Bogotá, COL – Colombia registró una sucesión de ataques armados, atentados con explosivos y acciones con drones contra instalaciones militares y policiales durante agosto y septiembre de 2026, mientras también aumentaron las denuncias de violencia contra la población civil. Los hechos ocurrieron durante las primeras semanas del gobierno de Abelardo De La Espriella, quien asumió la Presidencia el 7 de agosto con una política de seguridad de línea dura y puso fin a las negociaciones de paz heredadas de la administración de Gustavo Petro.
Uno de los datos que dimensionan el cambio en las formas de actuación de los grupos armados es el número de ataques con drones cargados con explosivos. Según un balance de la Fuerza Pública divulgado por medios de comunicación colombianos, hasta el 15 de septiembre de 2026 se habían registrado 292 ataques de este tipo. La cifra ya había superado los 277 contabilizados durante todo 2025.
La sucesión de ataques comenzó prácticamente al mismo tiempo que el nuevo gobierno. El 8 de agosto, un atentado con explosivos destruyó un peaje en el sector de Mondomo, sobre la vía Panamericana, afectando la movilidad entre Cali y Popayán. Ese mismo día, la subestación de Policía de San Roque, en el departamento del Cesar, fue atacada y un subintendente murió.
El 15 de agosto, militares fueron atacados con drones cargados con explosivos en Ábrego, Norte de Santander. Un uniformado murió y cinco resultaron heridos. El ataque fue atribuido preliminarmente al Ejército de Liberación Nacional (ELN). El 27 de agosto, más de 40 drones con explosivos fueron lanzados contra tropas del Ejército en la zona rural de Pelaya, Cesar, dejando dos soldados heridos.
Dos días después, el 29 de agosto, la estación de Policía de Pailitas, también en Cesar, fue atacada con drones y tres policías resultaron heridos. El 31 de agosto, un carro bomba explotó frente a una estación policial en Los Patios, Norte de Santander. Un civil murió y otras 11 personas resultaron heridas.
La violencia continuó en septiembre. El día 4, un ataque con drones contra el cantón militar Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander, dejó tres militares muertos y otros cuatro heridos. El 22 de septiembre, una operación de las fuerzas de seguridad en Santa Marta terminó con la muerte de integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como “Los Pachenca”. Después de la operación, se registraron vehículos incendiados, bloqueos y amenazas contra comerciantes. El Gobierno desplegó 1.100 integrantes de las fuerzas de seguridad en la zona.
Al día siguiente, 23 de septiembre, una explosión provocó el descarrilamiento de un tren de la empresa Cerrejón, en La Guajira, destruyendo al menos 20 vagones. El 24 de septiembre, la estación de Policía de Aguachica, en Cesar, fue atacada con drones y explosivos y sufrió daños en su infraestructura.
Denuncias contra agentes del Estado
Mientras los grupos armados intensificaron sus ataques, comunidades y familiares denunciaron también casos de violencia cometida por agentes de seguridad.
Uno de los episodios ocurrió el 20 de septiembre, en el sector de Caracolí, en Ciudad Bolívar, Bogotá. Donovan Balanta Paz, un hombre afrodescendiente de 34 años, murió después de ser sometido a un procedimiento policial. Familiares y testigos denunciaron tortura, tratos crueles, uso desproporcionado de un arma de electrochoque e insultos racistas. El caso provocó manifestaciones de organizaciones de derechos humanos y llevó a la Organización de las Naciones Unidas a solicitar que los hechos fueran investigados por la justicia ordinaria.
El 22 de septiembre, durante otra operación del Ejército Nacional, el campesino Luis Carlos Mojica Guzmán recibió disparos. Según los testimonios recogidos, se encontraba desarmado y no representaba una amenaza. La comunidad también denunció la retención y agresión contra una mujer de la familia y afirmó que había niños presentes durante el operativo.
Los datos disponibles también muestran que la violencia contra líderes y lideresas sociales no se limitó a los dos meses analizados. Según la Defensoría del Pueblo, 112 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos fueron asesinados entre enero y agosto de 2026. Fueron 91 hombres y 21 mujeres, con registros en 22 departamentos y Bogotá. El Cauca concentró 26 casos, seguido por Valle del Cauca, con 14, y Antioquia, con 12. Agosto registró el mayor número de asesinatos del período, con 22 casos.
Durante el mismo período fueron asesinados diez firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. La Defensoría también registró 86 masacres en 23 departamentos, con 326 víctimas. Cauca tuvo 13 casos, Antioquia 12 y Valle del Cauca diez.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ya había señalado, en su balance sobre 2025, un deterioro de la situación humanitaria en Colombia. Ese año, datos de la Unidad para las Víctimas registraron 235.619 desplazamientos individuales, 87.069 personas en desplazamientos colectivos y 176.730 personas confinadas. En comparación con 2024, el desplazamiento individual aumentó 100 %, el desplazamiento masivo 111 % y el confinamiento 99 %.
La sucesión de ataques, muertes, desplazamientos y denuncias de abusos coloca a la población civil en el centro de los efectos del conflicto. Mientras las organizaciones armadas amplían el uso de explosivos y drones, comunidades de distintas regiones continúan expuestas a enfrentamientos, restricciones a la movilidad, amenazas y violencia directa. El panorama registrado durante los primeros meses del nuevo gobierno combina así la intensificación de las operaciones militares con la permanencia de graves denuncias de violaciones contra civiles y líderes sociales.
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