CIUDAD DEL ESTE, Paraguay.— El V Foro Social y Popular de la Triple Frontera cerró sus actividades con la aprobación de una carta pública que sintetiza las principales conclusiones alcanzadas durante dos jornadas de trabajo entre organizaciones sociales de Argentina, Brasil y Paraguay. El documento expresa preocupación por el escenario político y social que atraviesa la región, advierte sobre el retroceso de derechos y plantea una agenda común basada en la integración de los pueblos, la defensa de los territorios y la protección de los bienes comunes.
La declaración fue respaldada por organizaciones campesinas, indígenas, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos, de mujeres, educadores y colectivos barriales que participaron en el encuentro realizado en la región trinacional. A lo largo del documento, los participantes cuestionan el impacto de las políticas económicas que, a su juicio, profundizan la desigualdad social, debilitan el papel del Estado y favorecen la concentración de la tierra y de los recursos estratégicos.
Uno de los principales ejes debatidos durante el foro fue el avance del modelo agroextractivo sobre territorios campesinos e indígenas. Las organizaciones sostienen que la expansión del monocultivo, el reemplazo de bosques nativos por especies exóticas y el uso intensivo de agrotóxicos están generando consecuencias ambientales y sociales cada vez más profundas.
Según la declaración, estos procesos afectan la soberanía alimentaria, deterioran las fuentes de agua y aceleran la pérdida de biodiversidad, al tiempo que reducen el espacio destinado a las formas tradicionales de producción comunitaria.
En ese contexto, el Foro reafirmó su respaldo a una reforma agraria integral y popular, orientada a garantizar el acceso a la tierra, proteger las semillas nativas y fortalecer los sistemas de producción impulsados por las propias comunidades rurales.
Reparación para comunidades afectadas por las represas
Otro de los puntos centrales del documento se refiere a las represas hidroeléctricas instaladas en la región. Las organizaciones consideran que las poblaciones indígenas y campesinas desplazadas o afectadas por esos emprendimientos continúan esperando respuestas frente a los impactos sociales, económicos y ambientales provocados por la construcción de los embalses.
Por esa razón, la carta reclama que las entidades responsables de las hidroeléctricas impulsen políticas de reparación histórica que incluyan inversiones en infraestructura, acceso a derechos básicos y medidas concretas para recuperar las condiciones de vida de las comunidades afectadas.
El documento también vincula esa demanda con los desafíos que plantea el cambio climático y advierte que la defensa del agua, de los humedales y de los territorios constituye uno de los principales desafíos para los movimientos sociales de la Triple Frontera.
La declaración dedica un amplio apartado a la situación de los derechos humanos en la región. Las organizaciones expresan preocupación por el aumento de la judicialización de dirigentes sociales, la represión de manifestaciones, los desalojos de comunidades indígenas y campesinas y las restricciones que, según sostienen, afectan el ejercicio de las libertades democráticas.
El texto también cuestiona la persecución contra mujeres, niños, comunidades indígenas y sectores populares, además de manifestar inquietud por las condiciones del sistema penitenciario y por la existencia de personas consideradas presas por motivos políticos.
Los participantes señalaron que estos procesos representan un deterioro de las garantías democráticas y reclamaron políticas públicas orientadas a proteger los derechos colectivos y fortalecer la participación ciudadana.
Comunicación, memoria e integración regional
La carta también reivindica el papel de los medios comunitarios y alternativos como herramientas para democratizar el acceso a la información y ampliar la visibilidad de las luchas sociales. Para las organizaciones, fortalecer esos espacios resulta fundamental para preservar la memoria colectiva, promover la verdad y garantizar el derecho de las comunidades a comunicar sus propias realidades.
Asimismo, el Foro reafirma la necesidad de consolidar la integración entre los pueblos de Argentina, Brasil y Paraguay mediante acciones coordinadas que permitan enfrentar desafíos comunes relacionados con el ambiente, los derechos sociales y la soberanía sobre los recursos naturales.
Además de abordar la situación de la Triple Frontera, la declaración incorpora una dimensión internacional. El Foro manifestó su adhesión a la campaña ¿Dónde está Lichita?, que reclama la aparición con vida de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, desaparecida en Paraguay tras un operativo militar.
El documento también expresa solidaridad con los pueblos de Palestina, Venezuela, Cuba, Haití y Perú, al considerar que las luchas por los derechos humanos, la autodeterminación y la justicia social trascienden las fronteras nacionales y forman parte de una agenda compartida por los movimientos populares del continente.
A continuación, se reproduce íntegramente la declaración pública aprobada por las organizaciones participantes del V Foro Social y Popular de la Triple Frontera.
DECLARACIÓN DEL V FORO SOCIAL Y POPULAR DE LA TRIPLE FRONTERA
Las organizaciones populares reunidas en el V Foro Social y Popular de la Triple Frontera reafirmamos nuestro compromiso con la integración regional desde los pueblos organizados y sus luchas, en solidaridad con las reivindicaciones cotidianas de las mayorías trabajadoras. Entendemos estas luchas como una forma de resistencia frente al imperialismo, especialmente en un contexto en el que varios de nuestros gobiernos adoptan prácticas y políticas con rasgos fascistas y autoritarios, vinculadas a esos mismos intereses imperiales.
Somos organizaciones campesinas, indígenas, sindicales, de derechos humanos, de mujeres, de niñas, niños y adolescentes, de estudiantes, educadores y barrios populares. Conformamos un espacio intergeneracional, integrado por personas de todas las edades que participan en igualdad de condiciones. Esa diversidad fortalece nuestros debates y enriquece la construcción colectiva.
Nos preocupan las políticas que debilitan los espacios estatales de apoyo a las mayorías populares y la consecuente pérdida de derechos, con la complicidad de los tres poderes del Estado. Reiteramos la necesidad de una reparación histórica por parte de las entidades hidroeléctricas hacia las comunidades indígenas y campesinas afectadas por sus emprendimientos. Asimismo, consideramos fundamental asumir los desafíos derivados del cambio climático.
Frente al avance de los modelos extractivistas, alertamos sobre la pérdida de soberanía, el uso creciente de agrotóxicos, la contaminación de ríos, suelos y humedales, la deforestación de bosques nativos y su reemplazo por especies exóticas. Nos oponemos a la mercantilización y a la concentración de las semillas y de la tierra.
Esta realidad es consecuencia del avance del modelo agrario empresarial sobre los espacios ocupados históricamente por la agricultura campesina y sobre los territorios indígenas, poniendo en riesgo sus conocimientos ancestrales y sus formas de vida. Por ello, reafirmamos la vigencia y la necesidad de impulsar una reforma agraria integral y popular, así como de recuperar el valor de las semillas, promoviendo su conservación, manejo e intercambio por parte de las propias comunidades.
Defendemos la democratización de la comunicación y el fortalecimiento de los medios alternativos y comunitarios como herramientas fundamentales para visibilizar las realidades y las luchas de nuestros pueblos. Solo mediante una comunicación verdaderamente democrática será posible revalorizar nuestras identidades populares y ancestrales, así como fortalecer la memoria, la verdad y la justicia.
Manifestamos nuestra preocupación por la violencia estructural que se expresa en el incremento de la represión contra las movilizaciones populares, la judicialización de dirigentes y miembros de las comunidades, y la persecución que sufren los sectores más vulnerables de nuestra sociedad: pueblos indígenas, campesinos, niñas, niños, mujeres y comunidades populares. También rechazamos el retorno de prácticas autoritarias en los desalojos de comunidades campesinas, indígenas y barriales, la existencia de personas presas por motivos políticos y las condiciones de los sistemas penitenciarios.
Sostenemos que la participación activa y protagónica de niñas, niños, jóvenes y mujeres en los espacios de toma de decisiones es indispensable para construir sociedades más justas, democráticas e inclusivas.
Expresamos nuestra adhesión a la campaña ¿Dónde está Lichita?, así como a las campañas internacionales de solidaridad con los pueblos de Palestina, Venezuela, Cuba, Haití y Perú.
A partir de una agenda común de acciones, reafirmamos nuestro compromiso de acompañar y fortalecer cada una de nuestras luchas. Unidas y unidos, nuestras luchas se hacen más fuertes.
Ciudad del Este, 12 de abril de 2025.
Deja un comentario