Condorcanqui, PER – Cerca de mil denuncias relacionadas con abusos sexuales contra menores, tocamientos de índole sexual y violencia de género siguen sin recibir una respuesta adecuada de la justicia en la provincia de Condorcanqui, en la Amazonía peruana. Los casos se registran desde 2014 y afectan principalmente a las comunidades indígenas awajún y wampis, que reúnen a unas 70.000 personas. Algunas entidades estiman que el número podría llegar a 1.400 casos.
Las consecuencias de la violencia incluyen infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), embarazos adolescentes y una grave crisis de salud mental, con múltiples intentos de suicidio entre niñas y adolescentes. Hay casos de niñas de apenas 3 y 4 años que viven con VIH, tras haber sido infectadas en situaciones de abuso sexual.
La gravedad del problema fue examinada por una delegación del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), vinculado a la Organización de los Estados Americanos (OEA). La visita se realizó después de las denuncias presentadas ante la Defensoría del Pueblo de Perú y permitió identificar problemas que van más allá de las escuelas y afectan la protección de las mujeres y niñas de toda la región.
Mónica Maureira, integrante de la delegación, contó que vio niñas que ya tenían hijos, pero que todavía no habían podido procesar la violencia que habían sufrido. Durante la visita, el equipo también conoció varios intentos de suicidio, incluido el caso de una joven que habría ingerido champú.
“Vi niñas con hijos que evidentemente no habían procesado todo lo que les había pasado”, relató Maureira.
Denuncias sin investigación y falta de recursos
En 2024, la Defensoría del Pueblo presentó una denuncia sobre la violencia sexual en centros educativos de la provincia. El informe identificó al menos 500 casos de acoso sexual en escuelas a las que asisten mayoritariamente estudiantes awajún y wampis.
Una de las principales referentes de la movilización comunitaria es Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis. Según ella, las mujeres de las comunidades están prácticamente solas en la tarea de proteger a las niñas, acompañar a las víctimas y exigir que los responsables rindan cuentas.
“Pero estamos solas: el sistema judicial peruano simplemente dice que no tiene presupuesto para atendernos. Para escuchar las denuncias y castigar a los responsables”, afirmó Pioc.
La dirigente señala que no hay jueces de manera permanente en la zona. Cuando un magistrado llega a las comunidades, faltan otros funcionarios para dar continuidad a los procesos y garantizar que la justicia tenga en cuenta las particularidades de los pueblos indígenas.
La impunidad también aparece en los casos que involucran a profesionales de la educación. Según la Defensoría del Pueblo, cerca de 170 docentes fueron acusados de abuso sexual contra menores en la región. La mayoría no fue procesada; muchos fueron absueltos y otros trasladados por las autoridades locales, lo que les permitió eludir la justicia ordinaria, según el informe.
“Que no se castigue a las personas que abusan de las niñas, que las tocan, hace que la situación se normalice y no se detenga”, dijo Pioc.
La dirigente también explicó que algunas comunidades aplican mecanismos locales de castigo, como el confinamiento y los azotes. El Consejo de Mujeres intenta dialogar con los líderes comunitarios para cambiar esas prácticas, pero sostiene que el Gobierno peruano debe destinar los recursos necesarios para investigar y juzgar los delitos.
La legislación peruana contempla penas de entre tres y cuatro años de prisión para los delitos sexuales y abusos contra menores mencionados en el material. El Poder Judicial ha reconocido que cuenta con recursos limitados para atender las necesidades de la región.
A finales de 2025, durante una discusión presupuestaria en el Congreso, el Gobierno afirmó que disponía de apenas el 19% de los recursos considerados necesarios para enfrentar la criminalidad en todo el país. Janet Tello, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Perú, defendió un aumento del presupuesto y sostuvo que invertir en justicia es una garantía de estabilidad y previsibilidad para el país.
VIH y consecuencias para la salud mental
Los efectos de la violencia sexual también alcanzan la salud de las niñas y sus familias. Maureira relató casos de niñas de 3 y 4 años infectadas con VIH como consecuencia de abusos sexuales y advirtió sobre los efectos físicos y psicológicos de la falta de atención.
Rosemary Pioc sostiene que el problema no se limita a las víctimas identificadas individualmente. Según ella, hay familias enteras que viven con VIH sin poder acceder a la atención médica necesaria.
Datos del Ministerio de Salud de Perú indican que, entre 2014 y 2026, se registraron 190 casos de personas con VIH de entre 14 y 19 años en las comunidades mencionadas. En la provincia de Condorcanqui, la prevalencia de la infección alcanza el 1,8%, seis veces más que en otras regiones del país. El indicador abarca toda la provincia, no solamente los territorios indígenas.
Pioc advierte que las cifras oficiales podrían estar por debajo de la realidad, porque la falta de recursos impide realizar pruebas y diagnósticos. Sin la detección de la infección, muchas personas permanecen sin tratamiento.
El Ministerio de Salud declaró una emergencia médica en la zona para atender a las menores. Sin embargo, representantes de las comunidades e integrantes del Mesecvi reclaman un plan integral que incluya atención médica, acompañamiento psicológico, protección social y medidas para evitar la estigmatización de las víctimas.
La salud mental es una de las preocupaciones más urgentes. Maureira contó que conoció numerosos intentos de suicidio entre niñas y adolescentes que habían sufrido violencia sexual y afirmó que la delegación llegó a presenciar al menos dos situaciones durante la visita.
Las comunidades reclaman un refugio permanente
Para Pioc, hay dos medidas que deben avanzar con urgencia: aumentar el presupuesto destinado a investigar las denuncias de violencia sexual y construir un refugio permanente para las víctimas.
Actualmente, las comunidades cuentan con un espacio de acogida temporal que no permite alojar a mujeres y niñas durante períodos prolongados. La dirigente reclama una estructura capaz de ofrecer protección y acompañamiento continuos, en lugar de una asistencia limitada a un período breve.
Muchas víctimas no pueden regresar a sus hogares después de los abusos, ya sea por el estigma social o por vivir con VIH. Algunas son trasladadas a otros refugios donde nadie habla awajún ni conoce las particularidades culturales y sociales de sus comunidades. La barrera lingüística dificulta la acogida y puede limitar el acceso a los servicios que necesitan.
El Mesecvi recomendó que el Gobierno central destine recursos suficientes para investigar los casos y llevar a los responsables ante la justicia. Para Maureira, la falta de financiación puede agravar aún más una crisis que ya amenaza la salud y la seguridad de las niñas.
La ministra de la Mujer de Perú, María Seminario, afirmó que el informe coincide con las propuestas de su cartera. En declaraciones a la cadena peruana RPP, reconoció que la respuesta estatal está fragmentada y señaló que, desde hacía dos semanas, se estaban celebrando reuniones para formular una solución conjunta, según la información disponible sobre sus declaraciones.
Para las comunidades awajún y wampis, responder a la crisis exige investigar los delitos, garantizar el acceso a la salud, ofrecer protección permanente a las víctimas y destinar recursos públicos que permitan al Estado actuar de manera continua en la región.
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