Belén, Cisjordania – Un tribunal militar israelí condenó a cuatro años de prisión al periodista y analista político palestino Mahmoud Fatafta, a quien las autoridades acusaron de supuesta “incitación”, según informó este martes el Sindicato de Periodistas Palestinos.
Fatafta permanecía bajo custodia de las Fuerzas Armadas de Israel desde el 30 de mayo de 2024. Aquel día, soldados del ejército lo interceptaron mientras cruzaba el puesto de control militar de Container, un paso de inspección ubicado al noreste de Belén, en el sur de la Cisjordania ocupada. Dicho bloqueo parte rutas obligatorias de tránsito entre distintas localidades palestinas y opera de forma cotidiana como un punto de revisiones exhaustivas, demoras constantes y detenciones de civiles.
Frente al fallo, el Sindicato de Periodistas Palestinos rechazó de manera pública la condena impuesta contra el comunicador y la calificó como “un nuevo capítulo en la persecución contra los periodistas palestinos y un intento sistemático de silenciar voces y suprimir la libertad de opinión y expresión”.
La organización gremial denunció que someter a civiles y trabajadores de prensa a cortes castrenses administradas por el propio ejército de ocupación representa “una flagrante violación del derecho internacional y del derecho internacional humanitario”. Para el sindicato, la justicia militar de Israel funciona como un mecanismo de coerción directa contra la cobertura informativa en el terreno, diseñado para castigar, desgastar y frenar la labor de los reporteros que documentan los hechos en la zona.
Asimismo, la entidad advirtió que la pena dictada contra Fatafta no corresponde a un hecho aislado, sino que responde a una práctica extendida de arrestos masivos. Esta línea de acción, señaló el sindicato, tiene la meta de “ocultar la narrativa palestina y silenciar las voces que relatan la verdad sobre lo que está pasando en el terreno”.
La organización gremial agregó que la figura penal de “incitación” terminó por convertirse en una acusación genérica recurrente de los mandos militares israelíes. Este recurso legal habilita el procesamiento de analistas, activistas y reporteros que cuestionan la ocupación, documentan abusos en los retenes o exponen los operativos armados contra las comunidades locales, lo que anula en los hechos las garantías básicas del ejercicio periodístico y la libertad de expresión.
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