BUENOS AIRES, ARG — Miles de manifestantes se concentraron nuevamente frente al Congreso Nacional para protestar contra el ajuste en el sistema previsional, el freno al poder adquisitivo de los haberes y la actuación de las fuerzas de seguridad durante las protestas de los adultos mayores por la reforma del sistema de jubilaciones en Argentina. Agrupaciones sindicales y movimientos sociales denunciaron que los recortes presupuestarios comprometen de manera directa el acceso a medicamentos gratuitos, la atención en la sanidad pública y el sustento diario de millones de personas en todo el país.
De acuerdo con los datos presentados por Victoria Darraidou, coordinadora de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las fuerzas de seguridad desplegaron 43 operativos con gases lacrimógenos, gas pimienta y camiones hidrantes. Las intervenciones dejaron un saldo de más de 500 heridos y representaron un gasto operativo oficial cercano a los 2.000 millones de pesos. “Para la represión no hay motosierra”, cuestionó la especialista al analizar el accionar policial en las calles.
Ajustes presupuestarios impactan en jubilaciones en Argentina
Por su parte, la secretaria de Previsión Social de la CTA Autónoma, Olivia Ruiz, advirtió que el bono extraordinario abonado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa congelado desde 2024, mientras se dio de baja la moratoria previsional que permitía regularizar aportes a quienes alcanzaban la edad jubilatoria. Ruiz señaló además que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) utiliza recursos previsionales para financiar indemnizaciones por despido, y remarcó que las deudas acumuladas del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionistas (Pami) con prestadores médicos provocaron la suspensión de cirugías e intervenciones contra el cáncer.
En contraste, el ministro de Salud de la Nación, Mario Iván Lugones, justificó la revisión de las partidas del Pami al argumentar públicamente que la entidad atiende a casi un millón de afiliados mayores de 80 años y a cerca de seis mil personas que superan el siglo de vida, lo que representa una pesada carga económica para el Estado.
En representación del frente gremial, el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, propuso organizar un paro nacional para exigir un cambio de rumbo socioeconómico. En la misma línea, el diputado nacional y titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, denunció que el Gobierno asumió compromisos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) para volver a privatizar las jubilaciones en Argentina, al tiempo que criticó el recorte en la distribución de medicamentos del programa Remediar y la reducción de montos en el plan Volver al Trabajo.
Finalmente, referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) como Jorge Sola denunciaron la pérdida de más de 300.000 puestos de trabajo y el cierre de 23.000 pequeñas y medianas empresas. Pablo Moyano, secretario general adjunto del Sindicato de Camioneros e integrante de la CGT, afirmó que las marchas buscan detener el deterioro social, mientras que Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, alertó que la caída del consumo barrial y el costo de la canasta básica impiden a seis millones de jubilados cubrir sus necesidades alimentarias diarias.
