Ciudad de Guatemala, GT – Siete personas, entre ellas dos mujeres y una niña, murieron en ataques armados ocurridos la noche del domingo en el municipio de Huité, en el este de Guatemala. Las autoridades atribuyen inicialmente la violencia a enfrentamientos entre organizaciones vinculadas al narcotráfico, pero videos difundidos en redes sociales y medios de comunicación locales muestran a hombres armados con ropa y equipos militares, lo que ha alimentado sospechas sobre una posible participación de fuerzas de seguridad.
Denuncias anónimas difundidas en redes sociales señalaron a militares como responsables de los ataques. El Ejército de Guatemala negó cualquier participación y afirmó que los enfrentamientos fueron provocados por
“disputas territoriales entre organizaciones del crimen organizado transnacional”.
La portavoz militar Nathalia Mollinedo afirmó, en un video publicado en la red social X, que las fuerzas del Ejército decidieron no ingresar a la zona durante los enfrentamientos. Según explicó, la decisión se tomó “con el fin de no escalar el conflicto”. Mollinedo también rechazó que los hombres registrados en las imágenes fueran militares guatemaltecos. Aseguró que los integrantes de la institución están “plenamente identificados” mediante sus “distintivos oficiales”.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, también evitó confirmar las acusaciones contra militares. Consultado sobre la posibilidad de que soldados hubieran disparado contra civiles, dijo que prefería no “adelantar una opinión sin tener antes mayor información de qué fue exactamente lo que ocurrió”.
“Eso es lo que vamos a investigar (…), es la información que yo necesito obtener” para dar una “respuesta concreta”, afirmó Villeda. El ministro también fue consultado sobre versiones que señalan una posible presencia de integrantes de la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, pero no confirmó esa hipótesis.
La Policía Nacional Civil informó que “todas las hipótesis se encuentran bajo una rigurosa investigación técnica y científica”. Según la institución, las primeras investigaciones indican que los ataques fueron “acciones planificadas” por grupos criminales con el objetivo de generar “zozobra” entre la población y que ocurrieron en tres puntos diferentes.
La Fiscalía informó que, en uno de los accesos al municipio de Huité, fue encontrada una camioneta con los cuerpos de una niña y dos mujeres adultas. Otros cuatro hombres adultos también fueron encontrados muertos.
La versión oficial fue cuestionada por el diputado opositor Allan Rodríguez, del partido Vamos, que estuvo en el gobierno anterior. El legislador exigió al presidente Bernardo Arévalo explicaciones sobre lo ocurrido y afirmó que todavía existen “muchas preguntas” en torno a los ataques.
Rodríguez también hizo referencia a versiones difundidas en redes sociales según las cuales militares extranjeros habrían participado en el ataque.
“Lo que no podemos tolerar y no podemos esconder es que hubo una masacre (cometida) por un comando integrado por soldados que no son guatemaltecos”, afirmó.
El diputado aclaró, sin embargo, que no cuenta con información que permita determinar la nacionalidad de los supuestos militares.
“No estoy aseverando que sean (…) de Estados Unidos o que sean de cualquier otro país, no tengo esa información y es la información que exijo”, agregó.
El episodio ocurre en un momento de acercamiento entre Guatemala y Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico. El país centroamericano forma parte de una alianza contra los carteles de la droga que operan en América Latina, impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump.
El gobierno de Bernardo Arévalo ha descartado operaciones militares estadounidenses en territorio guatemalteco, debido a que la Constitución del país establece restricciones para este tipo de acciones.
Una semana antes de los ataques, Guatemala recibió las primeras armas vendidas por Estados Unidos al país después de un embargo de aproximadamente cinco décadas relacionado con violaciones a los derechos humanos. También se estableció recientemente una alianza entre fiscales de ambos países para fortalecer la lucha contra los carteles de la droga.
El gobierno de Arévalo recibe críticas frecuentes por su política de seguridad, especialmente por la estrategia adoptada frente a las pandillas. En enero, grupos de este tipo mataron a 11 policías en el país. El gobierno sostiene que la lucha contra estas organizaciones debe llevarse a cabo sin abusos ni arbitrariedades y con respeto a los derechos humanos.
Mientras las autoridades investigan quiénes realizaron los ataques en Huité, continúan abiertas distintas versiones sobre la presencia de hombres con apariencia y equipamiento militar en el lugar. Hasta el momento, ninguna de esas hipótesis ha sido confirmada de manera concluyente por las autoridades.
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