TEGUCIGALPA, HN — La desprotección institucional y el estancamiento de causas judiciales sobre la violencia contra las mujeres en Honduras mantienen impunes más del 95% de los asesinatos reportados en el país. Datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) revelan que entre 2002 y julio de 2026 se registraron más de 8.540 homicidios de mujeres, acumulando más de 150 casos en lo que va de 2026. Esta cifra pone de relieve la vulnerabilidad sistemática de la población femenina ante la inacción del sistema penal.
Frente a este escenario, la defensora de derechos de las mujeres Honorina Rodríguez advirtió que “la cifra refleja la persistencia de un problema estructural que afecta a miles de familias en el país”. Rodríguez enfatizó la necesidad urgente de fortalecer las políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia, la protección efectiva de las víctimas y el desarrollo de investigaciones rigurosas que identifiquen y sancionen a los responsables materiales e intelectuales.
A su vez, la coordinadora de la Defensoría de la Mujer del CONADEH, Joselyn Padilla, demandó una respuesta exhaustiva del sistema judicial. “Toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada con la debida diligencia, objetividad e imparcialidad, para esclarecer la naturaleza de los hechos y garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, en estricta conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos”, afirmó Padilla, instando a las autoridades a garantizar el acceso real a la justicia.
A pesar de que la figura penal del feminicidio fue incorporada al Código Penal hondureño hace doce años, los resultados en los tribunales exhiben un déficit severo. Reportes de la plataforma periodística Contracorrientes señalan que de los 2.908 feminicidios registrados entre 2013 y 2025, los tribunales de sentencia del Poder Judicial solo dictaron 46 condenas, lo que representa apenas el 1,6% del total de agresiones fatales. En ese mismo periodo, otros 32 procesos concluyeron en sobreseimiento o absolución.
Al cierre de 2025, de 172 procesos ingresados a la judicatura, solo 79 obtuvieron un fallo definitivo, dejando el 54% de las causas judicializadas en estado de indefinición. La activista Johany García subrayó el impacto directo de esta parálisis judicial: “Por eso continúan matando mujeres. Los responsables siguen cometiendo estos crímenes porque no existe una Justicia capaz de condenarlos y punirlos. La impunidad es el principal obstáculo para frenar la violencia contra las mujeres”.
Asimismo, los análisis cuestionan los discursos oficiales que intentan vincular sistemáticamente a las víctimas con estructuras del crimen organizado para justificar la falta de esclarecimiento. De acuerdo con datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) correspondientes a 2024, de 61 casos atribuidos preliminarmente a bandas criminales —que representan el 31% del total anual—, únicamente 18 víctimas tenían alguna vinculación probada con actividades ilícitas. Las cifras demuestran que los cuerpos e historias de las mujeres son instrumentalizados dentro de las dinámicas de violencia sin que existan investigaciones minuciosas sobre los agresores.
Juicios y perspectiva de género
El trámite del proceso por la muerte de la estudiante de enfermería Keyla Martínez Rodríguez, ocurrida el 7 de febrero de 2021 bajo custodia en la comisaría de La Esperanza, ilustra las dificultades operativas para aplicar la perspectiva de género en los tribunales. Aunque el Ministerio Público acusó inicialmente por feminicidio agravado a los agentes involucrados, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque recalificó la conducta del único imputado, el oficial Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, dictando en septiembre de 2023 una condena por homicidio culposo.
La aplicación de dicha figura legal, que contempla penas de tres a seis años de prisión y permite la conmutación de la pena, posibilitó la libertad del procesado, desestimando la intención dolo en el hecho y excluyendo la valoración de la violencia ejercida por agentes del Estado.
