*Por Amilton Farias
En México, miles de madres recorren desiertos y terrenos abandonados buscando restos humanos que puedan devolverles el derecho a llorar a sus hijos. En Colombia, líderes comunitarios son asesinados por defender la tierra, el agua y los derechos de sus pueblos. En Brasil, jóvenes de las periferias mueren durante operaciones policiales que prometen combatir el crimen organizado. En Honduras, Guatemala y otros países de Centroamérica, miles de adolescentes abandonan sus hogares para escapar de la violencia y la falta de oportunidades. Cambian las banderas, los gobiernos y los discursos oficiales. Sin embargo, las víctimas suelen parecerse demasiado.
La tragedia ocurrida en los complejos de Penha y Alemão, en Río de Janeiro, volvió a poner en evidencia una herida que atraviesa a toda América Latina. Más allá de las cifras, de las investigaciones y de las disputas políticas, el episodio recordó una verdad incómoda: los sectores históricamente excluidos continúan siendo quienes más sufren las consecuencias de la violencia.
La región más desigual del planeta también es una de las más peligrosas para quienes nacen lejos de los privilegios. La juventud latinoamericana crece en un escenario marcado por profundas contradicciones. Nunca hubo tanto acceso a la información, a la educación y a la comunicación global. Al mismo tiempo, millones de jóvenes enfrentan desempleo, precarización laboral, racismo, discriminación y violencia cotidiana.
Muchos nacen en territorios donde la presencia del Estado es intermitente. Escuelas deterioradas, hospitales insuficientes, transporte precario y ausencia de oportunidades forman parte de la rutina de barrios populares desde Ciudad de México hasta Buenos Aires. Sin embargo, cuando la violencia aparece, el Estado suele regresar con rapidez. Regresa armado.
La historia latinoamericana demuestra que este fenómeno no es nuevo. Durante gran parte del siglo XX, dictaduras militares y gobiernos autoritarios justificaron la represión bajo el argumento de proteger el orden. Miles de personas fueron perseguidas, encarceladas, desaparecidas o asesinadas. Aunque buena parte de la región recuperó sus instituciones democráticas, algunas lógicas heredadas de aquellos períodos siguen presentes.
Hoy, los enemigos ya no son necesariamente militantes políticos o sindicatos organizados. En muchos casos, el enemigo tiene el rostro de un joven pobre, de un líder indígena, de una activista ambiental o de una comunidad que resiste proyectos económicos que amenazan su territorio.
Las cifras son alarmantes. América Latina concentra algunos de los índices más altos de homicidios del planeta. También registra un número creciente de asesinatos contra defensores de derechos humanos, periodistas y líderes sociales. En numerosos países, quienes denuncian abusos, corrupción o violaciones ambientales enfrentan amenazas constantes.
Pero existe una dimensión aún más profunda que las estadísticas no logran explicar completamente. La violencia no mata únicamente cuerpos. También destruye proyectos de vida. Interrumpe sueños. Rompe vínculos comunitarios. Obliga a familias enteras a convivir con el miedo como parte de su rutina.
Por eso resulta insuficiente analizar la seguridad pública únicamente desde una perspectiva policial. El problema latinoamericano no comienza con el crimen organizado y tampoco termina con una operación militar. La violencia encuentra terreno fértil allí donde prosperan la pobreza, la desigualdad y la exclusión.
Durante décadas, millones de jóvenes fueron educados bajo la promesa de que el esfuerzo individual sería suficiente para superar cualquier obstáculo. Sin embargo, la realidad demuestra que las condiciones de partida siguen siendo determinantes. No es lo mismo nacer en un barrio privilegiado que en una periferia abandonada. No es lo mismo crecer rodeado de oportunidades que hacerlo en territorios donde la única presencia constante del poder público son las fuerzas de seguridad.
La expansión de discursos autoritarios agrava todavía más este escenario. En distintos países de la región, sectores políticos han encontrado en el miedo una poderosa herramienta de movilización. La inseguridad se transforma en plataforma electoral. La mano dura se presenta como solución universal. La muerte se convierte en argumento político.
Quienes cuestionan estos modelos suelen ser acusados de ingenuidad o complicidad con el crimen. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que la militarización permanente rara vez resuelve las causas profundas de la violencia. Puede producir imágenes impactantes para los medios de comunicación, pero difícilmente construye sociedades más justas o más seguras.
La verdadera seguridad requiere algo más complejo y menos espectacular. Requiere educación, empleo, vivienda digna, acceso a la salud, cultura y participación democrática. Requiere combatir la corrupción que protege redes criminales. Requiere fortalecer instituciones capaces de garantizar derechos. Requiere, sobre todo, reconocer que la vida de un joven de una periferia vale exactamente lo mismo que la de cualquier otra persona.
América Latina enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia contemporánea. No se trata únicamente de reducir índices de violencia o desarticular organizaciones criminales. Se trata de decidir qué tipo de sociedad quiere construir.
La región puede continuar naturalizando que los muertos tengan siempre el mismo origen social. Puede seguir aceptando que las periferias funcionen como territorios de sacrificio. Puede continuar enterrando jóvenes mientras los discursos oficiales prometen soluciones que nunca llegan.
O puede asumir que la democracia no se mide solamente por elecciones periódicas o instituciones formales. También se mide por la capacidad de proteger a quienes históricamente fueron excluidos de sus beneficios.
Las madres mexicanas que buscan desaparecidos, los líderes comunitarios colombianos que siguen defendiendo sus territorios, los jóvenes brasileños que sobreviven en las favelas y las comunidades latinoamericanas que resisten al abandono comparten algo más que el sufrimiento. Comparten la esperanza de que otro continente sea posible.
Porque el verdadero fracaso de una sociedad no ocurre cuando aumenta la violencia.
Ocurre cuando aprende a convivir con ella.
Y ninguna democracia puede considerarse completa mientras siga enseñando a sus jóvenes a familiarizarse con la muerte antes que con la libertad.
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Amilton Farias es periodista y editor jefe de Fronteira Livre.
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Este artículo refleja la posición editorial e institucional de Fronteira Livre sobre el tema abordado.
