São Miguel do Iguaçu, BR – La defensa de los territorios, la soberanía alimentaria y los derechos de las comunidades fueron algunos de los principales temas abordados durante el VI Foro Social y Popular de la Triple Frontera, realizado en São Miguel do Iguaçu. Al finalizar el encuentro, organizaciones sociales y populares de Argentina, Brasil y Paraguay difundieron una declaración en la que reunieron sus principales preocupaciones y denuncias sobre la situación de la región.
El documento cuestiona el avance de intereses extranjeros sobre los territorios y, en particular, los acuerdos establecidos por los gobiernos de Paraguay y Argentina con Estados Unidos. Las organizaciones consideran que estas políticas pueden profundizar la pérdida de soberanía y favorecer procesos de extranjerización de tierras y desplazamiento de comunidades.
Uno de los reclamos centrales estuvo relacionado con los conflictos por la tierra y el avance del agronegocio. Según la declaración, comunidades campesinas de los tres países que participaron de procesos de recuperación de tierras continúan enfrentando conflictos vinculados al uso de agrotóxicos, la contaminación, la expansión de monocultivos y la concentración del sistema alimentario y de la logística.
Las organizaciones también señalaron su preocupación por la apropiación y modificación de semillas y por los conflictos de tierras que persisten en distintos puntos de la región. Frente a esta situación, reivindicaron la soberanía alimentaria, la agroecología y una reforma agraria integral.
Reclamos por la situación de comunidades indígenas
Entre las denuncias más concretas presentadas durante el foro se encuentran las relacionadas con comunidades indígenas de Argentina y Paraguay. Las organizaciones denunciaron la violencia judicial y estatal contra la comunidad de Puente Quemado II, en la provincia argentina de Misiones, así como el acoso que, según señalaron, enfrenta la comunidad guaraní de Akaraymi, en Paraguay.
El documento también menciona el asesinato del líder indígena Antonio Carrillo y del docente Catalino Correa, ocurrido en el Tekoha Yapo, Paraguay. A partir de estos casos, los participantes reclamaron el respeto y la recuperación de los territorios indígenas de la región.
“Basta de acorralamiento y exclusión”, expresaron las organizaciones en la declaración, en la que plantearon la necesidad de mantener la defensa de las comunidades y sus territorios como una agenda común entre los tres países.
Trabajo y nuevas formas de precarización
La situación laboral también ocupó un lugar importante en las discusiones. Las organizaciones cuestionaron las políticas que, según sostienen, han debilitado los derechos de los trabajadores y contribuido al aumento del desempleo.
En particular, señalaron el crecimiento del trabajo mediante aplicaciones como una nueva forma de flexibilización de las relaciones laborales. También manifestaron preocupación por la situación de los trabajadores de la economía popular, quienes, de acuerdo con el documento, enfrentan mayores dificultades para acceder a condiciones de trabajo estables.
El foro también planteó una posición crítica frente al uso de nuevas tecnologías. Las organizaciones afirmaron que estas pueden contribuir a facilitar y dignificar el trabajo, pero advirtieron sobre sus efectos cuando son utilizadas en detrimento de la tierra, el ambiente, los derechos laborales y los conocimientos de las comunidades.
Cuestionamientos a la política exterior
La declaración incluyó además una serie de posicionamientos sobre la política internacional. Las organizaciones expresaron su solidaridad con Cuba y Venezuela frente a los bloqueos que ambos países enfrentan y condenaron la situación en Palestina.
También cuestionaron la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos y procesos electorales de América Latina, así como las posiciones adoptadas por los gobiernos de Argentina y Paraguay en relación con Washington.
Más allá de las diferencias entre las organizaciones participantes, el encuentro buscó consolidar un espacio común entre movimientos campesinos, indígenas, sindicales, estudiantiles, de mujeres y de derechos humanos de los tres países.
La declaración concluye con el compromiso de mantener esta articulación y fortalecer el Foro Social y Popular como un espacio permanente de organización en torno a la defensa de los territorios, los derechos sociales y la soberanía de los pueblos de la Triple Frontera.
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