América Latina – Más de 30 especialistas de 14 países de América Latina presentaron el 1 de octubre de 2026 una propuesta de ley modelo para tipificar el ecocidio como delito y responsabilizar a personas y empresas por daños ambientales graves, extensos o duraderos. El texto consta de 18 artículos y establece penas de ocho a 20 años de prisión para quienes, por acción u omisión, provoquen ese tipo de destrucción. La iniciativa deberá pasar ahora por debates legislativos y dependerá también de la presión de las organizaciones civiles para avanzar en los distintos países de la región.
La propuesta busca adaptar la criminalización del ecocidio a las condiciones latinoamericanas, donde la violencia contra defensores ambientales, la corrupción y la impunidad dificultan la protección de los territorios. Gustavo Alanís, fundador y director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), explicó que ya existen iniciativas internacionales para reconocer el ecocidio como delito, pero que es necesario adecuarlas a la realidad de América Latina.
Según Alanís, la violencia contra quienes defienden la naturaleza y las dificultades para llevar ante la justicia a los responsables de delitos ambientales hacen necesaria una legislación que contemple las particularidades de la región.
Extractivismo y flexibilización de las leyes ambientales
Lina Muñoz, abogada colombiana, docente y representante de la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales de América Latina y el Caribe, advirtió sobre el avance de las fuerzas políticas de ultraderecha y la promoción de actividades extractivas, así como sobre las posiciones negacionistas frente al cambio climático.
“En América Latina hay ahora frecuentemente intentos de flexibilizar la legislación y los controles ambientales”, afirmó Muñoz.
En ese contexto, considera que el ecocidio es una herramienta indispensable para defender la vida en el planeta.
Exasesora jurídica del Ministerio de Ambiente de Colombia, Muñoz también sostiene que la propuesta puede ampliar el debate sobre la protección ambiental y llevarlo a los territorios y a distintos sectores de la sociedad.
Rodrigo Lledó, director de Stop Ecocidio Américas y exdirector de la Fundación Baltasar Garzón, calificó la iniciativa como un hito histórico para la región. Recordó que el concepto de ecocidio surgió durante la guerra de Vietnam y que, en 2021, un panel independiente de expertos propuso incluirlo en el Estatuto de Roma como un quinto crimen internacional, sujeto a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
Lledó aclaró que la iniciativa no busca impedir la actividad empresarial, sino establecer límites frente a la destrucción ambiental.
“No estamos en contra de la actividad empresarial, sino de que se destruya la naturaleza de forma extensa y duradera con el pretexto de que creamos empleo”, afirmó.
“No es posible matar a un ser humano por hacer un negocio. Tampoco se puede dañar el medio ambiente por un negocio”, agregó. La palabra ecocidio tiene raíces griegas y significa literalmente “matar nuestro hogar”.
Qué establece la propuesta de ley
La elaboración del documento se desarrolló en tres etapas. La primera consistió en una consulta pública en la que participaron 240 personas, entre ellas integrantes de pueblos indígenas, estudiantes y representantes de organizaciones. Después se realizaron rondas virtuales con 74 especialistas de distintos países. Finalmente, el panel encargado de redactar el texto se reunió en la Universidad Iberoamericana, en Ciudad de México.
Una de las novedades de la propuesta es que tipifica el ecocidio como delito de resultado y de peligro. También contempla la modalidad culposa, relacionada con daños causados sin intención delictiva. Según Lledó, demostrar la culpa puede ser más sencillo que probar el dolo, es decir, la intención de cometer el delito, en tiempos de paz.
El texto establece que una autorización obtenida mediante fraude o corrupción no exime a una empresa de responsabilidad penal. También prevé el decomiso de las ganancias procedentes del delito y la prohibición de contratar con el Estado o participar en licitaciones públicas.
La responsabilidad alcanzaría tanto a personas físicas como jurídicas. De este modo, un director ejecutivo podría responder personalmente por su participación en el delito, mientras que la empresa involucrada también estaría sujeta a las consecuencias legales.
La propuesta incluye además la jurisdicción universal, la imprescriptibilidad del delito, la prohibición de amnistías y la acción popular, que permitiría a cualquier persona denunciar el ecocidio. Otra disposición protege las prácticas ancestrales de las comunidades tradicionales, para evitar que sus formas de vida sean consideradas indebidamente un delito ambiental.
Los daños asociados a la minería ilustran algunos de los problemas que motivan la discusión. En zonas mineras de Brasil existen paisajes profundamente alterados y cursos de agua de tonos anaranjados o rojizos. Esta coloración puede ser consecuencia del drenaje ácido de mina, un proceso químico que se produce cuando las rocas expuestas por la actividad minera entran en contacto con el agua y el aire, liberando ácidos y metales tóxicos.
Protección de denunciantes y acceso a la justicia
La iniciativa forma parte de los esfuerzos por fortalecer la legislación ambiental en América Latina. Entre ellos se encuentran el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, que considera a los ecosistemas como sujetos con derechos propios, y el Acuerdo de Escazú, tratado regional adoptado en 2018 que establece garantías de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales, además de compromisos para proteger a quienes defienden el medio ambiente.
La propuesta considera agravante las amenazas contra denunciantes y defensores ambientales. Alanís afirmó que los derechos de la naturaleza y la criminalización del ecocidio son vías complementarias que pueden desarrollarse en paralelo.
El director del Cemda reconoció, sin embargo, que la aplicación de las leyes ambientales suele enfrentar presiones económicas y políticas. La creación de nuevos delitos no basta por sí sola: también es necesario fortalecer las fiscalías y los organismos responsables de investigar y llevar los casos ante la justicia.
El texto no elimina las obligaciones del Estado de actuar con la debida diligencia para prevenir los daños ambientales y detener los riesgos o perjuicios existentes. Sus autores proponen un plazo de dos años desde la aprobación de la ley para que las empresas, los Estados y las fiscalías puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.
Muñoz señaló que la elaboración de la propuesta también tuvo una dimensión pedagógica, al vincular el derecho ambiental, el derecho penal, la ciencia y las comunidades. El propósito es fortalecer la capacidad de las personas para defender sus derechos y sus territorios.
Para reducir las barreras de acceso a la justicia, el texto contempla asistencia jurídica, acompañamiento, traducción y participación de universidades en la obtención de pruebas. La intención es evitar que los costos y las dificultades de los procesos judiciales se conviertan en un obstáculo adicional para quienes denuncian la destrucción ambiental.
Tras la presentación, las organizaciones de la sociedad civil buscarán presionar a legisladores y gobiernos nacionales para que debatan la propuesta. Ese mismo día, una delegación presentó la iniciativa ante una comisión del Congreso mexicano. El siguiente paso será convertir la propuesta regional en debates legislativos y medidas concretas en cada país.
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