El error de etiquetar naciones enteras

*Por Amilton Farias

Buenos Aires, Argentina. Hay una imagen que la izquierda latinoamericana debería mirar con honestidad. Todos los miércoles, jubilados y jubiladas argentinas —la mayoría con más de 70 años— se congregan frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires para exigir el ajuste de sus pensiones y el acceso a medicamentos. Algunos llevan bastón. Otros arrastran sillas plegables para soportar las horas de protesta. Y todos los miércoles, las fuerzas de seguridad del gobierno de Javier Milei los reciben con gases lacrimógenos, cachiporras y balas de goma.

En marzo de 2025, la Federación Internacional de Derechos Humanos documentó el “uso desproporcionado de la fuerza policial”. En febrero de 2026, un sacerdote español fue detenido durante la movilización. Hinchadas de fútbol de clubes históricamente rivales —Boca, River, San Lorenzo, Huracán— dejaron de lado sus diferencias para formar un cordón humano entre la policía y los ancianos. Amnistía Internacional y Human Rights Watch registraron el patrón: personas mayores heridas, hospitalizadas, presas por reclamar lo mínimo.

Frente a esta escena que se repite semana tras semana, una pregunta incómoda debería atravesar a todo el campo progresista del continente: ¿dónde está la solidaridad concreta con quienes resisten? O, peor aún: ¿hemos reemplazado la solidaridad por el gesto cómodo de sentenciar países enteros desde una supuesta superioridad moral?

Es un hábito intelectual que se ha vuelto moneda corriente. Se declara que Argentina es un país fascista, que Chile es fascista, que Perú es fascista, que Paraguai, que Colombia es fascista, que Bolivia es fascista, y con esa sentencia se da el expediente por cerrado. Se etiqueta la nación y se borra de un trazo a quienes la habitan y la resisten.

El problema de fondo es que un país no se reduce a su gobierno. El fascismo está enquistado en las instituciones, en las élites económicas y en parte de su base social, pero jamás representa la totalidad de un pueblo. Mientras existan trabajadores organizados en las calles, jubilados dispuestos a recibir golpes por sus derechos, estudiantes movilizados contra el ajuste y comunidades indígenas sosteniendo la defensa de sus territorios, la etiqueta genérica es una falsedad política.

Generalizar no es solo un error analítico

Hay una máxima del pensamiento liberal más reaccionario que sostiene que “todo pueblo tiene el gobierno que merece”. Esta frase opera como una coartada perfecta para quien no quiere comprometerse. Si un pueblo merece lo que padece, entonces no hay injusticia que reparar: hay un destino cumplido.

Lo que esta lógica higienista omite —deliberadamente— es todo lo que América Latina conoce en carne propia. Omite el lawfare que derriba presidentes populares cuando las urnas dieron un resultado incómodo al imperio. Omite los golpes de Estado disfrazados de crisis institucional. Omite la injerencia directa de potencias extranjeras que deciden qué líderes son tolerables y cuáles deben ser derrocados. Omite el financiamiento de redes de desinformación, la manipulación electoral masiva, la presión económica asfixiante contra los países que osan trazar caminos propios.

A este entramado se suma hoy el rol protagónico de liderazgos religiosos de ultraderecha, que ocupan púlpitos, frecuencias de radio y pantallas de televisión para santificar proyectos autoritarios y predicar la obediencia como virtud divina, siempre al servicio de intereses económicos muy concretos.

Culpar a los pueblos trabajadores por la ascensión de tiranos y títeres del capital no es una simple injusticia: es la maniobra mediante la cual los verdaderos responsables del saqueo continental desvían la atención y se absuelven a sí mismos.

La herida colonial detrás del juicio

Hay otra capa en este mecanismo que merece ser examinada. Detrás del juicio fácil a nuestros vecinos se esconde una de las heridas más profundas de nuestra región: el racismo estructural, esa herencia colonial que nos enseñó a mirarnos con sospecha de una frontera a la otra. El colonialismo inoculó en nuestras sociedades la idea de que el “otro” latinoamericano es inherentemente atrasado, violento o reaccionario. Nos formó para juzgar las crisis ajenas desde una supuesta superioridad moral que no resiste el menor examen histórico.

Los problemas de racismo, machismo y xenofobia que existen en Argentina, en Brasil o en Perú no son anomalías locales ni pruebas de la inferioridad de un pueblo. Son cicatrices compartidas de un mismo pasado colonial que ninguna nación del continente ha logrado superar por completo. Usar esas heridas para condenar a un país entero como “irrecuperable” es ignorar que compartimos las mismas estructuras de opresión y que, en el fondo, el juicio al vecino es un espejo que preferimos no mirar.

El ídolo que calla y el pueblo que resiste

Hay una contradicción que merece ser señalada con claridad. El mismo gesto apresurado que reduce países enteros a una etiqueta suele emplear a Lionel Messi como síntesis de la Argentina. Messi —que obsequió camisetas a Donald Trump, guarda un silencio sepulcral ante el desmantelamiento del Estado de bienestar argentino y amasó su fortuna bajo el sol de Miami— aparece como la representación única de una nación. Cuando se quiere condenar a Argentina, se menciona su nombre y se cree haberlo dicho todo.

Pero el rostro real de la resistencia argentina no tiene patrocinadores internacionales ni propiedades en la Florida. Usa ropa gastada y zapatos remendados. El verdadero ídolo argentino es el jubilado de 75 años que recibe gas lacrimógeno en el rostro todos los miércoles para defender el derecho a una pensión digna. Es la mujer mayor que la policía derriba sobre el asfalto y que encuentra fuerzas para levantarse una y otra vez.

No se mide a una nación por la fama de quien calla. Se mide por la dignidad de quienes, sin reflectores ni aplausos, sostienen la lucha todos los días.

El pueblo trabajador argentino, además, ha conseguido algo que la militancia de otros países debería estudiar con atención: no permitió que los símbolos patrios —la camiseta de su selección, su bandera— fuesen secuestrados por la ultraderecha, al contrario de lo que ocurrió en Brasil con la camiseta amarilla de la CBF. Ver a la clase trabajadora argentina ocupar las calles con sus colores patrios, celebrar y protestar sin entregar su identidad a los fascistas, es una lección de soberanía popular que debería interpelar a toda la izquierda continental.

El mismo vicio dentro de Brasil

Esta manía de etiquetar lo que no se comprende también opera dentro de las fronteras brasileñas. Llamar “Paranazi” al estado de Paraná o “Catarinazi” a Santa Catarina no es una crítica política: es un acto de pereza intelectual que ignora deliberadamente la resistencia organizada que existe en esos territorios.

Hay sindicatos activos, movimientos sociales, colectivos indígenas, tomas estudiantiles y docentes que arriesgan sus empleos para visibilizar y denunciar el racismo en ciudades del interior de Paraná y de Santa Catarina. Ellos existen, luchan y resisten. Pero terminan invisibilizados por la propia izquierda de otras regiones cuando clasificamos a estados enteros como ‘territorio enemigo’ en lugar de disputarlos políticamente.

No se derrota al autoritarismo con aislamiento geográfico ni con soberbia moral. Se derrota reconociendo las resistencias locales, fortaleciéndolas, extendiendo la mano a quienes están en la primera línea. Ya sea en las calles de Buenos Aires, en las universidades de Santiago, en las comunidades indígenas de Cajamarca o en las trincheras del sur de Brasil.

La solidaridad con quienes luchan es, en sí misma, el acto más profundo de resistencia contra la extrema derecha y el fascismo. Es tiempo de solidaridad de clase. No de etiquetas.