de sus condiciones de vida.
Esto supone no solo reconstruir edificios y servicios, sino también recuperar los ingresos y acompañar a las personas para que puedan retomar sus actividades cotidianas. Durante las visitas a las comunidades, los equipos encuentran habitantes preocupados por el pago de alquileres, la seguridad alimentaria y la obtención de ropa.
Ayuda en Acción ha articulado recursos de distintos sectores para apoyar pequeños y medianos emprendimientos. El objetivo es contribuir a que las familias recuperen su capacidad adquisitiva y reduzcan su dependencia de la asistencia humanitaria.
También se han registrado avances en la recuperación de los servicios públicos. Según Ramírez Leiton, se ha progresado en las condiciones para que las instituciones educativas puedan volver a recibir estudiantes y para restablecer los servicios de salud, después de los importantes daños sufridos por los hospitales.
La recuperación económica, sin embargo, enfrenta una dificultad adicional: la informalidad laboral. En Valle del Cauca, una parte importante de la población depende de trabajos sin remuneración fija. Los ingresos fluctúan según la posibilidad de salir a trabajar, lo que dificulta especialmente la recuperación de quienes perdieron sus herramientas, lugares de trabajo o clientes.
Para la coordinadora, recuperar la autonomía económica es fundamental para evitar que las familias permanezcan dependiendo de las donaciones y los programas de asistencia.
Hay también otra dimensión que no puede quedar de lado: las consecuencias psicológicas del terremoto. Aunque han pasado los meses y las personas intentan recuperar su cotidianidad, el miedo sigue presente. Las réplicas funcionan como recordatorios de que el desastre podría repetirse.
Ramírez Leiton sostiene que, además de los materiales y recursos entregados, los habitantes necesitan espacios para hablar de lo que vivieron, ser escuchados y recibir acompañamiento. La atención psicosocial sigue siendo necesaria incluso después de que termina la fase más intensa de la emergencia.
Las experiencias de Pereira, Chocó y Valle del Cauca muestran que el paso de la atención de emergencia a la reconstrucción no significa que las necesidades de las víctimas estén resueltas. Mientras miles de familias siguen buscando vivienda y trabajo, la solidaridad de voluntarios, organizaciones y ciudadanos continúa cubriendo parte de las responsabilidades que todavía no han sido atendidas por las autoridades.



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