Santa Marta, COL – La muerte de Ricardo Andrés Martínez Rodríguez, de 18 años, durante una operación conjunta de la Policía Antinarcóticos y la Fuerza Aérea Colombiana en una zona rural de Santa Marta reavivó en Colombia el debate sobre los llamados “falsos positivos”, ejecuciones de civiles que posteriormente eran presentados como guerrilleros o integrantes de grupos armados muertos en combate.
La familia asegura que el joven era un trabajador rural sin vínculos con organizaciones armadas y que recibió un tiro de gracia. La Defensoría del Pueblo pidió una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.
Ricardo se encontraba en la vereda Quebrada del Sol, donde trabajaba como jornalero en diferentes actividades relacionadas con el campo. Cuidaba ganado, limpiaba terrenos para la siembra y realizaba trabajos de albañilería. Su familia había llegado a la zona después de haber sido desplazada de Valledupar.
El operativo ocurrió el 21 de septiembre, un día después de la muerte de José Luis Pérez Villanueva, conocido como ‘Cholo’, señalado por las autoridades como segundo comandante y responsable de las finanzas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
La organización armada disputa territorios y economías ilegales en la región y controla, según las autoridades, rutas relacionadas con el narcotráfico hacia el mar Caribe. Tras la muerte de uno de sus líderes, las ACSN anunciaron un “paro armado” de 72 horas en Santa Marta y otras zonas de los departamentos de Magdalena y La Guajira.
Siete personas murieron durante el operativo. Inicialmente, Ricardo fue incluido entre los presuntos integrantes de las ACSN. También comenzaron a circular versiones según las cuales era hijo de Fredy Castillo Carrillo, conocido como ‘Pinocho’, señalado como uno de los principales jefes de la organización.
El Ministerio de Defensa posteriormente desmintió esa información. En un comunicado, la entidad señaló que correspondía a la Fiscalía General de la Nación y a los peritos de Medicina Legal esclarecer los hechos, así como determinar las circunstancias y actividades de las personas que se encontraban en la zona.
La familia comenzó entonces a cuestionar otras versiones difundidas en redes sociales. Una fotografía presentada como supuesta prueba de que Ricardo estaba armado no correspondería al joven. Según sus familiares, el hombre que aparece en la imagen tiene un tatuaje grande en el antebrazo derecho, característica que Ricardo no tenía. Además, la fotografía habría sido tomada en el Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, a cientos de kilómetros de Santa Marta.
Los familiares también denunciaron la circulación de imágenes manipuladas mediante inteligencia artificial para presentar al joven armado. Marelvis Rodríguez, madre de Ricardo, afirmó que su hijo vestía ropa de civil y no llevaba armas. En un video grabado frente al Instituto de Medicina Legal de Barranquilla, donde se encontraba el cuerpo, sostuvo una pancarta en la que había escrito “Verdad y justicia, mi hijo fue asesinado”.
En el mismo mensaje, se dirigió al presidente Abelardo de la Espriella:
“Abelardo, te voy a denunciar, me mataste a mi hijo injustamente, un niño de tan solo 18 años”.
El video se difundió rápidamente en redes sociales y fue seguido por publicaciones de personas que apoyaban al Gobierno y que intentaban relacionar al joven con las ACSN. Primero circuló la versión de que Ricardo era hijo de ‘Pinocho’, pero el propio Ministerio de Defensa tuvo que desmentirla. Posteriormente aparecieron fotografías y publicaciones que pretendían presentarlo como integrante de la organización armada.
El padre de Ricardo, Carlos Alfredo Martínez, dio una versión aún más grave sobre lo ocurrido. En declaraciones al programa La Tribuna del César, de Radio Guatapurí, afirmó:
“A él realmente lo cogieron vivo, lo dejaron vivo. Él no tenía nada que ver con las autodefensas. Lo agarraron y le dieron un tiro de gracia, para ser más claros”.
Una hermana del joven relató que Ricardo quedó atrapado en medio del operativo después de que integrantes de las ACSN retuvieran a varios trabajadores de la finca donde se encontraba. Según su versión, cuando llegaron los miembros de la Fuerza Pública, Ricardo se entregó y explicó que no tenía ninguna relación con el grupo armado. El examen de Medicina Legal estableció que Ricardo recibió un único disparo en el pecho.
Un comunicado atribuido a las ACSN también cuestionó la versión según la cual el joven hacía parte de la organización. “Rechazamos los hechos relacionados con la muerte de un joven de 18 años, respecto de quien señalamos que no portaba un arma al momento de los hechos. Y quien fue vilmente asesinado solo porque la fuerza pública creyó que era el hijo de alias ‘Pinocho’”, señala el documento.
La Defensoría del Pueblo pidió que se adelante una investigación rigurosa para esclarecer lo ocurrido y garantizar los derechos de los familiares de Ricardo.
La memoria de los falsos positivos
El caso adquirió una dimensión nacional debido a la memoria de los llamados “falsos positivos”, uno de los episodios más graves del conflicto armado colombiano.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estableció que al menos 7.837 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes del Ejército y posteriormente presentadas como bajas en combate. La cifra corresponde al período comprendido entre 1990 y 2016.
En numerosos casos investigados, las víctimas eran campesinos de zonas rurales que posteriormente eran vestidos con prendas militares o camufladas y presentados junto a armas como integrantes de grupos guerrilleros o delincuenciales muertos durante operaciones militares.
Las ejecuciones estaban relacionadas, según las investigaciones judiciales, con incentivos y beneficios asociados a los resultados operacionales obtenidos por integrantes de la Fuerza Pública.
La organización Madres de Falsos Positivos de Colombia (Mafapo) vinculó el caso de Ricardo con esa memoria. En una publicación dirigida al presidente Abelardo de la Espriella, la organización sostuvo que el joven “no era guerrillero” y cuestionó la presentación de su muerte como un resultado de la ofensiva contra grupos armados.
El expresidente Gustavo Petro también se refirió al caso y denunció públicamente que el Gobierno había asesinado a un joven campesino de 18 años que trabajaba en la zona. La afirmación de un posible falso positivo ha sido planteada también por familiares y organizaciones de víctimas.
La controversia ocurre mientras el Gobierno de Abelardo de la Espriella desarrolla una política de seguridad basada en operaciones de la Fuerza Pública contra organizaciones criminales, el ELN y las disidencias de las FARC.
El caso de Santa Marta vuelve a poner en discusión la manera en que se presentan los resultados de las operaciones militares y policiales, especialmente cuando entre las personas reportadas como integrantes de grupos armados aparecen civiles cuya vinculación es posteriormente cuestionada.
Otro campesino muerto en La Macarena
El caso de Ricardo no es el único ocurrido en esos días. El 22 de septiembre, un día después de la operación en la que murió el joven de 18 años, Luis Carlos Mojica Guzmán, un campesino de La Macarena, en el departamento del Meta, murió durante un procedimiento del Ejército, según el relato de testigos y miembros de la Junta de Acción Comunal de la zona.
Mojica Guzmán había acudido a la vivienda de un vecino en la vereda Guaduales Nueva Esperanza para preguntar por qué el hombre, su esposa y sus dos hijos estaban siendo retenidos por integrantes del Ejército.
Según miembros de la Junta de Acción Comunal, cuando llegó al lugar los militares le dispararon y posteriormente recogieron su cuerpo. Hasta el momento de las denuncias, el cadáver no había sido localizado.
La Defensoría del Pueblo también pidió explicaciones sobre este segundo caso y solicitó información a las autoridades sobre las circunstancias de la operación.
Un territorio bajo presión
La muerte de Ricardo ocurrió además en un momento de fuerte tensión en Santa Marta y otras zonas del Caribe colombiano. Las ACSN habían anunciado un “paro armado” de 72 horas después de la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como ‘Bendito Menor’, uno de sus líderes, durante un operativo realizado en Riohacha, en el departamento de La Guajira.
Durante el paro armado se registraron restricciones a la movilidad y a las actividades comerciales, mientras la organización amenazaba con impedir la circulación de civiles. En ese contexto se produjo la operación del 21 de septiembre en la zona rural de Santa Marta, que terminó con siete personas muertas.
Las autoridades presentaron el operativo como una acción contra las ACSN y señalaron que entre los fallecidos se encontraba José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, identificado como segundo al mando y jefe de finanzas de la organización.
La familia de Ricardo, sin embargo, sostiene que el joven no pertenecía a ningún grupo armado y que estaba trabajando cuando quedó atrapado en medio de la operación. La investigación deberá establecer si Ricardo tenía algún vínculo con las ACSN, en qué circunstancias se produjo el disparo que causó su muerte y qué ocurrió durante el operativo.
Por ahora, la acusación de que su muerte constituye un nuevo falso positivo es una denuncia formulada por sus familiares, organizaciones de víctimas y otros actores públicos. El esclarecimiento definitivo corresponde a las autoridades judiciales encargadas de investigar los hechos.
Deja un comentario