Ciudad de Guatemala, GUT– El gobierno de Guatemala decretó un estado de sitio por 30 días en los departamentos de Zacapa e Izabal, en el este del país, ante el aumento de la violencia vinculada al narcotráfico. La medida fue anunciada el sábado 14 de noviembre de 2026 y establece restricciones temporales a la circulación y a la realización de reuniones públicas.
Durante la vigencia del decreto, las autoridades podrán limitar las concentraciones al aire libre y las manifestaciones públicas. También estarán facultadas para dispersar por la fuerza reuniones no autorizadas o en las que participen personas armadas. Otra disposición permite realizar registros en viviendas y espacios cerrados sin orden judicial ni autorización de sus propietarios.
El gobierno justificó la decisión como una iniciativa para “fortalecer la seguridad” y “proteger a la población”. La medida llega después de una serie de episodios violentos en la región. El viernes 13 de noviembre, al menos cinco personas murieron en un ataque armado en Zacapa. El hecho se suma a otros crímenes recientes, entre ellos una masacre que dejó ocho víctimas mortales y el asesinato de un legislador.
Según las autoridades guatemaltecas, la región está bajo la influencia del cartel de la familia Lorenzana, señalado como socio del cartel mexicano de Sinaloa. La presencia de organizaciones criminales y las disputas por el control de actividades ilícitas forman parte del escenario que el gobierno presenta como motivo para adoptar medidas excepcionales.
El estado de sitio amplía temporalmente las facultades de actuación de las fuerzas de seguridad y restringe determinadas libertades civiles. Aunque el gobierno presenta la decisión como una respuesta a la violencia, el alcance de las disposiciones también plantea interrogantes sobre los límites de la actuación estatal y las garantías de la población durante los operativos de seguridad.
La decisión se produce en un contexto de presión sobre el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, en el poder desde 2024, debido a las críticas por el aumento de la criminalidad. En enero de 2026, ataques atribuidos a la organización criminal Barrio 18 dejaron 11 policías muertos en distintos puntos del país. Los asesinatos ocurrieron después de motines en centros penitenciarios.
La nueva medida se concentra en Zacapa e Izabal, pero forma parte de un escenario nacional de preocupación por la capacidad de las instituciones para enfrentar a las organizaciones criminales y contener la violencia. El decreto tendrá una duración inicial de 30 días, durante los cuales podrán aplicarse las restricciones y las facultades extraordinarias previstas por el gobierno en ambos departamentos.



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