Canberra, Territorio de la Capital Australiana – El gobierno de Australia presentó un proyecto de ley para obligar a las plataformas digitales a incluir un botón directo que desactive las recomendaciones algorítmicas en las cuentas de los usuarios.
La propuesta, bautizada como “My Feed, My Way” (Mi muro, a mi manera), exige que empresas como Meta, ByteDance y Google transparenten cómo distribuyen los contenidos y garanticen una alternativa de navegación limpia.
Con esta norma, cada persona podrá elegir entre el muro habitual —que rastrea hábitos de navegación para retener la atención— o una versión cronológica que solo muestre publicaciones de las cuentas que decidió seguir.
El primer ministro, Anthony Albanese, defendió regular el modelo de negocio de las gigantes tecnológicas al hablar con la prensa:
“Esta es una reforma sensata, pragmática y práctica.”
Albanese afirmó que la medida busca devolver el control a los ciudadanos y exigir que las multinacionales rindan cuentas por el diseño compulsivo de sus plataformas, el cual amplifica contenidos dañinos para elevar el tiempo de uso.
El proyecto también otorga más poder a eSafety, la agencia estatal de seguridad digital. El organismo podrá exigir la retirada rápida de publicaciones ilícitas, principalmente casos de abuso y difusión de desnudez sin consentimiento.
Esta facultad abrió un frente de conflicto con organizaciones civiles y activistas de derechos digitales, quienes advirtieron que el control estatal sobre las publicaciones sienta un precedente de censura previa y vigilancia indebida.
Frente a estos cuestionamientos sobre posibles restricciones a la libre circulación de ideas, el mandatario rechazó los señalamientos de interferencia gubernamental:
“No se trata de dar control al gobierno. Es sobre dar control a las personas.”
La iniciativa profundiza la disputa del Estado australiano con el sector tecnológico. A finales de 2025, el país prohibió las cuentas a menores de 16 años en redes como TikTok, Instagram o YouTube bajo amenaza de multas millonarias.
La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, sostuvo que el texto prioriza la seguridad ciudadana por encima del beneficio económico de las corporaciones:
“El proyecto garantizará que los proveedores de servicios en línea, incluidas algunas de las empresas más poderosas del mundo, asuman la responsabilidad y hagan más para mantener a los australianos a salvo de daños en sus plataformas.”
El documento obligará a las compañías a demostrar con informes públicos y continuos que sus medidas de protección realmente disminuyen los riesgos para la audiencia.
El gobierno someterá la iniciativa a consulta con académicos, entidades civiles y empresas del sector antes de enviar el texto final a votación parlamentaria este mismo año.
La medida toma como referencia la Ley de Servicios Digitales europea, vigente desde 2024. No obstante, ese antecedente demostró que las plataformas sortearon la norma mediante diseños confusos para ocultar la opción que desactiva el rastreo.
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