Lima, PER – Sectores de la sociedad peruana rechazaron la excarcelación de ocho militares que cumplían prisión preventiva por el presunto delito de homicidio calificado contra cinco jóvenes asesinados el 25 de abril en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica, en el sur de Perú.
Las víctimas eran cuatro peruanos y un colombiano, todos vinculados a actividades deportivas o culturales. El hecho ocurrió en una zona perteneciente al Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
Los uniformados permanecían detenidos desde junio, cuando la Fiscalía inició una investigación por uso excesivo de la fuerza y homicidio, luego de que los militares dispararan contra el automóvil en el que viajaban los jóvenes mientras se encontraban en un retén.
Inicialmente, los efectivos afirmaron que habían disparado después de que los ocupantes del vehículo se negaran presuntamente a detenerse y ante la sospecha de que transportaban drogas. Sin embargo, las primeras investigaciones no respaldaron esa versión, debido a que en el automóvil no fueron encontradas armas de fuego ni narcóticos.
Tras un fallo de la Sala Penal de Apelaciones de Junín, el Ministerio Público permitió que los militares continuaran el proceso en libertad. Los ocho uniformados salieron el 7 de agosto del penal de Huancayo, en los Andes.
Organizaciones de derechos humanos cuestionan la decisión
El secretario adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Germán Vargas, exigió que la investigación avance mediante un procedimiento acelerado y estricto que permita establecer las responsabilidades individuales entre los integrantes de la patrulla del Ejército.
Vargas también reclamó medidas de protección para los testigos y pidió que se adopten medidas de precaución respecto de los militares investigados para evitar una eventual fuga.
Expertos consultados consideraron que se trata de un hecho grave, debido a que los militares dispararon contra los jóvenes sin que, según las primeras investigaciones, se encontraran indicios de actividad criminal en el vehículo.
La senadora de Ahora Nación, Mirtha Vásquez, sostuvo que la prisión preventiva estaba justificada y cuestionó las actuaciones atribuidas a los militares durante la investigación.
“La prisión preventiva estaba bien justificada”, afirmó Vásquez, quien señaló que los uniformados habrían alterado pruebas de la escena de los hechos, presentado un testimonio falso y obstaculizado la justicia. También alertó sobre el riesgo de que, tras recuperar la libertad, los investigados puedan evadir la acción penal.
Cuestionamientos al fujimorismo
La oposición también cuestionó la posición del fujimorismo frente al caso. Según sus críticos, existe una contradicción entre las iniciativas impulsadas por el expresidente interino del Congreso y actual senador Fernando Rospigliosi, a quien atribuyen la promoción de leyes favorables a policías y militares, y las declaraciones de la lideresa de esa corriente, la mandataria Keiko Fujimori, sobre su compromiso de respetar el sistema de justicia.
El senador de Juntos por el Perú, Jaime Quito, sostuvo que la prioridad debe ser esclarecer los hechos y garantizar justicia para las familias de las víctimas.
El legislador rechazó las insinuaciones de Rospigliosi sobre una presunta politización del caso y se opuso a cualquier intento de desviar la atención de las acusaciones sobre graves violaciones que habrían obstaculizado la acción judicial.
“La única acción que corresponde es hacer justicia con las familias”, afirmó Quito, quien también reclamó una respuesta clara a la ciudadanía sobre cómo operan las Fuerzas Armadas y de qué manera enfrentan realmente el narcotráfico.
Otros expertos consultados consideraron que la excarcelación representa una señal de impunidad promovida por sectores del fujimorismo y cuestionaron los intentos de flexibilizar las sanciones para militares involucrados en delitos graves contra la vida.
Los entrevistados también coincidieron en reclamar la derogación de las denominadas leyes proimpunidad y procrimen aprobadas por el Congreso bicameral, al considerar que el asesinato de los cinco jóvenes no debe quedar sin sanción.
Familiares y allegados de las víctimas exigen una investigación imparcial y justicia, además de rechazar las acusaciones que las vinculan con actividades ilícitas en la mayor cuenca cocalera del país.
Mientras avanzan las diligencias, pobladores de Tayacaja organizaron jornadas de protesta y bloqueo de vías para exigir transparencia en el informe final de las autoridades y el esclarecimiento de la muerte de los cinco jóvenes.
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