Lima, PER – La Fiscalía decidió archivar una investigación sobre los casos de esterilizaciones forzadas ocurridos durante los gobiernos del expresidente Alberto Fujimori. La decisión se fundamenta en una ley aprobada por el Congreso peruano en 2024, que establece una amnistía para los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002. La norma contó con el respaldo de Keiko Fujimori, hija del exmandatario.
El archivo de la investigación interrumpe el proceso judicial sobre una política que afectó a mujeres durante el gobierno de Fujimori. Las víctimas buscan que se establezcan responsabilidades por los procedimientos realizados sin su consentimiento y por las violaciones a sus derechos. Entre ellas se encuentra Victoria Vigo, quien sufrió las consecuencias de esta política y aseguró que apelará la decisión de la Fiscalía.
La legislación utilizada como fundamento para archivar la investigación fue aprobada por el Congreso en 2024. La norma comprende crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, un período que incluye los casos de esterilizaciones investigados durante los gobiernos de Alberto Fujimori.
El respaldo de Keiko Fujimori a la ley también forma parte del contexto político de la decisión. Hija del expresidente, apoyó la aprobación de la norma en el Congreso. La legislación tiene consecuencias directas sobre el desarrollo de procesos judiciales relacionados con violaciones de derechos humanos ocurridas durante el período en que su padre estuvo en el poder.
Victoria Vigo, una de las víctimas de la política de esterilizaciones, afirmó que no aceptará el archivo de la investigación sin presentar una impugnación judicial. Según anunció, las víctimas apelarán la decisión. La medida busca evitar que la aplicación de la ley cierre definitivamente la posibilidad de investigar y establecer responsabilidades por los procedimientos realizados durante el gobierno de Fujimori.
El caso vuelve a poner en discusión el derecho de las víctimas de esterilizaciones forzadas en Perú a obtener justicia y a que se determinen las responsabilidades por las violaciones sufridas. El archivo de la investigación representa un nuevo obstáculo para las mujeres que buscan el reconocimiento de los daños causados y respuestas sobre las intervenciones realizadas sin su consentimiento.
La decisión también abre interrogantes sobre los efectos de la ley de amnistía aprobada en 2024 en las investigaciones de violaciones de derechos humanos cometidas antes de 2002. Para las víctimas, la posibilidad de apelar mantiene abierta la disputa judicial contra el cierre del caso.
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