Asunción, Paraguay — En un intervalo menor a 48 horas, la crisis política en Paraguay llevó a la renuncia del expresidente Santiago Peña, a su posterior destitución mediante un juicio político en el Congreso Nacional y a su puesta bajo arresto domiciliario.
La abrupta caída del jefe del Ejecutivo y la detención del expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Dagoberto Carvallo, se desataron tras la intervención y liquidación del Banco Ueno, una de las principales entidades financieras digitales del país.
El impacto popular de la crisis política en Paraguay
La debacle financiera tomó proporciones sociales inmediatas al congelar los recursos de unos tres millones de clientes. El bloqueo afectó a casi la mitad de la población paraguaya, estimada en 6,5 millones de habitantes, dejando a trabajadores y familias sin acceso a su dinero para los gastos diarios.
Cansados de décadas de hegemonía de la extrema derecha y de sucesivos gobiernos salpicados por acusaciones de corrupción, trabajadores y movimientos sociales convirtieron la indignación colectiva en una ofensiva de masas.
Las calles de la capital y de diversas regiones del país fueron tomadas por una ola de protestas que paralizó el territorio nacional contra el despojo de las economías populares.
Con la ocupación del recinto del Congreso y la fuerza de la presión popular, la clase trabajadora paraguaya impuso su voluntad política, derribando el sustento del gobierno y forzando el colapso del mandato de Santiago Peña.
El origen financiero de la crisis política en Paraguay
La intervención en el banco digital ocurrió tras la identificación de graves problemas de solvencia. La institución había otorgado cuantiosos volúmenes de préstamos a empresas vinculadas a su propio grupo económico, operando con un índice de solvencia que se situaba en menos de la mitad del mínimo exigido por la legislación vigente.
Además de los depósitos individuales de la población, el Banco Ueno administraba cerca de 850 millones de dólares en recursos públicos, incluidos fondos clave del Instituto de Previsión Social.
Peña, economista que asumió la Presidencia en 2023, figuró como accionista hasta marzo de 2025 del Grupo Vázquez, propietario de la firma financiera.
Ante este escenario, la oposición acusó al expresidente de conflicto de intereses, manipulación regulatoria, desvío de fondos previsionales y encubrimiento institucional por parte del Banco Central.
El impacto inicial derivó en la renuncia de Carlos Carvallo al frente del Banco Central a pedido del propio Peña, en la misma jornada en que la autoridad monetaria dispuso la liquidación del banco.
El contexto histórico del Partido Colorado en la crisis política en Paraguay
El escándalo golpea directamente el corazón de la estructura de poder tradicional en el país. Santiago Peña es integrante del Partido Colorado, agrupación de extrema derecha que domina la política paraguaya desde hace décadas y que acumula un historial de denuncias y procesos por corrupción a lo largo de sucesivas administraciones.
La trayectoria de Peña también se caracteriza por su alineamiento internacional con referentes de la extrema derecha global. Durante su gestión, el exmandatario construyó alianzas estratégicas con figuras como Donald Trump en Estados Unidos, Nayib Bukele en El Salvador, Javier Milei en Argentina y el gobierno de Israel.
Sin embargo, esta red de apoyo político e ideológico no resultó suficiente para contener el desgaste provocado por el colapso financiero y la presión de las calles, factores que pusieron en jaque las dinámicas de poder del hegemonismo colorado.
La votación parlamentaria durante la crisis política en Paraguay
La tensión escaló cuando la Cámara de Diputados aprobó la acusación contra el presidente por 78 votos a favor y ninguno en contra. Ante el avance del proceso legislativo y las protestas, Peña anunció públicamente su renuncia antes de la votación en la Cámara Baja, argumentando la búsqueda de la estabilidad institucional.
“Tomé la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas.”
La estrategia de la dimisión voluntaria chocó con la resistencia de los legisladores de oposición y la presión de las manifestaciones. Los congresistas consideraron que aceptar la renuncia permitiría a Peña conservar privilegios de fuero, por lo que decidieron llevar el proceso de destitución hasta el final en el Senado.
En la misma jornada, la Cámara de Diputados rechazó una propuesta de juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana, con 48 votos en contra y 30 a favor.
El debate en el Senado comenzó en la noche del jueves y se suspendió hasta la mañana del viernes. Al reanudarse la sesión, la defensa de Peña solicitó ampliar el plazo de respuesta de 12 a 72 horas, pero la petición fue rechazada por 39 votos.
El mandatario no acudió en persona a defenderse al recinto parlamentario y fue representado por los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda. Tras las intervenciones de las partes, el juicio político concluyó con la aprobación de la destitución de Peña por 44 votos a favor y una abstención, finalizando formalmente su mandato.
Las consecuencias judiciales de la crisis política en Paraguay
Consumada la destitución, el Ministerio Público ordenó la detención preventiva de Santiago Peña y de Carlos Carvallo. Agentes de la Policía Nacional arrestaron al expresidente en su residencia de Asunción, donde permanece bajo arresto domiciliario y custodia policial, a la espera de que la Justicia determine el lugar de cumplimiento de la medida.
Carvallo fue trasladado a una unidad bajo responsabilidad del Comando de la Policía Nacional. La Fiscalía señaló que la custodia busca garantizar la presentación de los investigados ante las autoridades competentes dentro de los plazos legales.
Aunque Peña niega cualquier irregularidad en las operaciones bancarias o en la gestión pública, fue citado a declarar ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. El fiscal Christian Benítez detalló los pasos del procedimiento judicial.
“Vamos a analizar las pruebas para después formular las acusaciones y, finalmente, el juez penal de garantías será quien determine dónde permanecerá esta persona durante todo el proceso.”
Las conductas investigadas por la Fiscalía incluyen presuntos delitos de abuso de confianza y tráfico de influencias.
La transición institucional tras la crisis política en Paraguay
Poco después de finalizar la sesión legislativa, el vicepresidente Pedro Alliana juró como nuevo presidente de la República para completar el periodo constitucional vigente hasta 2028. En su primer mensaje al país, Alliana dirigió sus palabras a los afectados por el cierre del banco.
“Los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a causa del colapso financiero serán plenamente compensados. No los dejaremos solos.”
El nuevo jefe del Ejecutivo afirmó que la prioridad inmediata de su administración será el resarcimiento y la atención a los pequeños ahorristas y a los sectores trabajadores en situación de vulnerabilidad.
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