Brasília, Distrito Federal – La Justicia Laboral de Brasil ordenó a Meta retirar de sus plataformas las publicaciones que instigan a empresarios a vigilar, exponer y despedir empleados debido a su voto. La medida cautelar tiene alcance nacional y responde a una demanda colectiva del Ministerio Público del Trabajo (MPT).
La fiscalía laboral reclama una indemnización de 50 millones de reales por daños morales colectivos. El fallo fijó un plazo de 24 horas para que la empresa dueña de Facebook, Instagram y Threads elimine el contenido que promueva acoso electoral, bajo multas de 500.000 reales por publicación no retirada.
Al recibir la notificación, la compañía debe frenar de inmediato la circulación de estos mensajes en sus sistemas algorítmicos. Además, contará con 48 horas para avisar a los titulares de las cuentas que sus publicaciones salieron de circulación por disposición de los tribunales.
El fallo obliga también a difundir un aviso general a todos los usuarios de las tres plataformas en Brasil en un plazo de 72 horas. La advertencia deberá permanecer visible durante cinco días consecutivos para remarcar que la persecución política y el acoso electoral en el trabajo son delitos.
En caso de no exhibir este mensaje institucional, la firma afrontará una sanción de 200 reales. Todos los archivos removidos y los registros técnicos de conexión deberán quedar bajo resguardo judicial hasta la conclusión definitiva del litigio.
El expediente señala que, tras la segunda vuelta electoral, diversos perfiles orientaron a empleadores a revisar las redes de sus dependientes. Las publicaciones expusieron nombres e imágenes de votantes del presidente reelecto, Luiz Inácio Lula da Silva, y celebraron despidos motivados por la votación.
El Ministerio Público sostiene que Meta consintió estos abusos y que herramientas como la pestaña Explorar y las recomendaciones automáticas aceleraron la difusión de los ataques contra los trabajadores en el entorno digital.
Ante esta situación, el Gobierno Federal activó un grupo conjunto entre el Ministerio de Trabajo y la Abogacía General de la Unión para intimar a las redes sociales y exigir la baja inmediata de campañas discriminatorias contra asalariados y pequeños comerciantes.
En paralelo, legisladores denunciaron ante la Policía Federal y la fiscalía general la circulación organizada de nóminas de boicot económico y amenazas. Estas listas surgieron de forma simultánea en ciudades de al menos ocho estados del país.
En Paraná, los listados circularon en localidades como Foz do Iguaçu y Cascavel, exponiendo datos de ciudadanos para hostigarlos en el comercio y el empleo. La presentación advierte indicios de un mando centralizado que buscó asfixiar económicamente a electores y forzar cesantías.
Un reclamo similar llegó al Ministerio Público de Rio Grande do Sul a través de la Comisión de Derechos Humanos del parlamento estatal, que exigió medidas urgentes frente a represalias y persecución ideológica sufridas por trabajadores locales.
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