Santa Cruz, BOL – El Ministerio Público de Bolivia confirmó este jueves 5 de noviembre la emisión de una orden de aprehensión contra Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el marco de una investigación penal por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.
La decisión fue adoptada por una comisión de fiscales de Santa Cruz, que fundamentó el requerimiento en la existencia de riesgos procesales relacionados con la falta de acreditación de un domicilio procesal por parte de la autoridad judicial.
El fiscal general interino, José Armando Urioste, confirmó la validez de la orden y señaló que el mandamiento fue expedido por los fiscales asignados al caso después de evaluar los elementos de convicción reunidos durante la investigación.
Urioste explicó que el expediente permanece bajo reserva temporal debido a la participación de testigos protegidos, cuyas identidades deben mantenerse en resguardo. Esta medida limita el acceso público a las actuaciones mientras continúan las diligencias.
El Ministerio Público también informó que inició coordinaciones internacionales para gestionar la emisión de una notificación roja de Interpol. A esto se suma la activación formal de alertas migratorias, luego de que las autoridades reunieran indicios sobre la salida de Saucedo del territorio boliviano.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, se refirió al desplazamiento del magistrado y explicó que probablemente habría salido del país mediante un procedimiento autorizado. Según el ministro, Saucedo no tenía una alerta migratoria ni una orden de arraigo cuando atravesó los controles fronterizos.
Oviedo agregó que los organismos de inteligencia están investigando una posible vinculación de la exautoridad judicial con redes de criminalidad organizada que han sido objeto de investigaciones durante las últimas semanas en el departamento de Santa Cruz.
Saucedo denuncia persecución política y anuncia su exilio
Tras conocerse la orden de aprehensión, Romer Saucedo difundió un pronunciamiento público en el que confirmó su salida de Bolivia junto a su núcleo familiar. El magistrado calificó su situación como un exilio y denunció una supuesta persecución política destinada a descabezar el Poder Judicial.
En su declaración, sostuvo que las acusaciones constituyen un ataque relacionado con sus cuestionamientos al poder político. También afirmó que habría abandonado el país sin tener procesos judiciales abiertos, aunque aseguró que sabía que comenzarían a iniciarse procedimientos en su contra.
Saucedo insistió en que su salida de Bolivia no significa una renuncia al ejercicio de sus funciones institucionales. Su posición contrasta con las medidas anunciadas por la Fiscalía, que confirmó la orden de aprehensión y las gestiones para activar mecanismos de búsqueda internacional.
El TSJ designa una presidenta interina y exige el retorno de Saucedo
Ante la ausencia del magistrado, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia resolvió designar a la magistrada Rosmery Ruiz como presidenta temporal del máximo órgano de administración de justicia.
La dirección transitoria del tribunal también estableció un plazo perentorio de seis días para que Saucedo regrese a la sede institucional en Sucre. El objetivo es definir los procedimientos legales relacionados con su suplencia y el tratamiento procesal de las actuaciones en su contra.
Uno de los puntos centrales es la aplicación de la prerrogativa del juicio de responsabilidades, prevista en la legislación boliviana para determinadas autoridades del Estado. Su alcance deberá ser considerado en la definición de los procedimientos correspondientes a la investigación.
El caso abre una discusión sobre los mecanismos legales para investigar y juzgar a las máximas autoridades del sistema judicial boliviano. La situación también plantea interrogantes sobre la continuidad de la dirección del TSJ y las condiciones institucionales para mantener su funcionamiento mientras se resuelve la ausencia de su presidente.
La eventual activación de una notificación roja de Interpol amplía el alcance de las diligencias hacia el ámbito de la cooperación internacional. Su tramitación podría facilitar la localización del investigado fuera de Bolivia, en el marco de los procedimientos correspondientes.
Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Justicia deberá resolver los aspectos administrativos y jurídicos derivados de la ausencia de Saucedo, incluida la continuidad de la presidencia y la definición de los mecanismos de suplencia. La investigación penal, las denuncias de persecución política y las decisiones internas del órgano judicial mantienen abierto un conflicto que involucra directamente a la máxima instancia de justicia del país.
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