Dos años después de su firma por parte de 162 Estados, los países europeos hacen seguimiento de las medidas adoptadas para el cumplimiento de los objetivos acordados en Marrakech
El Foro Regional de Europa y Norteamérica de seguimiento del Pacto Mundial sobre Migración ha tenido lugar la semana pasada con el objetivo de evaluar los avances del cumplimiento del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular, firmado en Marrakech en 2018. Mientras los Estados europeos renuevan su compromiso con este Pacto, cientos de personas siguen muriendo en el mar como consecuencia de sus políticas y del cierre de fronteras.
Este acuerdo internacional parte de la concepción común de que “la migración es uno de los rasgos distintivos de nuestro mundo globalizado” y marca 23 objetivos relacionados con las políticas de fronteras, la discriminación y el racismo, los planes de movilidad laboral y otros aspectos relacionados con los aportes de los migrantes en el desarrollo de los países. A pesar de tener un carácter “no vinculante jurídicamente”, se basa en los tratados internacionales de derechos humanos que obligan a respetar, proteger y garantizar los de todas las personas sin discriminación alguna.
Los Estados, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, universidades, redes y plataformas sociales han trabajado en el Foro sobre tres grandes ejes: la protección de las personas migrantes a través de medidas de gobernanza de las fronteras con un enfoque de derechos, el apoyo en su integración y su contribución al desarrollo, y asegurar que la llegada sea segura, ordenada y regular.
Uno de los grandes retos que se plantean es traducir los objetivos en compromisos concretos de los Estados, que pongan en el centro los derechos humanos. En este sentido España, como país firmante, debe avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones de los órganos de vigilancia de los Tratados de Derechos Humanos y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas como hoja de ruta para cumplir con los objetivos del Pacto.
Estos organismos ya han llamado la atención en reiteradas ocasiones al Estado español en cuestiones como la externalización de fronteras, las devoluciones sumarias o los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Por tanto, para trabajar hacia el cumplimiento del Pacto resulta imprescindible dejar a un lado políticas fundamentadas en la militarización, disuasión y externalización, la eliminación de misiones de búsqueda y rescate de personas en el mar, la criminalización de la solidaridad, el cierre de los puertos a las embarcaciones que salvan vidas, la brutalidad policial en las fronteras, o el pago a terceros países para que bloqueen en sus fronteras a las personas migrantes como táctica de amenaza directa e impedir que lleguen a países europeos.
La revisión llevada a cabo en el Foro Regional de Europa y Norteamérica deja de manifiesto que el Estado español no ha cumplido con sus compromisos internacionales
También resulta imprescindible apoyar la integración de los migrantes trabajando en el acceso a derechos económicos sociales y culturales y a la atención sanitaria, suprimir las paradas por perfil racial, y combatir de forma eficaz y contundente todo tipo de discriminación. Prácticas y realidades sobre las que también Naciones Unidas ha mostrado especial preocupación en numerosas ocasiones.
Además, para avanzar en los objetivos relativos a una migración segura, ordenada y regular, es necesario mejorar la protección de los derechos laborales, abrir nuevas vías para el acceso a los permisos de residencia y trabajo, y facilitar estas autorizaciones a las personas que ya están en el territorio. Por este motivo Naciones Unidas ha instado al Estado español a que firme y ratifique la Convención internacional de los trabajadores migrantes y sus familiares y el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos
Esta revisión, llevada a cabo en el Foro, deja de manifiesto que el Estado español no ha cumplido con sus compromisos internacionales. Para progresar y que la firma del Pacto se traduzca en acciones concretas, debe asumir estas recomendaciones como compromisos políticos y adoptar medidas urgentes, como la adaptación de la normativa de extranjería al contexto socioeconómico actual modificando los requisitos para autorizaciones de residencia y trabajo a las personas extranjeras, y garantizando el acceso a las medidas inmediatas de alivio económico y de protección social, dirigidas a atenuar los efectos más agudos de la crisis, incluido el Ingreso Mínimo Vital.
Sin embargo, a pesar de que la firma de este Pacto fue asumida en el acuerdo de Gobierno del actual Ejecutivo como hoja de ruta para la gestión de las políticas migratorias, no se ha traducido ni en compromisos y ni en acciones concretas, sino que por el contrario se refuerza un enfoque de control y cierre de fronteras para detener la migración.
