Iguala, Guerrero – La noche del 26 de septiembre de 2014, un ataque coordinado contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desató uno de los crímenes de mayor gravedad en la historia contemporánea de México. La agresión dejó seis personas muertas, 25 heridas y la desaparición forzada de 43 jóvenes de entre 18 y 21 años, quienes cursaban estudios para desempeñarse como profesores rurales y habían viajado unos 125 kilómetros hasta la ciudad de Iguala para reunir recursos económicos destinados al sostenimiento de su plantel, traslado que realizaban a bordo de autobuses locales.
La ofensiva armada comenzó cuando patrullas de la policía municipal cerraron el paso a los vehículos y abrieron fuego contra los muchachos. Las pesquisas históricas confirmaron que los agentes públicos actuaron coludidos con la organización criminal Guerreros Unidos. Los tiroteos de esa madrugada también alcanzaron a transeúntes y al autobús en el que viajaba el equipo de fútbol Los Avispones. Frente a las versiones oficiales iniciales que afirmaban que los 43 normalistas habían permanecido juntos, la reconstrucción de los hechos demostró que los policías los separaron por la fuerza en distintos grupos y los dispersaron por la ciudad antes de su desaparición final.
Tras los ataques, el gobierno federal sostuvo la llamada “verdad histórica”, según la cual los uniformados entregaron a los jóvenes a Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado en el basurero de Cocula para arrojar las cenizas al río San Juan. Esa hipótesis quedó descartada por peritajes independientes y por la resistencia de las familias. En 2022, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa concluyó formalmente que el hecho fue un crimen de Estado perpetrado por corporaciones públicas en contubernio con el narcotráfico. Hasta la fecha, los análisis forenses solo han conseguido identificar restos óseos de tres de los 43 normalistas.
El caso derivó en la caída del poder político local. El entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, fueron acusados de complicidad con la banda delictiva y de orquestar la violencia contra los estudiantes; huyeron de la zona y resultaron detenidos en Ciudad de México en noviembre de 2014, mientras que el jefe policial Felipe Flores Velázquez también fue encarcelado. El hecho detonó protestas masivas en todo el país que incluyeron la quema de instalaciones del Congreso de Guerrero, en Chilpancingo, a fines de 2014. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares ese mismo año y ratificó su seguimiento en 2024.
En agosto de 2026, la Fiscalía General de la República abrió nuevas indagatorias sobre encubrimiento de evidencia, luego de que un testigo revelara la existencia de videos del Palacio de Justicia de Iguala que registraron el paso de un autobús aquella madrugada, desmintiendo viejos informes sobre supuestas fallas técnicas. A doce años de la tragedia, el 26 de septiembre de 2026, una marcha en la capital mexicana recordó a las víctimas —entre ellas a Julio César Mondragón Fuentes, hallado con el rostro desollado, y a un estudiante que permanece en coma— con el pase de lista frente al antimonumento +43 y el clamor colectivo de presentación con vida.
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