Budapest (Hungría) — En una decisión poco habitual dentro de las democracias contemporáneas, el Parlamento de Hungría aprobó por unanimidad una ley que reduce en un 40 % los salarios de los propios diputados y elimina parte de los beneficios que reciben los legisladores. La iniciativa forma parte del programa de austeridad del primer ministro Péter Magyar, quien llegó al gobierno tras derrotar a Viktor Orbán y poner fin a dieciséis años de hegemonía del partido Fidesz.
De los 199 integrantes de la Asamblea Nacional, 189 participaron en la votación y todos respaldaron el proyecto presentado por el partido gobernante Tisza. Con la nueva legislación, el salario base mensual de los diputados pasa a ser de aproximadamente 1,3 millones de florines, equivalente a unos 22 mil reales brasileños antes de impuestos. Aunque la remuneración seguirá por encima del promedio nacional, representa una reducción significativa respecto de la vigente durante la administración anterior.
La austeridad comienza en la política
La reforma no afecta únicamente a los diputados. También reduce las remuneraciones del primer ministro, del presidente del Parlamento y de los integrantes de las comisiones legislativas. Además, elimina el reembolso total de los gastos de telefonía móvil y disminuye los recursos destinados a oficinas parlamentarias, viviendas oficiales y contratación de asesores.
Según el gobierno, el ahorro previsto durante la actual legislatura equivale aproximadamente al costo de un año completo de funcionamiento administrativo del Parlamento.
Al defender la propuesta, Péter Magyar afirmó que el ajuste constituye un acto de “autocontención y humildad” y sostuvo que la responsabilidad fiscal debe comenzar por las propias instituciones del Estado antes de trasladar sacrificios a la ciudadanía. La reducción del gasto parlamentario integra un paquete más amplio de reformas orientadas a disminuir el déficit público, revisar el gasto estatal y fortalecer la transparencia en la administración.
Péter Magyar, antiguo integrante de Fidesz, rompió con la formación oficialista en 2024 y dos años después obtuvo una amplia victoria electoral al frente del partido Tisza. Su triunfo puso fin a uno de los períodos más prolongados de permanencia de un mismo líder en el poder dentro de la Europa contemporánea.
Durante la campaña, prometió revisar el gasto público, reforzar los mecanismos de lucha contra la corrupción y reconstruir la relación institucional de Hungría con la Unión Europea. Su gobierno sostiene que parte del actual desequilibrio fiscal es consecuencia del incremento del gasto registrado en los últimos años de la administración Orbán. El partido Fidesz rechaza esa interpretación y cuestiona las críticas formuladas por la nueva gestión.
Un debate que trasciende las fronteras húngaras
La decisión adoptada en Budapest reabre una discusión presente en numerosas democracias: cuál debe ser el equilibrio entre una remuneración acorde con la responsabilidad de los cargos públicos y el costo que la representación política implica para la sociedad.
En aquellos países donde el funcionamiento del Poder Legislativo suele ser objeto de cuestionamientos, las reducciones voluntarias de salarios y beneficios poseen un fuerte valor simbólico. Más allá del ahorro económico, transmiten la idea de que los esfuerzos de austeridad también alcanzan a quienes ejercen el poder.
En Brasil, por ejemplo, diputados federales y senadores perciben una de las remuneraciones parlamentarias más elevadas de América Latina, además de asignaciones para el ejercicio del mandato, ayudas de vivienda, recursos para los despachos y otros beneficios previstos por la legislación. A pesar de las críticas recurrentes sobre el costo del Congreso, las iniciativas destinadas a reducir las remuneraciones de los propios legisladores rara vez prosperan.
Aunque las realidades institucionales y económicas de ambos países son diferentes, la decisión del Parlamento húngaro vuelve a colocar sobre la mesa una cuestión que trasciende las fronteras nacionales: la credibilidad de las políticas de austeridad también depende de la disposición de la dirigencia política a asumir parte de los sacrificios que suele exigir al conjunto de la sociedad.
