Brasilia – El gobierno brasileño puso en marcha este jueves el proceso legal para someter los aranceles comerciales aplicados por Estados Unidos a los términos de la Ley de Reciprocidad Económica (Ley n.º 15.122/2025). La medida avanzó luego de que la Secretaría Ejecutiva de la Cámara de Comercio Exterior (Camex) remitiera la solicitud al Comité Ejecutivo de Gestión (Gecex). Al mismo tiempo, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Itamaraty) notificó a Washington para solicitar consultas diplomáticas formales, primer paso previsto en el Decreto n.º 12.551/2025 para responder a los aranceles de Estados Unidos.
El acuerdo se cerró en el Palacio del Planalto durante una reunión entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el canciller Mauro Vieira y el asesor especial para Asuntos Internacionales, Celso Amorim. El Ejecutivo aclaró que la apertura del trámite no implica represalias comerciales inmediatas, sino que establece el respaldo jurídico necesario para evaluar contramedidas mientras el país intenta neutralizar el impacto de las barreras mediante el diálogo bilateral.
El gobierno de Brasil calificó los gravámenes de la administración de Donald Trump como “injustificados y arbitrarios”. A lo largo del último año, representantes brasileños dialogaron con la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) con el fin de archivar las investigaciones abiertas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio estadounidense. En esas instancias, Brasil aportó documentación técnica para desestimar acusaciones sobre presuntas prácticas desleales; no obstante, Washington impuso un recargo del 25% el 22 de julio y añadió un 12,5% adicional el 24 de julio.
Cautela diplomática y reparos de la industria
La decisión de priorizar la vía de consultas antes de fijar sanciones responde a la postura prudente de la cancillería. En Itamaraty advierten que una represalia precipitada podría llevar a Washington a endurecer el bloqueo a las exportaciones brasileñas, en línea con advertencias previas del USTR. Analistas y diplomáticos coinciden en la asimetría de ambas economías: una confrontación arancelaria directa provocaría pérdidas proporcionales mucho mayores en el empleo y las fábricas brasileñas.
El sector privado también expresó reparos frente a una respuesta unilateral. La presidencia de la Asociación Brasileña de la Industria de Maquinaria y Equipo (Abimaq) defendió públicamente la continuidad de las negociaciones diplomáticas y corporativas, al advertir sobre el encarecimiento de los insumos y la pérdida de mercados de exportación.
Para amortiguar eventuales perjuicios, el gobierno federal mantiene operativas las medidas del plan Brasil Soberano, diseñado para proteger la capacidad productiva local y los ingresos de la población. El programa promueve la diversificación de socios comerciales, la apertura de nuevos destinos para la exportación y el fortalecimiento del sistema multilateral con miras a la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Proceso ante la OMC y antecedentes de la disputa
La acción interna avanza en paralelo al litigio que Brasil mantiene abierto ante la OMC. Esta semana, el gobierno estadounidense respondió formalmente a la solicitud de consultas de los diplomáticos brasileños y comunicó su disposición a calendarizar reuniones con la delegación de Brasil en Ginebra.
En la controversia planteada ante el organismo internacional, Brasil objeta dos medidas puntuales de la Casa Blanca:
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Arancel del 25% (Sección 301): Justificado por Washington como sanción ante supuestas prácticas comerciales desleales de empresas locales.
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Arancel del 12,5%: aplicado bajo el argumento de deficiencias en el control al ingreso de productos vinculados al trabajo forzoso, disposición que afecta a decenas de países.
La representación brasileña sostiene que estas medidas unilaterales violan los acuerdos que rigen el comercio internacional.
El conflicto actual responde a una serie de sobretasas aplicadas por Washington desde el primer semestre de 2025. En abril de aquel año, Estados Unidos impuso un gravamen adicional del 10% amparado en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). En junio, el tributo al acero y al aluminio subió al 50% con base en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962. Hacia julio, nuevos incrementos elevaron al 50% las alícuotas para una amplia gama de productos, salvo excepciones.
Tras negociaciones directas entre Lula y Trump en noviembre de 2025, la Casa Blanca eliminó el arancel del 40% que pesaba sobre carnes, café y frutas. En febrero de 2026, la Corte Suprema estadounidense invalidó el uso de la ley IEEPA para la aplicación de aranceles generales, con lo cual quedaron sin efecto la tasa del 10% y el recargo del 40%, aunque se mantuvieron vigentes los tributos al acero y al aluminio. Ese mismo día, Trump invocó la Ley de Comercio de 1974 para fijar un arancel global provisorio del 10% por 150 días, plazo que expiró el 24 de julio junto con la entrada en vigor de la tasa del 12,5%.
Con la notificación diplomática entregada, la administración de Estados Unidos dispone de plazos formales para responder y fijar el calendario de consultas bajo la Ley de Reciprocidad Económica.
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