*Editorial Fronteira Livre
Las fronteras nunca han sido simples líneas geográficas para América Latina.
Han sido instrumentos de exclusión, control y desigualdad. Millones de latinoamericanos han debido abandonar sus países por la pobreza, la violencia, las crisis económicas o la persecución política. Otros han sido detenidos, deportados, separados de sus familias o sometidos a interminables procesos migratorios por el simple hecho de haber nacido al sur del continente. Para esta región, la movilidad nunca ha sido un derecho plenamente garantizado, sino un privilegio condicionado por el pasaporte, el lugar de origen y las relaciones de poder que organizan el sistema internacional.
La Copa Mundial de 2026 también puso a prueba la universalidad que la FIFA ha proclamado durante décadas.
El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan fue detenido, interrogado y deportado pese a portar la acreditación oficial de la FIFA. El delantero iraquí Aymen Hussein permaneció retenido durante horas antes de recibir autorización para ingresar a Estados Unidos. Un fotógrafo acreditado de la selección iraquí no logró cruzar la frontera. La delegación iraní reorganizó toda su planificación para reducir su permanencia en territorio estadounidense. Ninguno de estos episodios tomó por sorpresa a los organismos internacionales de derechos humanos, que habían advertido con meses de anticipación sobre las consecuencias que tendría la política migratoria aplicada por Washington.
Tampoco sorprendieron a América Latina.
La región conoce demasiado bien esa realidad. Durante años, miles de latinoamericanos han enfrentado detenciones arbitrarias, deportaciones aceleradas, separación de familias, restricciones de visado y un creciente proceso de criminalización de la migración. Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, esa política volvió a endurecerse y recuperó un lugar central en la agenda estadounidense, afectando de manera directa a quienes buscan trabajo, protección o simplemente la posibilidad de cruzar una frontera.
La responsabilidad por esas decisiones pertenece al gobierno de Estados Unidos.
La responsabilidad de la FIFA comienza cuando acepta organizar la mayor competición del fútbol mundial bajo esas condiciones sin exigir garantías mínimas para árbitros, futbolistas, periodistas, trabajadores acreditados y aficionados oficialmente vinculados al torneo.
La organización nunca fue llamada a administrar las fronteras estadounidenses.
Sí podía decidir cuáles eran las condiciones compatibles con una Copa del Mundo.
Y decidió que aquellas eran suficientes.
La neutralidad también es una decisión política
La FIFA sostiene que no interviene en decisiones soberanas de los Estados anfitriones. Sin embargo, esa neutralidad desaparece cuando entran en juego sus intereses económicos.
Durante décadas, la organización ha demostrado una extraordinaria capacidad para influir sobre gobiernos. Ha exigido modificaciones legislativas, exenciones fiscales, regímenes especiales de contratación y amplias garantías comerciales para proteger patrocinadores, contratos y derechos de transmisión. Nunca consideró que la soberanía nacional fuera un límite cuando se trataba de preservar el negocio del fútbol.
En 2026 ocurrió exactamente lo contrario.
Cuando la discusión dejó de girar en torno al mercado y pasó a involucrar derechos humanos, la FIFA eligió guardar silencio. No porque hubiera perdido capacidad de negociación, sino porque decidió no ejercerla.
La cuestión nunca fue si debía administrar la política migratoria de Estados Unidos. La verdadera pregunta era si resultaba aceptable organizar la mayor competición deportiva del planeta sabiendo que árbitros, futbolistas, periodistas, trabajadores acreditados e incluso aficionados invitados oficialmente podían ser detenidos, retenidos o expulsados por decisiones completamente ajenas al deporte.
Esa decisión trasciende el fútbol.
También revela una de las contradicciones más profundas del orden internacional contemporáneo: las fronteras se abren con rapidez para las inversiones, las mercancías y los intereses financieros, pero continúan cerrándose para quienes migran buscando trabajo, protección o simplemente el derecho a circular.
América Latina conoce esa desigualdad desde hace generaciones.
La conocen quienes cruzan el Darién, quienes esperan durante meses una visa, quienes son deportados sin garantías, quienes viven separados de sus familias y quienes descubren que el valor de un pasaporte depende, demasiadas veces, del lugar que cada país ocupa dentro del sistema internacional.
La Copa Mundial de 2026 no creó esa realidad.
La institucionalizó.
Al aceptar que su principal torneo se desarrollara bajo condiciones que restringían la movilidad de personas oficialmente acreditadas, la FIFA terminó incorporando esa lógica de exclusión al mayor símbolo global del fútbol.
Donald Trump será recordado por profundizar una política migratoria ampliamente cuestionada por organismos internacionales de derechos humanos.
La FIFA será recordada por haber decidido que esas condiciones eran compatibles con el torneo que durante décadas presentó como una celebración de la diversidad, la integración y la universalidad.
Porque los principios solo demuestran su verdadero valor cuando defenderlos implica asumir un costo.
Cuando la libertad de circulación se convierte en un derecho para el capital y en un privilegio para las personas, la universalidad deja de ser un principio.
Se convierte en un privilegio administrado por el poder y el mercado.
Y mientras esa contradicción sea aceptada como parte del espectáculo, ningún Mundial podrá llamarse verdaderamente universal.
Este texto refleja la opinión institucional del portal Fronteira Livre sobre el tema abordado.
