CIUDAD DE MÉXICO, MX — El ejercicio periodístico en territorio mexicano enfrenta uno de sus periodos más oscuros tras confirmarse el séptimo homicidio de un comunicador en lo que va del año, una cifra que refleja un promedio constante de una muerte violenta cada mes dentro del país. La violencia para la prensa en México mantiene a la nación a la par de zonas con conflictos armados declarados, mientras organizaciones civiles e internacionales denuncian que las investigaciones abiertas por las fiscalías no derivan en resultados concretos ni frenan la impunidad.
El caso más reciente es el de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, de 60 años, asesinado a balazos este miércoles en el estado de Oaxaca. Desde el año pasado, el comunicador había denunciado públicamente amenazas de muerte directas tras la publicación de diversas columnas de opinión críticas contra la gestión del gobernador Salomón Jara Cruz y miembros de su gabinete estatal.
A esta muerte se suma el hallazgo sin vida, a inicios de este mes, de la periodista Roxana Guzmán, quien logró grabar en video los momentos previos a su secuestro ocurrido en junio, cuando hombres armados se apostaron frente a su vivienda. En este mismo mes de julio también fueron asesinados Alex Serna, en el estado de Guerrero, y Josué Martínez Contreras, en la entidad de Puebla. Previamente, en el transcurso del año, perdieron la vida en ataques violentos los comunicadores Luis Ángel López Valdez y Carlos Castro, ambos en el estado de Veracruz, además de Juan David Gámez, ultimado en Nuevo León.
Impunidad estructural y fallas del Estado
La acumulación de carpetas de investigación sin avances sustanciales mantiene la casi totalidad de estos crímenes en la impunidad. Ante este panorama, organizaciones de derechos humanos cuestionan severamente la efectividad de las instituciones gubernamentales para frenar los ataques.
“Abrir una investigación tras cada asesinato no ha servido para proteger vidas, no ha puesto fin a la violencia y ya no puede seguir siendo la única respuesta”, enfatizó Artur Romeu, director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Desde Reporteros Sin Fronteras señalaron que la inacción estatal ante evidencias grabadas en video y denuncias previas de amenazas evidencia fallas graves de las instituciones que ya tenían conocimiento directo del riesgo que corrían las víctimas. De igual forma, registros de la organización Artículo 19 detallan que desde el año 2000 al menos 180 periodistas han sido asesinados en México por motivos ligados a sus coberturas sobre corrupción pública y crimen organizado.
Mecanismos ineficientes ante la violencia
Pese a que desde junio de 2012 existe el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas —el cual contempla escoltas policiales y botones de pánico conectados al 911—, diversos análisis señalan deficiencias operativas profundas. Múltiples alertas de los propios trabajadores de prensa señalan que los efectivos policiales asignados a la protección o a las investigaciones posteriores pertenecen, en ocasiones, a las mismas corporaciones acusadas de emitir las amenazas originales.
La escala de la violencia para la prensa en México trasciende las fronteras nacionales. Tras la muerte del periodista Juan David Gámez en marzo pasado, el director general de la Unesco, Khaled El-Enany, advirtió sobre el impacto social de estos atentados.
“La violencia contra periodistas no es solo una afrenta a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, sino que también priva a la población de su derecho fundamental a la información”, declaró Khaled El-Enany.
Pese a las llamadas de alerta internacional, seis comunicadores más han sido asesinados desde que la Unesco emitió dicho pronunciamiento, consolidando un escenario de indefensión para la labor informativa en el país.
